Días contados para el vino de Lanzarote
Por Francisco J. Chavanel
1.- La Fundación César Manrique y Stratvs
El 20 de diciembre de 2013 la juez que actualmente instruye los pedazos rotos del “caso Unión”, Silvia Muñoz, decidió cerrar la bodega Stratvs, propiedad de la empresa BTL, siendo uno de sus dueños el empresario turístico Juan Francisco Rosa. Muñoz toma la determinación avalada por una petición en la misma línea del fiscal Ignacio Stampa, relevado por sus superiores del “caso Unión” en 2009, al haberse sobrepasado en las incomunicaciones de siete detenidos, los cuales estuvieron en los calabozos más de 72 horas.
El cierre de la bodega significó el precinto de todas las instalaciones, bloqueando cualquier acceso al vino que allí se encontraba.
Los acusaciones que inician el procedimiento son dos: a) la de los hermanos Negrín, que reclaman la titularidad de una de las parcelas sobre las que se asienta la bodega; b) la compuesta por un grupo afín a la Fundación César Manrique (“Transparencia Urbanística”), cuya abogada es Irma Ferrer, letrada que patrocina al político socialista, Carlos Espino, el hombre de la mecha del “caso Unión”, figurando en él conocidos “luchadores” contra el medio ambiente como Ezequiel Navío, Mario Alberto Perdomo, y Francisco Javier Díaz Reixa, entre otros. La documentación que presentan asombra: amplia, extensa, adecuada…, como si la hubieran sacado del Ayuntamiento de Yaiza o del propio Gobierno de Canarias, que es el lugar donde acude Rosa a legalizar la bodega.
Una curiosidad: ambas denuncias se presentan al alimón en el año 2009. Los “transparentes” acuden al único lugar donde no se efectúa reparto judicial: a la policía nacional, que a continuación las entregan al juzgado de guardia. ¿Quién era el juez de guardia? Lo han adivinado: el mismo que encontró en un pajar Carlos Espino para practicar el arte de la grabación con la Gnome que le prestó un miembro de la UCO. Ante ustedes: César Romero Pamparacuatro. Sin embargo, el caso no se mueve durante tres años. Por razones que se desconocen –igual estaban demasiado atareados limpiando la basura de la isla-, las denuncias descansaron en un cajón hasta que intervino el secretario, José Ramón Vera Machín, también conocido por firmar varios autos de “Unión” con Pamparacuatro vacacionando, supuestamente sin su permiso.
2.- El despacho de Manuel Fajardo; a Rosa se la tenían jurada
A estas alturas del presente reportaje deben interpretarse las siguientes consideraciones: a) el vino de Lanzarote, sobre todo el malvasía, supone una riqueza intangible para la isla; las bodegas son visitadas por 500.000 personas al año, generando un negocio gratificante en cuanto a imagen, gastronomía, puestos de trabajo, mejora del paisaje, cuidado del medio ambiente, además de sus estrechas vinculaciones con un turismo masivo que agradece una oferta tan inusual. B) las principales bodegas se localizan en La Geria, un sitio único donde la naturaleza muestra su exuberancia y su belleza; parece increíble que la fortaleza mental del hombre haya encontrado la manera de producir un vino exquisito: entre los cinco blancos mejores de España. C) todas las bodegas de La Geria (Los Bermejos, El Grifo, Barreto, Martinón, Vega del Yuco, Las Quemadas, Antonio Suárez, Rubicón, La Geria)…, todas, sin excepción, trabajan con pozos negros; es decir con zanjas de 10 o 15 metros de profundidad donde van a parar todos los residuos. D) Stratvs es la única bodega que trabaja en la escala superior, el máximo permitido por la ley (la zona está protegida, como es lógico, y no prevé la presencia en ella de depuradoras). Cuenta con doce fosas sépticas –sistema de depuración artesanal que a través de diferentes capas va decantando las impurezas, de modo que impide que éstas lleguen al suelo-. Y e) La pregunta del millón del agricultor lanzaroteño: si Stratvs es la bodega más desarrollada y tecnificada, la que ha logrado en los últimos años los galardones más brillantes allí donde se presenta, ¿qué nos espera a nosotros? Hay una respuesta para esta última pregunta: ellos no son Juan Francisco Rosa… De momento todavía no lo son.
Me permito pensar que el lector todavía no tiene una información completa de la genética esencial que arrastran estas violentas relaciones. Allá voy: a) Juan Francisco Rosa fue detenido en el transcurso de la operación Unión el 28 de abril de 2010. Le acusaron de cohecho. En román paladino: de darle trabajo a Dimas Martín para que pudiera acogerse al tercer grado. En la madrugada del 30 de abril, tras declarar ante Pampacuatro y Stampa (éste en presencia de su superior Javier Ródenas, que no se fiaba de él ni un pelo), sale en libertad a eso de las dos aproximadamente. Pamparacuatro le propuso un trato: convertirlo en testigo protegido a cambio de delatar a los demás. Rosa respondió que lo pensaría. A la noche siguiente el juez llamó por teléfono al domicilio del empresario. Rosa le dijo que no había trato… Esas cosas no se olvidan, esas cosas se tatúan en la frente hasta que llegue la bajadita.
B) Entre 2007 y 2008 Lanzarote se convulsionó con una sentencia judicial que ordenaba el derribo de unos veinte hoteles, los más competitivos de la isla, si no se arreglaban determinadas irregularidades en los permisos. El PSOE y la FCM organizaron una sonora batucada: pidieron cárcel, que se ejecutaran los derribos, que se despidieran a 5.000 trabajadores, que toda Europa se enterara de que aquel destino turístico había que borrarlo del mapa. Y c) pronto se descubrió lo que existía bajo el ruido. Una estratagema. El despacho de Manuel Fajardo, el hoy portavoz del Parlamento canario por los socialistas, se encargaba de arreglar los nuevos permisos; sólo era necesario tocar el timbre, entrar en su despacho, y cerrar el trato con el mágico individuo que maneja los hilos con los tribunales, con los ecologistas, con la Fundación…, nada subterráneo que pase en Lanzarote se escapa a sus tenazas. Su despacho es el castillo perfecto para ponerse a cubierto. Algún empresario lo hizo y su problema desapareció. Rosa se puso al frente de la manifestación de sus compañeros empresarios y se opuso a una transacción humillante. No se lo perdonaron.
3.- La Fiscalía a favor del desprecinto, y Stampa urdiendo una nueva acusación contra BTL
Ya estamos en 2014. BTL presenta el correspondiente recurso a la Audiencia Provincial (sección sexta) y ésta comunica que la vista se producirá el 10 de junio. BTL entiende que ese plazo perjudica notablemente a la bodega –el vino está a punto de perderse- y solicita un adelanto. La sala atiende a la petición y marca la fecha del 30 de abril.
El día anterior el fiscal Stampa es receptor de una desagradable noticia: el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, le comunica que no habrá acusación contra Rosa, que la Fiscalía pedirá la apertura de la bodega. ¿Qué ha sucedido? ¿De repente la Fiscalía, hasta entonces belicosa y justiciera, se alía con el sentido común?... La respuesta más lógica procede de Antonio Curbelo Robayna, empresario y amigo personal de Rosa, el cual acusa a todas las bodegas de La Geria de cometer delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la ordenación del territorio. Curbelo exige de la Justicia “igualdad en la aplicación no selectiva de la ley penal”. Ahora sí, ahora todos ya eran y son Juan Francisco Rosa. Es probable que la Fiscalía, viendo la tempestad que venía, decidiera quitar del escenario a su prolongación en Lanzarote.
El día de la vista los hermanos Negrín retiran su acusación al aclararse el contencioso de sus terrenos. La única que se mantiene es la de Fundación César Manrique. Daba la impresión de que todo iba a arreglarse.
Vuelvo a Stampa y a su día anterior a la vista. Este periodista puede demostrar que el fiscal convocó en el Decanato de Arrecife a la secretaria del Ayuntamiento de Yaiza, de nombre Nereida, y la coordinadora para asuntos judiciales del citado ayuntamiento, Delia López. El fiscal, en presencia de la juez Muñoz, y de un secretario, les comunica a ambas un Ofrecimiento de Acciones. Galantemente el fiscal les pide que se apliquen en la defensa de los contribuyentes por lo que deben denunciar en los tribunales al empresario Rosa por una hipotética reclamación de cantidad de Hacienda por los terrenos sobre los que está edificada la bodega.
Algo insólito. El Ofrecimiento de Acciones existe. Es legal. Pero, ¿qué juzgado de España llama a un ayuntamiento para presionarle para que inicie acciones contra este u otro contribuyente? Yo, al menos, no conozco caso alguno, existiendo docenas de miles de contenciosos por causas en los que los ciudadanos no cumplen con sus obligaciones. Traducción: Stampa, encolerizado al ver escapar a su presa, se la ingenia para convencer a la jueza Muñoz y así urdir una trampa para ciudadano tan poco “ejemplar”. Lo que no sabe Stampa es que Hacienda y Rosa ya habían alcanzado un acuerdo, con el conocimiento del Ayuntamiento de Yaiza.
4.- ¿Una sentencia política en clave “nuevo presidente del TSJC”?
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial está presidida por Emilio Moya Valdés, actuando como magistrados en el tribunal Salvador Alba Mesa y Carlos Vielbar Escobar. Alba fue el ponente. De los tres mencionados dos se presentan a las elecciones a presidente del TSJC para ocupar la vacante que deja José Ramón Navarro.
La Sala deja pasar veintidós días antes de dar a conocer su sentencia. Son muchos días para una medida cautelar que sólo pide mantener el precinto o su contrario. Durante esos días escuchamos de todo. Finalmente la sala determina mantener el precinto, condenando a la bodega a un cierre indefinido, al despido de la mayoría de sus trabajadores, a un daño de marca de difícil cuantificación…, al mismo tiempo que crea el terror en el resto de bodegas. No cabe recurso ante la sala. Lo único que cabe es acudir a otro tribunal superior, con lo que échenle cuatro cinco años de cierre a Stratvs, si es que quedan ganas para continuar.
La sentencia es impropia de la categoría de los firmantes. No tiene ni pies ni cabeza. Los magistrados hablan de delito ecológico y razonan y justifican sus argumentos en función de ese presunto delito, cuando la causa principal, la referente a los daños ecológicos van por la vía que instruye la jueza Muñoz, mientras que el desprecinto es la única materia a examinar. “Estamos ante un delito de riesgo, como es el delito medioambiental”, llegan a escribir. “El propio apelante no reconoce que el complejo precintado entrañe riesgo alguno, luego, ¿por qué razón iba a ofrecer otras garantías o nuevas garantías de que el riesgo existente va a desaparecer si a su juicio el complejo y su actividad son absolutamente legales?”, continúan arguyendo seres que habitan entre nosotros y que poseen una firme superioridad jurídica que nadie cuestiona. Finalmente encuentran determinante la no existencia de “una depuradora” y de “un estudio hidrogeológico”… La depuradora no está prevista en la ley; no hay ninguna depuradora en el paraje natural de La Geria. El estudio hidrogeológico ya lo hizo el Gobierno central hace cuarenta años. Existe. Es tocable. En él se dice que no existe galería alguna en el subsuelo de La Geria. Y si eso fue hace cuarenta años imaginamos que no habrá nacido por generación espontánea un manantial o una galería de agua bajo el picón.
Arriesgo mi opinión: las elecciones al TSJC pudieron ser una moneda de cambio durante las cavilaciones del tribunal. La Fiscalía jugó un papel cara a la opinión pública, intentando mejorar su destartalada imagen en Lanzarote, y por detrás mantuvo conversaciones con los jueces buscando inclinar la balanza. Al propio Stampa se le escapó el veredicto una semana antes delante de un particular. La Fiscalía es la única garante del caso Unión, dijo García-Panasco hace tres meses, cuando se supo de los 95 autos no firmados por Pamparacuatro. Estamos de acuerdo. Cuanto más nos movemos en el laberinto más claro queda. ¿Abrir la bodega hubiera supuesto debilitar la decrépita investigación de Unión?
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