OPINIÓN. Insuficiente respuesta de la Fundación César Manrique

No basta que diga ‘si nuestra obra es ilegal, que la demuelan y ya está’

Pocas construcciones en esta isla son tan ilegales como el taller de la Casa de las Cúpulas de la Fundación César Manrique. Y no lo decimos nosotros, sino las más altas instancias judiciales: primero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y ahora, desde Madrid, el Tribunal Supremo. El problema es no sólo que la autorización para esa obra ha sido anulada, sino que además la construcción se erige, según subrayan las sentencias de esos altos tribunales, en suelo rústico de protección, de valor ecológico, Malpaís, en medio de colada volcánica. Una situación radicalmente distinta al de otras construcciones con licencias anuladas, incluidos los hoteles, que están emplazados en suelo turístico, es decir, en terrenos aptos para construir.
La Fundación César Manrique afirma que la culpa de su obra ilegal es de la administración que le dio vía libre para realizar la obra. En cualquier caso, se trata de la misma vía libre que se dio para los hoteles con licencias ahora anuladas, aunque en estos últimos casos la Fundación no esgrime ese mismo argumento.
Esto supone una clara incongruencia, ya que cuando las licencias anuladas son de hoteles, demonizan a sus propietarios, pero cuando el permiso anulado es de una construcción de la Fundación, a quien demonizan es a la administración. Y todo esto sea dicho con esa diferencia sustancial que ya hemos señalado, acerca de que los hoteles en cuestión están construidos en suelo aptos para hacerlo, y en todo caso, por ejemplo, si tienen una planta de más, llegado el caso se demuele esa planta y ya está, mientras que en el caso de la Casa de las Cúpulas, la herida causada en un suelo rústico de valor ecológico, Malpaís, es difícilmente reparable desde el punto de vista medioambiental.
Con su obra, la fundación ha ‘dañado’ suelo protegido, y tampoco vale su argumento de que era para “bien público”. Por un lado, porque no produce menos bien público, sino en todo caso mucho más, un hotel que da cientos de puestos de trabajo y potencia la industria turística de la que viven gran parte de la isla. Y por otro lado, porque por ejemplo también son de utilidad pública los baños de Los Dolores construidos a instancias de Dimas Martín, y que sí están demonizados por los mismos que aún ante el tema de las Casa de las Cúpulas, aplauden a la Fundación. Creemos que esos baños son de mucha más utilidad pública y mucho menos dañinos que el taller de las Casa de las Cúpulas, del que por cierto, nunca se ha informado bien quiénes iban a poder hacer uso y disfrute de él. En cualquier caso, los baños de Los Dolores son a Dimas Martín lo que la obra de las Casa de las Cúpulas es a la Fundación. Y esto, siendo generosos en la valoración con la Fundación.
Ahora, tras las categóricas sentencias judiciales, la Fundación está tratando de enredar el tema para tratar de lavar su muy salpicada cara, al afirmar que ellos pidieron permiso para lo que finalmente hicieron, que es una construcción nueva. Esto, así dicho, puede ser literalmente correcto, pero la ‘trampa’ dialéctica de la Fundación es obviar que aquello para lo que fueron autorizados no es lo que habían solicitado e hicieron, ya que recibieron permiso para “adecuar” una vivienda ya existente; no para hacer una nueva.
Es como si por ejemplo usted pide licencia para hacer una nueva vivienda anexa a la suya, pero la administración le da autorización sólo para ampliar en 20 metros cuadrados su vivienda ya existente, y aún así, usted construye una vivienda nueva. Total, para eso había pedido permiso…
En el caso de la obra de la Fundación, es cierto que pudo haber un patinazo administrativo al habérsele otorgado autorización para algo distinto a lo que solicitó, pero la sentencia del Tribunal Supremo también responsabiliza de ello a la propia Fundación, por la “ambigüedad” de lo solicitado. Es decir, la Justicia considera que no estaba del todo claro lo que pretendía hacer esa entidad.
Si hubiera hecho lo mismo un empresario a los que gusta demonizar la Fundación, seguramente dirían que esa “ambigüedad” fue adrede, para aprovechar la confusión para salirse con la suya. Extrapolando esto, ¿ha sido ambigua adrede la Fundación al solicitar la autorización, para salirse con la suya realizando una construcción cargándose una zona protegida, de valor ecológico, aprovechando la confusión?
Dicho todo esto, tras años de defender la legalidad de su obra y su ‘inocencia’ como promotores, ahora, tras una sentencia que debería dejar a los principales responsables de la Fundación temblando y enrojecidos de vergüenza, pretenden sacar pecho diciendo “si no tiene encaje legal, hay que demolerla”.
El argumento, expresado así, es a todas luces insuficiente. Una entidad como la Fundación César Manrique, que ha convertido en su objetivo esencial la defensa del medio ambiente, territorial y paisajístico de Lanzarote, no puede ahora decir ‘si es ilegal, que lo demuelan y ya está’. Por un lado, porque nomás faltaba que justo ellos no aceptaran su demolición, pero sobre todo, porque si una Fundación cuya misión es proteger el medioambiente y el territorio, se ha cargado parte de ese medioambiente y ese territorio –insistimos, su obra está en suelo rústico, de valor ecológico, Malpaís-, entendemos que lo propio sería que fuese mucho más allá, pidiendo en primer lugar disculpas públicas, admitiendo su tremenda metedura de pata, y después , de ser necesario, promoviendo un paso atrás de los miembros de la Fundación que ellos mismos señalen como los responsables de promover y defender esa construcción ilegal. Sólo así podrán a nuestro modesto entender recuperar parte de su credibilidad y autoridad moral para seguir opinando acerca de qué está bien y que ésta mal en materia de sostenibilidad y territorio.
Por último, resulta cuanto menos curioso que desde la Fundación han dicho que pese a la ilegalidad de su obra en suelo protegido, no serán ellos quienes por sí mismos la derriben, sino que como ha dicho su portavoz, esperarán que sea la Justicia la que disponga la ejecución de la sentencia. Y no decimos esto porque nosotros propiciemos demoliciones -que no-, sino que lo llamativo es que lo diga la Fundación, ‘campeona’ a la hora de exigir la ejecución de sentencias de obras con licencias anuladas por la Justicia. En definitiva, este ‘has lo que yo digo mas no lo que yo hago’ resulta poco presentable en una entidad respetable y señera a la hora de defender la protección del medioambiente, hasta que una ilegalidad le ha estallado en sus propias manos.

Carlos Serenelli