OPINIÓN. De abogados, política y surrealismo

El PSOE exhibe una curiosa “ética” a la hora de analizar la contratación de asesores

Agustín Domingo Acosta fue durante años abogado del Cabildo, incluida la última etapa en la que el PSOE gobernó en esa corporación. Lo fue también en anteriores etapas, cuando también eran los socialistas lo que mandaban. Y durante todos estos últimos años fue además –y lo sigue siendo- socio de despacho de uno de los dirigentes socialistas y cargos públicos más conocidos de Lanzarote, Manuel Fajardo Pallarea. Así, Agustín Domigo Acosta ejerció como abogado del Cabildo gobernado por el PSOE tanto cuando Fajardo Pallarea era secretario general insular de los socialistas, como cuando en la actual Legislatura, es parlamentario por el PSOE.
A los socialistas esto nunca les pareció una irregularidad. Es más, a día de hoy siguen señalando que lo mejor que le pudo pasar al Cabildo en materia de asesores es haber contado con Agustín Domingo Acosta. Y muy probablemente tengan gran parte de razón, ya que ha ganado muchos pleitos como abogado de esa Corporación, y nunca ha demostrado, que se sepa, una actitud manifiesta de beneficiar deliberadamente a alguno de sus allegados. Pero otra cosa es si procedía, desde esa supuesta “ética” de la que ahora alardean Carlos Espino y compañía, que un gobierno socialista mantuviera contratado al socio de despecho de uno de los máximos dirigentes y cargos públicos del PSOE en la isla, en la actividad profesional de ámbito privado de ambos.
Por entonces, a los socialistas no les asaltaban las sospechas de que este abogado pudiera darle información privilegiada al abogado con el que trabaja puerta con puerta, compartiendo como decimos despacho, recepción, sala de espera, etcétera; o a algún medio de comunicación “cercano” a ambos. Y queremos creer que eso nunca ha ocurrido, ya que hay que anteponer a cualquier sospecha infundada, la profesionalidad de un abogado y el secreto en determinadas cuestiones que debe mantener en función de esa profesionalidad.
Sin embargo, al PSOE sí le asaltan ahora sospechas de lo que pueda hacer el prestigioso abogado Ignacio Calatayud (con una actividad profesional ampliamente reconocida no sólo en Lanzarote, sino en toda España) por sus vínculos familiares –lógicamente, sin aportar prueba alguna ni mucho menos-, y le parece ahora “ilegal” que el presidente del Cabildo le haya contratado, porque, afirman los socialistas, entre ambos hay una “amistad”.
Sí, una amistad; sólo eso. Ése es el “pecado” por el que Calatayud no puede ser contratado por el Cabildo, porque tiene una “amistad” con San Ginés, y no porque sea socio en su actividad profesional privada ni porque sea copropietario de un medio de comunicación, como sí lo era ese otro abogado.
Así vista la totalidad de los hechos, con su correspondiente contexto, la denuncia pública -que no judicial, al menos hasta ahora- de los socialistas roza el surrealismo y el disparate. Dirán que una cosa es la contratación directa de un abogado y otra cosa es encontrarse con que un abogado está ya contratado… ¡Pero a Calatayud ya lo había contratado la anterior presidenta, la socialista Manuela Armas, por el tema de Inalsa!
En fin, surrealismo en estado puro, de un partido que considera no ético que se contrate como asesor a un abogado por su amistad con el presidente del Cabildo, pero no considera no ético haber mantenido hasta el último momento que gobernaron el Cabildo a un abogado que es socio de despacho de quien fue el máximo cargo orgánico del partido y es uno de los máximos cargos públicos del PSOE en la isla. Y esto por no hablar de otros amigos de la actual dirección socialista, de lo que ya se está encargando el Juzgado de Instrucción Nº 1, que es el que ha imputado penalmente al actual secretario general insular el PSOE, Carlos Espino.

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