El caso “Unión-Asalto” y Stratvs
Por Antonio Coll
El caso Unión, es un ejemplo más de como unos de los poderes más importantes del Estado, como es el Judicial, también se está colocando en el listón de la indignación al ponerse en entredicho. La información que con cierta regularidad se está publicando en los medios de comunicación, sobre todo el periodista-investigador grancanario, Francisco Chavanel, en el Canarias 7 y en su programa radiofónico “Espejo Canario”, está dejando a más de uno estupefacto. Sin entrar en la veracidad o no de los hechos de los supuestos imputados por los jueces y fiscales. Sin entrar en la negativa del Poder Judicial de facilitarle más recursos humanos y técnicos que, según fuentes del entorno judicial, en su día, solicitó el magistrado que inició el caso Unión. Quiero decir que, independientemente, de estas incidencias expuestas, si se está demostrando y “comprobando” que el actuar y proceder, en el inicio de la instrucción, carece, en una buena parte, de las garantías penales y derechos fundamentales de los ciudadanos, siempre, según lo que se está publicando y el informe de la nueva jueza remitido al Poder Judicial, donde se pone de manifiesto muchas “irregularidades” e “imprudencias” palpables. Los enormes ingredientes de teatralidad puestos en escena, en su inicio, es quizás, lo más criticable del caso. Las formas y maneras de las detenciones o retenciones, constituye, en opinión de algunos analistas jurídicos, una penosa actuación y la quiebra del propio sistema judicial, al no proteger, en algunos casos, los derechos individuales, como es el de la imagen y del honor. Las filtraciones a determinados medios para que sus reporteros gráficos captaran in situ la escena de la “detención”, incluso algunas, con órdenes judiciales sin firma del magistrado de turno, simplemente, superan el listón de la imprudencia y desvirtúa todo sistema de derecho y democrático. Porque al final, y como se está comprobando ahora, la mayoría de las escenas protagonizadas en las detenciones, son ahora calificadas de incomprensibles e injustificadas y más propio de acciones en el ámbito del terrorismo o de criminalidad.
Hay que tener en cuenta que las acciones citadas perturbaron a toda la sociedad y, de forma discriminatoria, se actuó contra “potenciales implicados” y contra inocentes, hoy sabido por el archivo de una quincena de supuestos imputados que, jamás supieron las causas de la detención o la de ser llamados, como imputados, para declarar. Conozco algunos casos. Yo aquí no entro en el fondo de la cuestión y de las posibles corruptelas y “prácticas irregulares”, mayoritariamente, desarrolladas en el Ayuntamiento de Arrecife y, en menor medida, en otras instituciones públicas. Desde hace muchos años, antes de “salpicar” el caso Unión, ya se sabía que, en el Consistorio capitalino, muchas de sus actividades no eran transparentes y estaba en entredicho muchas de sus actividades, sobre todo en el ámbito urbanístico y en otras áreas. Desde el año 1982 los partidos que han gobernado en todas las legislatura han sido PSOE, PIL y CC. Ha habido algunas excepciones, pero de cortos periodos, del PP y PNL.
Vuelvo a insistir que aquí solo estoy defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos. Mi crítica va dirigida hacia los poderes públicos, en este caso judiciales, por supuestas injerencias ilegítimas, en las detenciones, entradas y registros en domicilios particulares o empresas privadas. El propio Consejo del Poder Judicial tiene la obligación de investigar si ha habido, en el caso Unión, todas las garantías penales, recogida en las leyes y en la propia Constitución. Esto es lo mínimo que se puede pedir en una sociedad avanzada y democrática. Porque poner en duda el propio sistema judicial, por determinadas actuaciones de funcionarios públicos, pone en quiebra al mismo Estado de Derecho, Democrático y Social, implantado, en el Reino de España, una vez desaparecido el régimen anterior del General Franco.
Stratvs, aún sin respuesta
Al hilo de lo que hemos expuesto, también está el caso de la Bodega Stratvs, considerado su cierre cautelar judicial como discriminatorio ya que la causa de la medida tomada afecta, como es bien sabido, por toda la opinión pública de Lanzarote, a todas las bodegas y establecimientos ubicadas en el Paraje de La Geria. En opinión de analistas y expertos, en temas judiciales, a todas luces, se comete una desigualdad judicial y un atropello a la propiedad privada, que tiene connotaciones, en el ámbito laboral y en los propios viticultores de la Isla que, con su esfuerzo e inteligencia, crearon un paraje único e insólito, en el mundo. Que Bodegas Stratvs tenga que embotellar más de 180.000 litros de vino, en la isla de Tenerife, me parece totalmente un atropello a la maltrecha economía de Lanzarote. La buena noticia es que, gracias a la óptima cosecha de uva de este año, Stratvs embotellará 90.000 litros, en una bodega de la Isla de Lanzarote. Esta noticia de última hora, sirve de acicate, sirve de atenuante y alivia la “desmesurada” medida cautelar del cierre de la innovadora y singular Bodega Stratvs, obra modélica y respetuosa con el medio ambiente. A todas luces, su diseño arquitectónico sigue la línea del artista César Manrique, en sus actuaciones en los Centros Turísticos del Cabildo, con el perfil y binomio: Naturaleza-Hombre. En definitiva, es una obra de arte, realizada con talento y sensibilidad. Lamento que estas cualidades pasen inadvertidas a los que toman medidas, basándose en leyes, que en el caso que nos ocupa, se califican de dudosa legalidad. Rectificar es de sabios…
A veces pienso que lo que ocurre en mi pequeña isla, supera con creces el listón de la “desfachatez” y la irracionalidad. A veces pienso que en mi “patria chica” prevalecen políticas y decisiones colonizadoras. El “modus operandi” de los poderes públicos, en muchos ámbitos, me hace crear dudas hasta de la legitimidad tutelar del propio Estado.
