OPINIÓN. La huelga, como el voto, es un derecho, no una obligación

SI LE DIGO LE ENGAÑO. Por Miguel Ángel de León

El poco crédito que mantenían los sindicatos se lo cargaron los mismos sindicalistas este pasado/pesado miércoles, con su tardía huelga o juerga general (a conejo ido, palos a la madriguera; a burro muerto, cebada al rabo) que desembocó en fracaso general, como coinciden en señalar casi todas las cabeceras periodísticas y los periodistas con cabeza y ojos en lugar de vendas en la cara. La crítica justificada, cabal y razonada a los sindicatos era hasta casi anteayer asunto tabú en la mayoría de la prensa española, pues los trabajadores de la misma albergan todavía una idea romántica y evidentemente desfasada de la acción sindical.
En esta misma tribuna llevamos años, lustros incluso, preguntándonos el porqué de la fuerza e influencia -si la hubiera o hubiese- de los sindicatos en una sociedad laboral tan mínimamente representada por ellos. Algunos se malician que eso se debe al espíritu primario de la coacción. Los denominados -con harto eufemismo, como se volvió a ver esta semana- “piquetes informativos” tenían su razón de ser y ejercer cuando los trabajadores se enteraban por ellos de las convocatorias huelguísticas. Hoy, con los medios de comunicación existentes, no hay ni un solo trabajador en España que ignore ni la más modesta o recóndita huelga laboral que se convoque. Huelga más comentario al respecto.
No discuto que hay muchos empresarios que se han ganado a pulso la firme, razonada y razonable respuesta sindical. Pero tampoco los sindicatos están libres de culpa en lo tocante a la fétida alcantarilla de la corrupción. El asunto de las viviendas de la PSV pasará seguramente a la historia como la monumental estafa mejor tratada por la Justicia (?) española. Demostrado quedó en su día que miles de millones de pesetas de los cooperativistas sirvieron para pagar las nóminas de los liberados de la Unión General de Trabajadores (UGT para los amigos y demás personas piadosas). Y también hay una corrupción que no se denuncia: la corrupción ciudadana, que nada tiene que ver con el enriquecimiento fácil y sí con el abuso de los derechos de unos pocos sobre el derecho de la mayoría. No habría Caso Unión –un suponer- sin esa corrupción ciudadana que facilita la corrupción política.
Hoy mucha gente echa en falta la austeridad de la que hacían gala sindicalistas históricos como Nicolás Redondo o Marcelino Camacho. Es la misma gente que se queja de que quienes les sucedieron al frente de UGT y de CC.OO, en vez de vivir humildemente con las cuotas pagadas por los afiliados, se han dedicado a sacarle incesantes subvenciones al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a los municipios. Así tenemos que a los actuales sindicatos los pagamos y mantenemos entre todos, para que nos lo agradezcan luego con el grito y la coacción, cuando no el insulto a los que no comulgamos con sus atragantadoras ruedas de molino.
En pleno siglo XXI, los sindicatos siguen anclados en el XIX, y continúan haciendo uso y abuso de un término negativo que forma ya parte de su consistencia habitual: en sus propios comunicados se “amenaza” con convocar una huelga. Y la amenaza jamás puede convertirse en un argumento. La amenaza es, hoy y siempre, una miserable prueba de debilidad.
Nadie discute el derecho a la huelga, aunque hay sindicalistas obtusos que no entienden que va parejo con el derecho al trabajo de todo el que quiera ejercerlo libremente. Pero un derecho no es una obligación, aunque los fundamentalistas del sindicalismo simplón, como los fundamentalistas del voto, no terminen de tener claro algo tan elemental, y continúan con el insulto al que llaman esquirol o al abstencionista. Así les va: el sindicalismo en picado, y la abstención subiendo.