EL TRASMALLO DE LANCELOT
Gastos excesivos de los cargos públicos
El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó el pasado martes una moción de Alternativa Ciudadana merced a la cual se comenzará a controlar el gasto de telefonía móvil que hacen los propios concejales capitalinos, y que también supone que tendrán que devolver lo que hayan gastado por encima del máximo mensual, establecido en 120 euros. En principio, buena decisión, teniendo en cuenta que se ha ‘cogido el toro por los cuernos’ en relación a un descontrol que viene desde hace años, y que por supuesto se remonta a mucho más atrás de la actual Legislatura. Pero también consideramos que se trata de una medida insuficiente, ya que no sólo deberían devolver el dinero gastado de más, sino que también quienes se han excedido tendrían que recibir algún tipo de sanción o ‘multa’ por superar el tope establecido, algo no contemplado en la normativa vigente. Algunos concejales y otros cargos públicos de otras corporaciones de la isla que también están poniendo ‘sus barbas a remojar’ por este tema, dicen que no pueden saber cuánto gastan hasta que no llegan las facturas. Pero lo que en realidad entendemos que no pueden es gastar dinero público sin saber ni controlar cuánto están gastando. Este tema de los teléfonos puede ser una minucia en relación al total de gastos del Ayuntamiento, y creemos que lo es, pero también puede ser entendido como una forma de mostrarnos hasta dónde les importa el dinero público –que es mío, suyo, nuestro- en unos momentos de crisis, ajustes y penurias, en los que es necesario ser extremadamente escrupuloso con cada euro que se gasta en las administraciones públicas. Escrupulosidad que al menos en este caso, no se ha tenido. Y lo que muchos se preguntarán es: ¿serán así con todo? En cualquier caso, también hay que admitir que el grupo de gobierno ha aprobado un plan para controlar el gasto en general –es decir, en todos los rubros- de los concejales de Arrecife. En definitiva, una de cal, otra de arena, otra de cal… y así.
¿Quiénes y cuánto? Un misterio
El tema del gasto excesivo en telefonía móvil tiene también otras lecturas que van más allá del derroche en sí, porque no puede ser que la corporación capitalina tenga que ocupar tiempo y recursos en controlar a los concejales como si fueran chiquillos, a ver cuánto gastan en con el móvil que les ha dado ‘papá’. Por otra parte, nomás faltaba que no devolvieran lo gastado en exceso. Es como si el empleado de una tienda no le diera la vuelta cuando usted le paga con un billete grande. Si usted paga algo que vale 9 euros con un billete de 20, ¿qué pensaría si el empleado se negase a darle la vuelta? Y también, ¿qué pensaría si ese empleado presumiese de darle la vuelta?: “Que honesto que soy… doy la vuelta”. Es difícil creer que el empleado de una tienda diga eso, pero un político sí. Increíble. Por último, es necesario que se sepa quiénes son los que se pasaron en el gasto, y en cuánto. En primer lugar, porque como decíamos, lo que han gastado de más es dinero público: suyo, nuestro, de todos. Y en segundo lugar, porque si no se dicen quiénes se han excedido y en cuánto, ante la opinión pública terminan ‘pagando’ justos por pecadores. Porque no serán todos pecadores en esta historia, ¿no? Por lo pronto, desde el Ayuntamiento se han negado hasta ahora a hacer públicos esos datos. “El grupo de gobierno hará público lo que considere oportuno cuando lo considere oportuno”, ha sido la respuesta traslada a este Trasmallo por el alcalde Manuel Fajardo Feo. Esperamos que el “momento oportuno” llegue muy pronto, porque ya están tardando. Tardanza que por cierto no hubo al momento de hacer público lo que había gastado de más en ese mismo concepto un concejal concreto, Pedro de Armas, hace ya más de un mes. Por los demás, mientras tanto, no parece que sea tan urgente dar a conocer lo que han gastado los demás ediles. Y por cierto, que cuando al fin lo den a conocer, que incluyan no sólo lo de esta Legislatura, sino también lo de la anterior, la anterior y la anterior.
Tres interventores distintos en 15 días
Situación curiosa cuanto menos la vivida por el Ayuntamiento de Arrecife en cuanto a su interventor (último funcionario que autoriza todos los pagos), ya que en quince días, tres personas distintas han ejercido ese cargo. Hasta el 22 de mayo lo hizo el interventor ‘titular’, Carlos Sáenz, quien fue detenido ese día en el marco de la operación judicial ‘Montecarlo’, y que al menos hasta el cierre de esta edición, sigue en prisión. El día siguiente, el 23, el alcalde firmó un decreto nombrando una interventora accidental, para no entorpecer el normal funcionamiento de la corporación. Pero ese nombramiento fue a su vez provisional, recayendo en una trabajadora de Catastro, ya que a quien realmente por ‘orden jerárquico’ le corresponde desempeñar esa función, la responsable del área de Contabilidad, estaba de baja médica. Una vez que esa funcionaria, Carmen Villaverde Ferreiro, se reincorporó al trabajo, fue nombrada interventora accidental, el pasado 6 de junio. Habrá que ver ahora qué ocurre con Sáenz y qué decisión se adoptará una vez recupere la libertad.
Un ejemplo a imitar
La cantidad de políticos que viven de las administraciones públicas es exagerada. Ya lo subrayaba el abogado José Ignacio Sánchez Rubio hace dos semanas en este semanario, en su columna ‘La china en el zapato’, acerca de que en España son 445.568, según desvela un estudio de la Presidencia del Gobierno. Esto supone, también según destacaba Sánchez Rubio, que en el país hay en un político que vive del dinero público por cada 100 habitantes, lo que representa el doble que en Italia o Francia y, siempre según indica el estudio, 300.000 políticos más que en Alemania, donde hay una población de 80 millones de habitantes. Pues la buena noticia ahora es que al fin alguien ha decidido tomar cartas en este asunto que tanto ‘quema’ a los sufridos ciudadanos. Se trata de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien propondrá a la Asamblea de esa autonomía la reducción de los diputados madrileños a la mitad, de 129 a 65. Nos parece una decisión digna de elogio y que deberían imitar muchas otras corporaciones, incluyendo, lógicamente, las de aquí, ya que muchas de ellas parecen estar sobredimensionadas en cuanto a cargos liberados, sobre todo en estos tiempos en los que la crisis y los consiguientes ajustes presupuestarios reducen notablemente la carga de acción y de trabajo en esas corporaciones. Si hay muchas inversiones que no se pueden realizar, sería lógica que hubiera muchos menos políticos –y asesores- cobrando del erario público.
Otro cambio de manos en el caso ‘Unión’
Lo del Poder Judicial a veces parece de broma, y de mal gusto. Ya es de sobra conocida la extrema lentitud con la que actúa la Justicia en este país, lo que termina al final transformándola a veces, paradójicamente, en injusta, ya que la extremada dilación en la tramitación de las causas hace que muchos culpables no sean condenados o pasen lustros hasta que se les impone una pena, y lo que es mucho peor, que muchos imputados tengan que pasar años hasta que puedan demostrar su inocencia y resultar absueltos; años sobre los que planean sobre ellos las sospechas e incluso en muchos casos las condenas públicas, mediáticas. El caso ‘Unión’ es un claro ejemplo de ello, ya que a más de tres años de iniciado, aún sigue en su fase de instrucción, y al parecer habrá que seguir esperando bastante para que se celebre el juicio. Más aún después de que se conociera en estos días que la actual jueza que lleva esta causa, María Lucía Barrancos Julián, la dejará, ya que le ha sido concedido el traslado que había solicitado, al País Vasco. Así, tras ocho meses en los que esta magistrada se dedicó a interiorizarse sobre esta causa, que no había iniciado ella, deberá ser otro juez el que nuevamente comience esa tarea. Será así el tercer magistrado que llevará la causa, que había sido empezada por César Romero Pamparacuatro, también trasladado a petición suya. En fin, que esto parece poco serio en algo que tendría que ser tan serio como la administración de justicia.
Una gran oportunidad en medio de la crisis
Desde el pasado jueves día 7 y hasta el domingo 10 inclusive se desarrolla en el Recinto Ferial de Arrecife la quinta edición de ‘Lansaldo’, donde unas 60 empresas de los más diversos rubros ofrecen sus productos con descuentos de hasta un 50 por ciento. Se trata de una gran oportunidad tanto para los consumidores como para los empresarios, más aún en estos tiempos en los que la crisis se agudiza, ya que los primeros pueden comprar por pecios mucho menores a los habituales, y los segundos pueden reactivar sus ventas y darle salida al stock sobrante. Por lo tanto, sin en las anteriores ediciones de Lansaldo ya hubo una gran afluencia de personas, se espera que en esta sea aún mayor, en medio del agravamiento de la situación económica general.
