OPINIÓN. Descontroladores y estado de alarma

DESDE MI ISLA ALTANTICA. Por Antonio Coll

Nunca he estado en una torre de control aeroportuaria, pero pienso que desde lo alto de la misma se debe estar muy bien, contemplando el cielo y olvidarse de las penas que hay en el suelo firme de este país llamado Reino de España. Porque de lo contrario, nunca comprenderé la actitud “salvaje” de un colectivo privilegiado y monopolista que en 20 horas produjo el mayor caos que se recuerde en este país, después del 23/F y cuando el almirante Carrero Blanco –entonces presidente del Gobierno español- voló por los aires -20 diciembre 1974-. Es posible que la “cúpula” sindicalista de los controladores aéreos estén ahora arrepentidos de la huelga encubierta infantil, protagonizada además cuando el país se encuentra en la mayor crisis económica que se recuerde en medio siglo. Yo, en esta entrega, no quiero echar todas las culpas a unos profesionales de empleo público, porque el problema de este colectivo se viene arrastrando desde hace muchísimos años y no ha habido gobierno alguno que cortara de raíz la situación monopolista y de poder de los controladores aéreos. Todo lo contrario, siempre se le aceptó –me refiero al colectivo- el “oro y el moro”, en los momentos de negociar el convenio colectivo. Y aquí está el quid de la cuestión. Las debilidades demostradas por los gobernantes de turno, aceptando todos los privilegios y exclusivas al comité de empresa, son los orígenes del “poder absoluto” conquistado por los dirigentes del sindicato de los trabajadores públicos que se encargan del control del espacio aéreo español. En Lanzarote, ocurrió lo mismo en las empresas públicas de Inalsa y Centros Turísticos. Ahora, Inalsa está intervenida judicialmente y la Epel-Cact cuenta con un déficit económico de tal magnitud que costará a las arcas del Cabildo muchos millones de euros para enderezarla, aunque yo, personalmente, no soy muy optimista de que vaya a suceder a corto plazo, si no se toman medidas más profundas en el modelo, no solo de gestión, sino de estructuración, adaptándose a los tiempos que vivimos. La realidad no puede ocultarse y los dirigentes políticos deben de alejarse del clientelismo y la autocomplacencia, porque una empresa pública debe de gestionarse con los mismos parámetros que la privada y autorregularse con los mismos convenios colectivos, establecidos en las comunidades autónomas. Por otro lado, debe de obtener beneficios porque de lo contrario habría que cerrarla o ceder su gestión a la iniciativa privada. Porque el colmo es que las sociedades mercantiles citadas tengan que vivir del presupuesto general del gobierno insular, como está sucediendo actualmente. Es decir con dinero público, con dinero de todos, para mantener cientos de trabajadores con unos privilegios infinitos.
Espero que la “salvajada” de los controladores aéreos españoles y canarios sirva, al menos, para aplicar recetas, cara al futuro, en el sentido de impedir que cualquier colectivo, por muy “poderoso” que sea, imponga sus reivindicaciones desmesuradas y fuera de la legislación vigente. En este caso, habría que endurecer las leyes a los funcionarios y empleados públicos, porque ellos son una casta privilegiada y acometen servicios de interés general. El estado de alarma, una figura jurídica desconocida por la sociedad española y canaria, debería ser un buen resorte para cualquier gobierno cuando se produzcan improperios y graves perjuicios para la sociedad y la economía, como lo sucedido en la “huelga” ciclónica y humillante de los controladores contra toda la sociedad española y canaria. Los derechos sindicales conquistados por los trabajadores no deben estar reñidos con las obligaciones y deberes que una sociedad moderna demanda de los servicios públicos.
Estoy de acuerdo con el presidente canario, Paulino Rivero (CC), de apoyar las medidas tomadas por el Gobierno Español porque la comunidad canaria es, posiblemente, la más afectada al depender de forma directa del transporte aéreo al tratarse de islas. Mariano Rajoy (PP) que vivió en su propia carne el conflicto de los controladores en Lanzarote, también acepta el decreto de “estado de alarma”, no obstante, pide responsabilidades al Ministerio de Fomento por su ineficacia y falta de previsión en haber resuelto en su tiempo unas “perturbaciones” que avisaban la entrada de una “tormenta”, como así sucedió.
En el caso de los controladores, -que quede constancia- yo no condeno a todos porque, estoy seguro, que un gran número de ellos, quisieron trabajar, pero como siempre pasa, los “piquetes” de los enlaces sindicales y el propio comité, impiden el derecho al trabajo individual y en contra de su propia voluntad.
Si quiero aconsejar al gobierno de ZP que continúe con el estado de alarma, no por la cuestión de los “controladores” sino por la gravísima crisis económica y política en la que el propio ejecutivo socialista es el primer culpable por sus vaivenes y demagogia populista que ha conllevado a tomar medidas apresuradas, algunas ineficaces y, lo peor, dictadas a destiempo e impuestas por los mercados, la desmesurada cifra de desempleo y el sangrante déficit público.
Por mucho que digan lo contrario, el estado de alarma se inició, hace tiempo, en el propio partido gobernante -PSOE-. Las últimas elecciones autonómicas en Cataluña confirman la cuenta atrás de un “reinado” y un líder que lo fue todo en la formación socialista española. En estos momentos, se ha convertido en un estorbo. La tesitura en el seno del PSOE está si adelantar las elecciones antes de las autonómicas y municipales –mayo 2011- o provocar una salida airosa de su actual “jefe” y preparar a un nuevo candidato para marzo del 2012. ZP, estoy seguro, intentará que amaine el “temporal”, a pesar de tener muchos frentes abiertos, y ganar tiempo, esperando que algún “milagro” le salve de la quema. Quizás sea demasiado tarde y el descontento reinante, en un gran número de españoles y canarios, se puede transformar, en los próximos comicios de mayo, en un castigo severo a su partido. Cuando se tensa en demasía una cuerda ya se sabe las consecuencias…