La dictadura lanzaroteña
Por Francisco J. Chavanel
1.- Herencia del ‘caso Unión’: una sociedad sin contrapoderes
Lanzarote es una isla demasiado alejada para que los poderes centrales del Archipiélago, radicados en Gran Canaria y Tenerife, le hagan caso. Como mucho se ocupan del petróleo, por la cercanía geográfica de las prospecciones, por ese deseo fungible de Soria y Rivero de estremecernos a todos con sus pullas y desencuentros. Hoy es una sociedad claramente atada a una dictadura fundamentalista seudo ecologista y de izquierdas, que se desenvuelve a capricho, sin existencia de contrapoderes que suavicen sus abusos.
Los diseñadores del caso Unión lograron el principal de sus propósitos: monopolizar el poder de la isla en las personas e instituciones que hoy tiranizan su vida. Al margen de la extraordinarias chapuzas cometidas durante la instrucción, las firmas sospechosas de juez, fiscal y secretario, la abrasiva presencia de la UCO, y la red de denunciantes, soplones, y testigos protegidos que delataron a sus propios compañeros, lo relevante es que el mando lo detenta la Fundación César Manrique, en combinación con el despacho de Manuel Fajardo Palarea (portavoz del PSOE en el Parlamento, cargo con el que José Miguel Pérez lo premió por facilitarle su llegada a la Secretaría Regional), y con terminaciones nerviosas en el ámbito de la Justicia, especialmente en la Fiscalía que representa Ignacio Stampa, relevado en 2009 del caso por extralimitarse en sus funciones, pero hombre de confianza de la jefatura provincial.
Todo aquel que se atreva a ponerlo en duda será castigado. Todo aquel que se les enfrente sufrirá persecución en los medios de comunicación del grupo o será conducido de forma ultrarrápida hacia jueces y fiscales amigos. Este periodista, desde que se ha empeñado en poner luz democrática donde mora una constelación de intereses privados que vampirizan lo público, ha sufrido distintas amenazas y presiones. A mí, a estas alturas, casi todo me da igual, pero no deja de sorprenderme el comportamiento arrogante y codicioso de determinados actores por incrustarse en el sistema para demolerlo desde dentro con actuaciones que lo pervierten. Este artículo evita centrarse en el caso Unión, al que volveremos en otro momento, sino en sus consecuencias.
2.- Mismas leyes, distintos resultados
En la semana que se cierra se esperaba con interés el juicio retrasado contra los propietarios de la bodega Los Bermejos, los cuales están acusados por el Seprona y por la Fiscalía de Ignacio Stampa de cometer presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Se les pide dos años y nueve meses de prisión. Hace ocho meses el juicio fue suspendido. El abogado, Félix Cabrera, solicitó del tribunal que fuera comprensivo y generoso pues el Gobierno de Canarias estaba a punto de aprobar un plan especial para La Geria, con lo cual los pecados efectuados podrían ser eximidos gracias al paraguas de la nueva normativa, que permitiría de forma fehaciente que las bodegas trabajasen con pozos negros o con fosas sépticas, como hasta la fecha, sin que por ello contaminasen el paisaje natural, cosa que no consta que hayan hecho en ningún supuesto.
El juicio se esperaba, sobre todo, por el cierre de Bodegas Stratvs en diciembre de 2013, debido al extraordinario interés del fiscal Stampa y del seguidismo de la jueza Silvia Muñoz. Stratvs y Bermejo son dos gotas de agua, siamesas. Ambas bodegas se asientan en el mismo territorio, bajo las mismas leyes y con las mismas herramientas para combatir la contaminación de la zona.
En el caso de Stratvs nadie ha podido demostrar que tal contaminación existiera. Ni siquiera la reciente sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial, que niega el desprecinto del recinto pese a no demostrar a ciencia cierta si hay daño al espacio natural, por lo que exige una depuradora que no se contempla en las normativas vigentes, y un estudio hidrogeológico ya efectuado… Dicho estudio ya fue realizado por el Estado hace cuarenta años y en él se proclama que no existen ni galerías ni aguas subterráneas en La Geria. Sus señorías, en un alarde de conocimiento profundo del asunto, no tenían noticias. Como tampoco sabían que el 30 de enero de 2007 el jefe del área de Aguas del Gobierno de Canarias, Augusto Menvielle, certificó que el denominado “Barranco del Obispo”, ubicado en La Geria, “no tiene por sí mismo entidad de cauce, ni pertenece al dominio público hidráulico”… O sea: no hay galerías de agua en La Geria. En ningún sitio. No hay aguas que contaminar. Los barrancos se llaman así, pero el agua no corre por ellos.
El 18 de diciembre de 2013, durante el juicio a Stratvs, a mitad del mismo, llegó el análisis efectuado por un laboratorio peninsular acerca de los terrenos en los que se asienta la bodega. Dicho informe había sido solicitado por jueza y fiscal, ávidos por certificar que Stratvs contaminaba Eran unos 70 folios. El abogado de BTL, empresa que rige Stratvs, solicitó una suspensión del juicio para que se pudiera estudiar a fondo la profusión de datos técnicos que allí figuraban. Stampa negó cualquier aplazamiento. Le concedió al abogado dos horas para que se aprendiese la lección sin consultar a ningún experto. El análisis arrojó el dato de que la bodega estaba limpia. Aún así se prolongó el juicio hasta las seis de la tarde. A las diez de la mañana del día 20, sin ni siquiera trascurrir 48 horas, la jueza a instancias del fiscal cerró la bodega. Hasta ahora.
Entre Bermejo y Stratvs no hay diferencias. Son la misma cosa. Pero, sin embargo, sus circunstancias y sus lealtades son diferentes. El accionista mayoritario de Stratvs, Juan Francisco Rosa, no se pliega al triunvirato que controla la isla; los discute y se niega a colaborar: tampoco cuando le propusieron ser testigo protegido del caso Unión, o cuando le han sugerido que cambie de abogado.
En cambio, los dueños de Bermejo son pragmáticos. Ignacio Valdera y José Carmelo González Clavijo están defendidos por el despacho de Manuel Fajardo Palarea, a través de uno de sus socios, Félix Cabrera. Aliarse con Fajardo, la FCM y Stampa supone un plus de protección. Tal vez Rosa debiera plantearse financiar exclusivamente al PSOE lanzaroteño y a todos sus satélites.
El miércoles de madrugada lo supimos: nueva suspensión del juicio a la bodega Bermejo. Muy oportunamente el abogado Cabrera se había puesto enfermo. La sala no tardó en suspender el juicio sine die. Un juez diligente se hubiese enfadado, hubiera demostrado que, efectivamente, el abogado Cabrera guardaba cama o, de repente, le había entrado una gripe fatal que lo tenía baldado, y señalado sobre la marcha nueva fecha para los siguientes quince días. Nada de eso ocurrió. Con la “elegancia” demostrada en la clausura de Stratvs, el fiscal Stampa atendió a los ruegos de la defensa, dándoles una ancha salida para escapar de la Justicia a la espera de que el Gobierno santifique su comportamiento con el famoso plan de La Geria, todavía no aprobado después de diez años de trayectoria por los laberintos de la Administración.
3.- Rosa reacciona: tres denuncias que ponen el proceso vitivinícola al borde del colapso
Todo lo que aquí se cuenta se sabe de sobra en Lanzarote. Las bodegas de La Geria, unas diez, propietarias de un vino singular, no son distintas a otras bodegas del Archipiélago. Si se aplicara la doctrina Stampa, todas sin excepción, tendrían que ser clausuradas: No hay ninguna que yo conozca que tenga una depuradora, ni ninguna que no trabaje con pozos negros o fosas sépticas.
Los propietarios de bodegas conejeros están asustados, los agricultores también. Las bodegas calculan si es conveniente comprar la uva mientras sobre ellos se cierne la guadaña del cierre y de la inseguridad jurídica. Hay tres denuncias presentadas por el empresario Antonio Curbelo, amigo íntimo de Rosa, que ha dejado al personal temblando: en una se dirige a la Fiscalía y le pide a Stampa que inicie acciones legales contra todas las bodegas de La Geria al cometer las “mismas ilegalidades” que Stratvus. El fiscal está furioso y ralentiza el proceso… La segunda se dirige al Cabildo (Consejo Insular de Aguas) para solicitar “la suspensión temnporal de la actividad de las nueve bodegas industriales existentes”, ya que “no vierten sus aguas residuales a red pública de saneamiento ni tampoco cuentan con depuradora propia”… Y la tercera es un escrito remitido al Ayuntamiento de Yaiza en el que se comenta que en la bodega Rubicón “funciona un restaurante con una terraza, que permanece abierto, que está a 400 metros de la bodega Stratvs, que está cerrada por carecer de las autorizaciones que corresponde tener en derecho de obra y actividad”. El denunciante, además, tiene interés en conocer si la citada bodega cuenta “con el sistema de separación y vertidos de grasa que la ley exige”.
Como es normal Rosa se defiende. Si cae Stratvus, que es la vanguardia vitininícola de La Geria, las demás deben caer de la misma manera. Se llama principio de igualdad jurídica. ¿Existe en Lanzarote? Si no existe en Lanzarote, en otros tribunales regionales y nacionales seguro que sí.
Los agricultores son más de 2.000. Durante un año han trabajado para las bodegas y extraído 2.400.000 kilos de ella. El lío montado por la FCM/Fajardo/Stampa está a punto de colapsar el sector. Puede ser la ruina de las bodegas, de los agricultores, y de algo que define de forma exquisita la marca Lanzarote. En su demoledora persecución contra el “rebelde” Rosa, me temo, se han pasado unos cuantos pueblos.
4.- El despacho de Fajardo se puso las botas con él en el Cabildo
A finales de octubre de 2010 el actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, denunció la existencia de un “lobby político-mediático” que intentaba aupar al Partido Socialista al poder en Lanzarote. De hecho, ya estaba en él mediante sus pactos con el PIL. Sanginés, acorralado por el sector ecológico/socialista, por su postura favorable a que no se derribasen los hoteles de la isla, como astutamente le reclamaba Fajardo, el PSOE, y la Fundación, con el objeto de hacer caja, se presentó ante los medios de comunicación para arremeter contra Mario Alberto Perdomo, dirigente de la FCM, el cual había cobrado del Cabildo la bonita cantidad de 166.000 euros cuando mandaban en él los socialistas. Sanginés mencionó el despacho de Manuel Fajardo, vinculándolo a Agustín Domingo Acosta (uno de los tres hijos del fallecido Agustín Acosta), que había cobrado de la institución un millón de euros.
Agustín Domingo es el principal socio del despacho de Manuel Fajardo. Domingo pone los medios de comunicación fundados por su padre y apropiados por su hijos cuando éste estaba en vida, y Fajardo aporta el PSOE, su maquinaria, y su estrecha vinculación con la FCM. Entre 1997 y 2010, con el PSOE siempre presente en la maquinaria del Cabildo, Agustín Domingo facturó 909.000 euros. Su mejor año, 2009, ingresó 134.000 euros. Fue el periodo en el que el Cabildo se hizo cargo de los recursos contra los hoteles… Magnífico y aleccionador ejemplo. La Fundación exige la demolición, Fajardo exige la demolición, y el despacho de Fajardo y la Fundación, a través de Perdomo, cobran de lo público por mantener el lío en pie. El nivel ético de Fajardo roza lo celestial cuando comprobamos que entre 2003 y 2007, siendo él consejero del Cabildo, y vicepresidente entre 2005 y 2006, su socio Agustín Domingo se llevó crudo 260.000 euros. Sanginés dijo en su rueda de prensa que habían contratado a otros bufetes que les cobraban un 40% menos.
Hay más, La procuradora del despacho ganó 111.000 euros (Mercedes Ramírez), y un abogado cercano al despacho 150.000 (Javier Navarro Betancort). En total manipularon casi el 70% de todo el dinero público utilizado en el Cabildo para asesorías jurídicas… ¿Hay razones o no para disparar al pianista?... Estamos ante un lobby financiero, un maremágnun de avaricias cuyos ramales se extienden por toda la sociedad. Son los buenos de la película, los que persiguen delincuentes y limpian las calles de basura. Llevan veinte años al frente de las instituciones lanzaroteñas más relevantes. Son poder y oposición a un tiempo. Y son especialistas en el arte del engaño. Nunca han roto un plato pero en Lanzarote ganan y pierden los que ellos señalan.
*Publicado el domingo 22 en Canarias 7
Descargue AQUÍ la sentencia