Las invasiones inmigratorias de Ceuta y Canarias son hermanas
Por Bruno Perera
Lo ocurrido estos últimos días en Ceuta debería hacer reflexionar seriamente a toda España. Miles de inmigrantes ilegales, adultos y menores han entrado ilegalmente desde Marruecos, muchos de ellos y ellas lanzándose al agua para alcanzar territorio español. Las estimaciones difundidas sobre la última oleada sitúan las entradas en torno a 2.000 o 3.000 personas, aunque la cifra definitiva deberá ser determinada por las autoridades. La situación ha obligado a reforzar la presencia policial y militar en la ciudad autónoma. (Reuters)
Pero Ceuta no es un fenómeno aislado. Lo que está sucediendo allí y lo que durante más de 30 años hemos sufrido en Canarias son dos manifestaciones diferentes de un mismo problema: la dificultad de España para controlar eficazmente sus fronteras frente a una presión inmigratoria ilegal que puede producir entradas masivas en muy poco tiempo.
Ceuta y Canarias: dos fronteras, un mismo problema
En Ceuta la frontera se encuentra prácticamente a las puertas de Marruecos. En Canarias, la frontera exterior de España se encuentra en el océano Atlántico. En un caso, los inmigrantes ilegales intentan atravesar las barreras fronterizas o rodearlas por el mar; en el otro, utilizan embarcaciones precarias como pateras, cayucos, zodiacs, y también pateras aviones para alcanzar las islas.
Las dimensiones son diferentes, pero el problema político es parecido: cuando miles de inmigrantes ilegales intentan entrar al mismo tiempo, el Estado debe disponer de medios suficientes para controlar la frontera, identificar a quienes llegan y aplicar la legislación correspondiente.
Canarias ha experimentado durante los últimos 30 años y algo más, una presión migratoria extraordinaria. En 2024 llegaron irregularmente a las islas 46.843 personas. En 2025 la cifra descendió considerablemente, hasta 17.788, pero siguió representando una presión importante para unas islas con recursos territoriales y poblacionales limitados. (Departamento de Seguridad Nacional)
Y aunque las cifras de 2026 son considerablemente menores que las de 2025, el problema no desaparece. Hasta el 30 de junio se habían registrado 3.708 llegadas irregulares a Canarias. (Departamento de Seguridad Nacional)
Por eso no creo que España deba analizar Ceuta y Canarias como problemas separados. Son dos puntos de la frontera exterior española sometidos a diferentes formas de presión inmigratoria.
¿Dónde está el Estado cuando una frontera es superada?
Esta es la pregunta que debemos hacernos.
No se trata de negar ayuda a una persona que se encuentra en peligro en el mar. No se trata de abandonar los principios humanitarios. Y tampoco se trata de convertir la inmigración en un conflicto entre pueblos o religiones.
Se trata de algo mucho más sencillo:
Una frontera debe ser una frontera.
Un Estado tiene derecho y obligación de determinar quién entra en su territorio, por qué procedimiento entra y bajo qué condiciones puede permanecer en él.
España ya dispone de legislación específica para Ceuta y Melilla. La Ley Orgánica 4/2000 contempla el rechazo de inmigrantes detectados intentando superar ilegalmente los elementos de contención fronterizos, siempre respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
Por tanto, el debate no debería reducirse a decir que «la ley no permite actuar». La realidad es bastante más compleja. El problema está en qué medios utiliza el Estado, cómo se aplican las leyes y qué ocurre cuando las circunstancias cambian rápidamente.
De hecho, la propia estructura del Estado contempla la participación de las Fuerzas Armadas en mecanismos de coordinación relacionados con la inmigración ilegal, y estos días España ha desplegado militares en Ceuta como refuerzo ante la crisis, pero no suficiente y tampoco con urgencia.
La cuestión, por tanto, no es simplemente si deben intervenir militares o policías. La cuestión es si España tiene preparada una estrategia suficientemente eficaz para impedir que una frontera pueda ser desbordada.
Marruecos, España y la presión migratoria
Otro aspecto que no podemos ignorar es que Ceuta se encuentra en una situación geográfica extraordinariamente delicada.
España comparte con Marruecos una frontera terrestre en Ceuta y Melilla, pero también mantiene una enorme frontera marítima. La cooperación entre ambos países resulta fundamental para impedir que las redes de tráfico de personas y policías y políticos corruptos puedan utilizar los movimientos migratorios como instrumento de presión y de negocio.
Cuando miles de inmigrantes aparecen simultáneamente frente a una frontera, no estamos únicamente ante decisiones individuales. También existen organizaciones dedicadas al tráfico de personas, redes de información y circunstancias políticas y sociales que pueden favorecer determinados movimientos.
Por eso España necesita una política migratoria que no consista únicamente en reaccionar cuando los inmigrantes ya han conseguido entrar.
La frontera debe protegerse antes de que sea superada.
Canarias tampoco puede vivir permanentemente en situación de emergencia
Los canarios sabemos muy bien lo que significa recibir pateras, cayucos y zodiacs por mar y pateras aviones continuamente.
Durante años, las islas han tenido que afrontar la llegada de centenas de miles de personas procedentes de África, además de otras rutas migratorias. Las autoridades canarias han denunciado repetidamente la presión que supone atender a los recién llegados, especialmente cuando entre ellos se encuentran menores no acompañados MENAs que nos cuesta cada unos 3.500 euros mensuales en gastos. Dinero que nos falta para dar mejor servicio a nuestros pensionistas y gente necesitada.
Y aquí aparece otra cuestión fundamental: Canarias no puede convertirse en un lugar de empleo internacional ni en una sala de espera permanente de la inmigración ilegal que llega con la intención de viajar a Europa.
Las islas tienen una población limitada, un territorio limitado y unos servicios públicos que también deben atender a quienes viven permanentemente en ellas.
España es un país solidario y debe cumplir sus obligaciones internacionales. Pero solidaridad no significa ausencia de fronteras.
No confundamos inmigración legal con inmigración ilegal
También considero necesario hacer una distinción que muchas veces desaparece del debate.
Un inmigrante que llega legalmente a España, obtiene un permiso de residencia, trabaja, cumple las leyes y participa en la sociedad española es una cosa.
Otra muy diferente es entrar clandestinamente en territorio español.
Criticar la inmigración ilegal no significa necesariamente rechazar al inmigrante como persona.
Podemos defender una política migratoria mucho más estricta y, al mismo tiempo, defender el respeto absoluto a la dignidad humana.
De hecho, cuanto más descontrolada sea la inmigración ilegal, mayor es el riesgo de que también sufran las consecuencias los inmigarntes que han llegado legalmente y que cumplen las normas.
Una advertencia para el futuro
España debería dejar de actuar únicamente cuando se produce una crisis.
En 2021 Ceuta ya vivió una entrada masiva de alrededor de 8.000 personas en apenas dos días. (YouTube)
Ahora volvemos a contemplar escenas de enorme presión fronteriza.
Y Canarias ha vivido durante más de 30 años sus propias crisis migratorias.
¿Cuántas veces tendremos que esperar a que una frontera sea desbordada para empezar a buscar soluciones?
No hace falta esperar treinta años para preguntarnos qué consecuencias puede tener una política migratoria mal gestionada. Las consecuencias deben analizarse hoy, con datos, con serenidad y sin prejuicios.
España necesita conocer cuántos inmigrantes pueden integrarse cada año, qué necesidades laborales existen, qué recursos económicos tienen las comunidades autónomas para atenderlas y, sobre todo, qué capacidad real tiene el Estado para controlar quién entra y quién permanece en nuestro territorio.
La historia tampoco debe utilizarse para alimentar el enfrentamiento
Hay políticos marroquíes que comparan la situación actual con la conquista musulmana de la península iniciada en el año 711. Esa comparación puede resultar políticamente llamativa, pero históricamente hay que hacerla con mucho cuidado.
La conquista de la península fue realizada por fuerzas musulmanas formadas principalmente por contingentes árabes y bereberes bajo el poder de la dinastía omeya y sus estructuras políticas y militares de la época. No es correcto describirla simplemente como una «invasión marroquí», ni afirmar que el 90 % de la actual España y Portugal perteneciera entonces a la antigua Mauritania Tingitana, hoy territorio de Marruecos. (El problema es que Marruecos es un país controlado por una monarquía y su séquito que mata a su pueblo poco a poco de hambre).
Han pasado más de 1.300 años y las circunstancias históricas son completamente diferentes.
Podemos defender nuestras fronteras sin necesidad de falsear la historia.
¿Puede un Estado moderno controlar eficazmente sus fronteras y decidir quién entra en su territorio?
Mi respuesta es que debe poder hacerlo.
Y debe hacerlo respetando la Constitución, las leyes españolas, los tratados internacionales y los derechos humanos.
Pero también debe proteger a sus ciudadanos, a sus servicios públicos y a quienes han elegido España para vivir legalmente.
Ceuta debería ser una llamada de atención
Lo ocurrido en Ceuta debería servir como una llamada de atención para todo el país.
No porque haya que militarizar permanentemente las fronteras.
No porque haya que tratar a todos los inmigrantes como delincuentes.
Y tampoco porque España deba cerrar sus puertas a todo aquel que necesite protección.
Sino porque ningún Estado puede permitirse que sus fronteras dependan exclusivamente de que quienes pretenden atravesarlas decidan voluntariamente no hacerlo.
Ceuta y Canarias son dos fronteras diferentes, pero forman parte de la misma frontera exterior española.
Lo que ocurre en Ceuta puede volver a ocurrir.
Lo que ocurre en Canarias puede volver a aumentar.
Y si algo debería haber aprendido Europa durante las últimas décadas es que las crisis migratorias no desaparecen por ignorarlas.
Hay que actuar antes de que se conviertan en una emergencia.
España necesita una política migratoria clara: control efectivo de las fronteras, inmigración legal vinculada a las necesidades reales del país, persecución de las mafias que trafican con personas, procedimientos de asilo eficaces y rápidos, integración de quienes tienen derecho a permanecer y retorno de quienes no tienen derecho legal a hacerlo, siempre dentro de la ley.
Eso no es xenofobia.
Eso es política de Estado.
