El PSOE manipula a España con sus decretos relacionados con la vivienda
Por Bruno Perera
Desde hace semanas se están produciendo concentraciones y protestas en distintas ciudades españolas, con especial repercusión en la Puerta del Sol de Madrid, para reclamar algo que cualquier ciudadano puede entender: viviendas a precios razonables y alquileres que puedan ser pagados por una familia trabajadora sin dedicar a ello una parte desproporcionada de sus ingresos. (Y el paro de los desahucios).
La reivindicación es legítima. El problema comienza cuando se pretende explicar la crisis de la vivienda recurriendo únicamente a un culpable, a una determinada ideología o a determinados decretos del Gobierno de turno.
La realidad es bastante más compleja.
Y si queremos encontrar responsables políticos, habría que mirar hacia atrás y preguntarse qué han hecho los sucesivos gobiernos nacionales, autonómicos y municipales durante aproximadamente las últimas tres décadas, porque el problema de la vivienda no nació ayer ni empezó con el actual Gobierno.
El verdadero problema: durante años se construyó demasiado poco donde hacía falta
Hay una cuestión fundamental que suele quedar en segundo plano: cuando la demanda crece mucho más deprisa que la oferta, los precios tienden a subir.
El Banco de España ha señalado precisamente que el crecimiento de la demanda de vivienda ha sido superior al crecimiento de la oferta y que esa insuficiencia de oferta sostiene el aumento de los precios. También considera necesario aumentar el parque de vivienda pública en alquiler asequible. (Banco de España)
Por tanto, resulta difícil comprender que el debate político se centre exclusivamente en limitar precios, proteger al inquilino mediante decretos o señalar al propietario, mientras se deja en segundo plano una pregunta mucho más sencilla:
¿Dónde están las viviendas?
Porque una familia no puede vivir de decretos.
Un joven no puede dormir dentro de una ley.
Y una persona que busca un piso no encuentra una vivienda porque el Gobierno anuncie nuevas medidas.
Necesita que exista una vivienda disponible.
España ha aumentado considerablemente su población
Aquí aparece otro factor que tampoco debería ocultarse en el debate.
España ha experimentado un fuerte crecimiento de la población nacida en el extranjero. A 1 de enero de 2026 había 10.004.581 personas nacidas fuera de España, según el INE. La cifra de personas con nacionalidad extranjera era de 7.243.561. La diferencia se explica, entre otras razones, por las personas nacidas en el extranjero que han adquirido posteriormente la nacionalidad española. (INE)
Esto no significa, naturalmente, que cada inmigrante haya provocado una subida determinada del precio de una vivienda. Sería una simplificación.
Pero sí significa algo elemental: millones de nuevos residentes necesitan un lugar donde vivir.
Y cuando a un incremento importante de población se añade una oferta residencial insuficiente, la presión sobre el mercado aumenta.
El propio Banco de España señala que la expansión del alquiler se ha concentrado especialmente entre jóvenes y población de origen extranjero y que el crecimiento de la demanda ha superado al de la oferta. (Banco de España)
Por eso resulta absurdo que el debate se plantee como si la demanda de viviendas fuese exactamente la misma que hace veinte o treinta años.
No lo es.
Y España tiene además un segundo fenómeno: el turismo
España es una de las grandes potencias turísticas mundiales. Eso tiene enormes ventajas económicas, pero también genera problemas cuando una parte de las viviendas deja de utilizarse como residencia habitual y pasa a destinarse al alquiler turístico, al alquiler de temporada o a otros usos.
Aquí tampoco conviene exagerar diciendo que toda la vivienda nueva se construye para turistas. No es cierto.
Pero sí existe un problema real de competencia por el uso residencial de determinadas viviendas, especialmente en las zonas turísticas y en los centros de las grandes ciudades.
El Banco de España reconoce que el crecimiento del alquiler turístico, de temporada y de habitaciones puede limitar la oferta disponible para el alquiler residencial. También señala que estas circunstancias tienen especial importancia en determinadas zonas urbanas y turísticas. (Banco de España)
Y hay otro dato especialmente significativo: en el primer semestre de 2024, las compras de viviendas realizadas por extranjeros, residentes y no residentes, rondaron las 125.000 operaciones interanuales y representaron aproximadamente el 19 % del total. En las zonas turísticas, la proporción es especialmente elevada. (Banco de España)
Eso demuestra que el fenómeno existe.
Lo que no demuestra es que los extranjeros sean los únicos responsables del encarecimiento. La realidad es más amplia: demografía, turismo, inversión, empleo, salarios, tipos de interés, suelo disponible, costes de construcción, regulación y, sobre todo, insuficiencia de oferta.
El gran olvidado: la vivienda social
España arrastra desde hace décadas un parque de vivienda social en alquiler muy reducido en comparación con otros países europeos.
Y aquí sí hay una responsabilidad política que no pertenece exclusivamente a un partido.
Han gobernado España el PSOE y el PP, además de otros partidos, y las competencias en materia de vivienda están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Por eso sería demasiado fácil señalar únicamente al Gobierno actual.
La pregunta correcta debería ser:
¿Qué han hecho todos ellos durante los últimos treinta años para construir un parque público de vivienda suficientemente grande?
La respuesta parece evidente cuando observamos el problema actual.
Se ha llegado tarde.
Y ahora se pretende solucionar en pocos años una carencia que se ha acumulado durante décadas.
No se puede solucionar una escasez creando otra regulación
El Gobierno puede aprobar decretos.
Puede establecer límites.
Puede modificar contratos.
Puede imponer obligaciones a propietarios.
Puede crear incentivos.
Puede cambiar la legislación.
Todo eso puede tener utilidad si está bien diseñado.
Pero existe una regla económica que ningún decreto puede derogar:
si hay mucha demanda y poca oferta, el precio recibe una presión al alza.
El Banco de España llega a una conclusión muy parecida: la rigidez de la oferta constituye uno de los principales problemas y resulta necesario aumentar la vivienda pública en alquiler asequible, al mismo tiempo que se crean condiciones que favorezcan una mayor oferta residencial privada. (Banco de España)
Por eso la política de vivienda debería dejar de ser una sucesión de parches.
Hay que construir millones de viviendas, pero construirlas donde sean necesarias
La solución de fondo pasa por aumentar de manera extraordinaria la oferta.
España necesita muchas más viviendas, especialmente en las zonas donde existe empleo, donde aumenta la población y donde la presión turística es mayor.
Y no hablamos únicamente de viviendas sociales.
Hace falta vivienda pública, vivienda protegida, vivienda de alquiler asequible y también vivienda privada.
Porque si únicamente se construye vivienda pública, pero el mercado privado continúa teniendo una oferta insuficiente, el problema seguirá existiendo.
La construcción tendría además un efecto económico importante: generaría empleo, actividad industrial, demanda de materiales y nuevas oportunidades para jóvenes y familias.
Pero hay que hacerlo con planificación.
No sirve construir miles de viviendas donde nadie quiere vivir mientras faltan viviendas donde se concentra el empleo y la población.
El propietario y el inquilino deben estar protegidos
Hay otra cuestión que debería formar parte de cualquier nueva legislación.
El inquilino necesita protección.
Pero el propietario también.
Un sistema en el que el propietario tenga miedo de alquilar su vivienda porque teme impagos, ocupaciones o procedimientos excesivamente largos termina reduciendo la oferta de alquiler.
Y si disminuye la oferta, el precio vuelve a subir.
Por eso España necesita una legislación equilibrada que proporcione seguridad jurídica a las dos partes.
El buen inquilino no debe ser víctima del propietario abusivo.
Pero el propietario que cumple la ley tampoco debe convertirse en víctima del inquilino que incumple el contrato.
La solución no consiste en enfrentar a unos contra otros.
Consiste en crear seguridad, vivienda y reglas claras.
La política no debería convertir la vivienda en un arma electoral
Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión.
En vísperas electorales, la vivienda es un extraordinario instrumento político.
Un Gobierno puede anunciar nuevas medidas, presentarlas como una gran solución social y transmitir la impresión de que está actuando contra los precios.
Pero los ciudadanos deberían preguntarse algo mucho más sencillo:
¿Cuántas viviendas nuevas van a ponerse realmente en el mercado?
Porque una ley puede cambiar las condiciones de un contrato.
Lo que no puede hacer por sí sola es construir una vivienda.
Y si no aumenta suficientemente el número de viviendas disponibles, la tensión continuará.
Por eso las protestas por el precio de la vivienda deberían servir para exigir mucho más que consignas partidistas.
Deberían exigir responsabilidades a todos los gobiernos que durante décadas no hayan conseguido crear una oferta residencial suficiente.
Y deberían exigir al Gobierno actual algo más que decretos: un verdadero plan nacional de vivienda a largo plazo.
Menos propaganda y más ladrillos
España no necesita una guerra entre propietarios e inquilinos.
No necesita enfrentar a españoles contra extranjeros.
Tampoco necesita convertir el turismo en el único culpable.
Necesita más viviendas.
Necesita suelo urbanizable donde sea necesario.
Necesita agilizar licencias.
Necesita reducir burocracia.
Necesita construir vivienda pública y protegida.
Necesita favorecer el alquiler residencial frente a usos que expulsan vivienda del mercado habitual cuando la situación lo justifique.
Necesita garantizar seguridad jurídica.
Y necesita que las administraciones dejen de pasarse la pelota unas a otras.
La vivienda es un problema de oferta y demanda, pero también de política pública.
Durante décadas, España ha permitido que la oferta residencial no creciera al mismo ritmo que las necesidades de una población que ha aumentado considerablemente y que se concentra cada vez más en determinadas ciudades y zonas turísticas.
Ahora estamos pagando las consecuencias.
Por eso, cuando volvamos a escuchar que el problema de la vivienda se soluciona simplemente con otro decreto, convendría recordar una cosa:
los decretos pueden cambiar las reglas del mercado, pero no construyen casas.
Y España necesita casas.
Muchas casas.
Y necesita construirlas pronto.
Porque mientras la política discute quién tiene la culpa, hay millones de ciudadanos —jóvenes, familias, trabajadores y pensionistas— que siguen buscando una vivienda que puedan pagar.
Ese debería ser el verdadero centro del debate, y no una huelga general que, a estas alturas, nadie sabe muy bien si se pretende protestar contra el actual Gobierno o contra la oposición. Lo que sí parece claro es que el PSOE intenta, manipulando, que la huelga se presente como una protesta contra la oposición por haber tumbado los dos últimos decretos del Gobierno socialista.
Sin embargo, aquellos decretos no eran más que un borrón y cuenta nueva basado en nuevas obligaciones que, lejos de solucionar el problema de la vivienda, podían complicar todavía más la gestión del parque de vivienda pública y terminar enfrentando a inquilinos y arrendadores.
Nota final: Según el Banco de España, con datos de 2024, cerca del 90 % de los propietarios de viviendas alquiladas son particulares. Además, dentro de los propietarios particulares, predominan claramente los pequeños propietarios.
¿En manos de quién están las viviendas destinadas al alquiler en España?
- Pequeños propietarios particulares: constituyen la gran mayoría. Entre los arrendadores particulares, el 76,1 % tiene una sola vivienda destinada al alquiler, y esas viviendas representan el 50,7 % de todas las viviendas alquiladas que están en manos de personas físicas.
- Particulares con dos viviendas: representan el 15 % de los arrendadores particulares y poseen el 21,8 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Particulares con entre 3 y 5 viviendas: son el 7,5 % de los arrendadores particulares y concentran el 18,9 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Particulares con entre 6 y 10 viviendas: representan aproximadamente el 1,2 % de los arrendadores particulares y poseen el 6,2 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Particulares con 11 o más viviendas: son solamente alrededor del 0,2 % de los arrendadores particulares y concentran el 2,4 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Sociedades y empresas privadas: tienen una participación minoritaria. El Banco de España estimó que las sociedades eran propietarias de alrededor del 8 % de las viviendas habituales alquiladas a precio de mercado, frente a aproximadamente el 92 % propiedad de particulares.
- Administraciones públicas y vivienda social: su peso dentro del parque de alquiler es reducido. El Banco de España estimaba en torno a 300.000 viviendas de alquiler social, una cifra equivalente aproximadamente al 1,5 % de las viviendas principales.
