OPINIÓN. El cazador cazado
DESDE MI ISLA ATLÁNTICA. Por Antonio Coll
Posiblemente sea Carlos Espino el político que más ha judicializado la vida política de Lanzarote. También ha sido uno de los gobernantes insulares que más inestabilidad ha creado en las corporaciones, sobre todo en el Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife. Precisamente, fueron los medios del Grupo Lancelot muy críticos con la gestión que llevaba a cabo el Secretario General de Psoe, cuando su partido gobernaba en la primera corporación y en Arrecife, mucho antes de aparecer las operaciones “Unión” y “Jable”. Es cierto que ahora han cambiado los tiempos y han cambiado los protagonistas, pero la nefasta labor de los socialistas ahora se está pagando, afectando a la economía de diferentes instituciones públicas. La reciente imputación a Carlos Espino por parte del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Arrecife viene a confirmar las reveladoras informaciones de Lancelot y, en principio, desmonta toda una estrategia y sectaria política llevada a cabo por el máximo regidor del Psoe en Lanzarote. También destaco el exhaustivo trabajo de investigación y documentación realizada por el personal de la EPEL-CACT’s que ha quedado reflejada en la querella criminal presentada por el Consejo de Administración de los Centros Turísticos y que ahora queda respalda por la orden del Juez de citar a Espino en calidad de imputado. De todas formas hay que esperar a que el proceso finalice y la Justicia dicte sentencia. No obstante, todos los indicios, según se desprende del pliego de la querella, hay actuaciones administrativas irregulares que podrían tener visos de delito. En la denuncia, se acusa a Carlos Espino de presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y cohecho, en el periodo de su cargo como Consejero Delegado de la empresa pública –entre junio 2007 a octubre de 2009-. En la reciente historia democrática de Lanzarote, posiblemente, el periodo citado se puede catalogar como la peor crisis política vivida en la isla. Fueron tiempos beligerantes, partidistas e intervencionista que perturbó a toda la sociedad lanzaroteña, con una inestabilidad palpitante hasta la presentación de las mociones de censuras en el Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife. Es cierto que ahora ha vuelto la normalidad, pero Lanzarote tardará mucho tiempo en recuperarse por la “desquiciada” y “anómala” gestión llevada a cabo por los dirigentes socialistas y parte de los “pilistas”.
La magnitud de una imputación
La imputación a Carlos Espino tiene una magnitud que incluso puede afectar a todo el Psoe canario, sobre todo cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, en mayo de 2011. José Miguel Pérez, actual secretario general de PSC-PSOE en el ámbito de Canarias debe plantearse y cuestionar la imputación de su máximo exponente en Lanzarote así como la propia ejecutiva insular, porque de lo contrario, una sentencia desfavorable, arrastraría, en credibilidad, a toda la formación política si, también, del mismo proceso la ex presidenta socialista del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, se viera involucrada, en calidad de máxima autoridad.
Es obvio que el impacto de la imputación a Carlos Espino traerá mucha cola, sobre todo porque se convirtió en el más expeditivo “cazador” y “francotirador” de la Isla y ahora ha sido “cazado”. Pronto veremos la intensidad de las heridas.
Nunca me he alegrado del mal ajeno, pero soy de la opinión de que los excesos en política, como en otros menesteres, se pagan. Ya se dice que cuando se actúa sin sabiduría, con mala fe y no atendiendo a razones, el camino se hace quebradizo, por lo que el andar se hace peligroso. Esta es la pequeña historia de un hombre político que lo quiso ser “todo” en la Isla y ahora la “nada” le amenaza. Él mismo se “encadenó” en una farsa comedia, protagonizando un elevado fingimiento que ahora puede pagar muy caro. Ya se sabe que todo en la vida tiene un fin o límite.
