Cuando un Ayuntamiento aconseja cambiar de vivienda al vecino que denuncia

Carta abierta al alcalde de San Bartolomé

Señor alcalde:

Hace aproximadamente un año comenzaron las molestias.

No se trataba de un episodio aislado ni de una simple discusión entre vecinos. Durante meses tuve que soportar, prácticamente a diario, música y televisión a un volumen que hacía imposible descansar con normalidad en mi propia vivienda, incluso durante el horario nocturno protegido por la normativa municipal.

Mi primera reacción no fue acudir al Ayuntamiento ni llamar a la Policía Local.

Antes de iniciar cualquier trámite intenté resolver el problema directamente con el vecino. Le pedí, de forma educada, que redujera el volumen, especialmente por la noche. No obtuve respuesta.

Solo cuando comprobé que el diálogo había fracasado recurrí, uno tras otro, a todos los mecanismos que la propia Administración pone a disposición de cualquier ciudadano.

Presenté varias quejas ante el Ayuntamiento.

Registré distintos escritos en el Registro General.

Llamé en numerosas ocasiones a la Policía Local.

En una de esas intervenciones los agentes accedieron a mi vivienda y comprobaron que la denuncia no era infundada. Constataron la existencia de las molestias, pero la persona que incumplía la normativa no se encontraba en su domicilio, por lo que no podían actuar sobre ella en ese momento. Los agentes abandonaron el lugar y, cuando pregunté si podían hacer alguna otra actuación, me respondieron que no podían hacer nada hasta que esa persona regresara. Aquella noche tuve que seguir soportando durante horas la música a un volumen elevado.

Fueron esos mismos agentes quienes me recomendaron presentar una denuncia formal en dependencias policiales.

Así lo hice.

Las molestias continuaron durante los meses siguientes.

Cuando acudí de nuevo a la Policía Local para presentar otra denuncia, se me informó de que ya existía un expediente abierto y de que las nuevas actuaciones serían incorporadas al mismo y remitidas al Ayuntamiento.

Mientras tanto, el problema seguía exactamente igual.

En intervenciones posteriores la Policía Local consiguió finalmente identificar al vecino, algo que hasta entonces no había sido posible.

En una de esas actuaciones, y delante de los propios agentes, fui injuriado y calumniado por el vecino. Decidí guardar silencio para evitar un enfrentamiento y confié en que aquellos hechos quedarían reflejados en las diligencias policiales.

Sin embargo, el Ayuntamiento nunca se dirigió a mí.

No recibí ninguna comunicación sobre las denuncias presentadas.

No recibí información sobre el estado del expediente.

No recibí noticia alguna acerca de las actuaciones que, en su caso, se hubieran realizado.

Ante ese silencio presenté un nuevo escrito solicitando simplemente información sobre el estado del expediente.

Tampoco obtuve respuesta.

Finalmente me he visto obligado a solicitar copia íntegra del expediente administrativo, incluidas las diligencias policiales, informes, actas y demás documentación incorporada, porque, después de aproximadamente un año, sigo sin saber qué actuaciones ha realizado realmente el Ayuntamiento con todas las incidencias remitidas por la Policía Local, si es que se ha realizado alguna.

Y fue precisamente durante la última intervención policial cuando recibí una respuesta que todavía hoy me cuesta comprender.

Uno de los agentes me trasladó que, en su opinión, una medición acústica probablemente no prosperaría, dando a entender que esa vía difícilmente resolvería el problema. A continuación añadió que, en la práctica, las alternativas que me quedaban eran acudir a la vía judicial o cambiarme de vivienda.

Fue entonces cuando comprendí que el problema ya no era únicamente el comportamiento de un vecino.

El verdadero problema era la sensación de indefensión que experimenta un ciudadano cuando, después de utilizar correctamente durante un año todos los cauces administrativos que su Ayuntamiento pone a su disposición, la única solución práctica que parece ofrecérsele recae sobre quien denuncia y no sobre quien genera las molestias.

Porque cuando la Administración transmite al ciudadano que quien debe cambiar su vida es quien denuncia y no quien incumple las normas, deja de estar resolviendo un conflicto de convivencia para convertirse ella misma en parte del problema.

Por ese motivo quisiera formularle algunas preguntas.

¿Considera usted, como alcalde de San Bartolomé, que esa es la respuesta que su Ayuntamiento debe ofrecer a un vecino que ha utilizado correctamente todos los procedimientos administrativos a su alcance?

¿Puede explicar por qué, después de aproximadamente un año, el Ayuntamiento de San Bartolomé no ha respondido a ninguno de los escritos y solicitudes presentados, ni siquiera para informar del estado de la tramitación o indicar si el procedimiento seguido no era el adecuado?

¿Qué mensaje cree que recibe cualquier vecino cuando, tras denunciar reiteradamente unas molestias, la única solución práctica que termina escuchando es que valore acudir a los tribunales o cambiar de domicilio?

¿No cree que esa situación transmite la impresión de que quien incumple las normas no asume consecuencia alguna mientras quien las respeta acaba siendo quien debe modificar su propia vida?

Porque la cuestión ya no afecta únicamente a mi caso.

Afecta a la confianza que cualquier vecino deposita en el Ayuntamiento cuando acude a él buscando amparo frente a un problema de convivencia.

Si la respuesta que termina percibiendo es que debe resignarse, acudir a los tribunales o plantearse abandonar su vivienda, la cuestión deja de ser qué ocurrió conmigo.

La verdadera cuestión es qué confianza puede tener cualquier ciudadano en que utilizar los cauces administrativos que pone a su disposición su Ayuntamiento sirva realmente para resolver un problema de convivencia.

Atentamente,

Un vecino de San Bartolomé.