¿De qué lado estamos?
Por Sigfrid Soria, ex diputado autonómico
Es el Estado de Derecho lo que ha hecho que España haya avanzado en esta etapa democrática como no lo había hecho antes jamás. La Constitución española y todo el marco jurídico que de ella se deriva nos ha proporcionado el reconocimiento internacional que con la dictadura era imposible tener. Estamos y somos Europa, entre otras razones, porque tenemos un sistema jurídico y judicial que nos hace disfrutar a todos de unas libertades y garantías similares a las del resto de ciudadanos europeos.
Esta característica española y europea cobra especial relevancia en Canarias, habida cuenta de la escasa distancia que nos separa geográficamente de una realidad absolutamente diferente en negativo. Es, por tanto, la seguridad jurídica un elemento diferenciador positivo de este maravilloso archipiélago español y europeo llamado Canarias. Por eso hablamos de “plataforma logística intercontinental”. Por eso somos sede del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Por eso ofrecemos una sanidad de primer orden al continente africano y, por supuesto, a los trece millones de turistas al año que nos visitan. Por eso, en definitiva, los parámetros de calidad de vida en Canarias son parecidos a los de cualquier zona de Europa.
Las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias están rodeadas de aguas españolas, como el resto de Comunidades Autónomas de España costeras. Las prospecciones petrolíferas van a realizarse, por tanto, en aguas españolas. Concretamente a 60 km de la costa española más cercana. La autorización para las catas corresponde en exclusiva al Estado español. El trámite de dicha autorización fue sometido a exposición pública y, finalmente, está avalado por la Justicia española y por la Comisión Europea. Es la Marina Mercante de España quien determina cómo, por dónde y cuándo navegar en aguas españolas. En ese sentido,el barco de las prospecciones tiene una zona de exclusión marítima. Además, el abordaje o un intento del mismo es un delito.
Pues bien, el delito se cometió. La zona de exclusión fue violada y quien la violó intentó un abordaje. La Armada española impidió este segundo delito. Durante la operación, una tripulante de la embarcación pirata cayó al agua y se hirió con su propia embarcación. Un efectivo de la Armada la rescató. Fue subida a bordo de la neumática de la Armada e inmediatamente atendida en el buque del ejército español. Una vez estabilizada, fue trasladada en un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército de Aire español a Gran Canaria. El ejército español cumplió su deber de impedir delitos y, además, salvó la vida de una activista de una Organización que no tenía que haber producido estos incidentes. En definitiva, actuación impecable del Ejército de España.
Si reconocemos valor añadido en el Estado de Derecho, en la Democracia y en el Sistema de Libertades y de Garantías que tenemos como españoles y europeos, tenemos que reconocerlo siempre. No podemos usar a nuestro antojo el Estado de Derecho o, incluso, negar su valor porque nos convenga. Pues bien, esto último esexactamente lo que ha hecho el presidente del gobierno de Canarias, ha negado radicalmente el Estado de Derecho.
El Sr. Don Paulino Rivero ha acusado al Gobierno de España y a la Armada española de ser culpables de lo ocurrido. Dicho de otra manera, el Sr. Rivero ha subvertido la realidad. El presidente del gobierno de Canarias no puede pretender ser democrático dando la espalda a la legalidad y al ordenamiento jurídico vigente. Si somos españoles y europeos y vivimos en Canarias debemos preguntarnos permanentemente, ¿de qué lado estamos?
