OPINIÓN. La responsabilidad de los políticos

LA CHINA EN EL ZAPATO. Por José Ignacio Sánchez Rubio

Conocida es mi aversión a que los políticos se atribuyan barra libre a la hora de disponer, a su capricho, del presupuesto que se nutre con los impuestos que pagamos. Y en correlación con ello, también es ampliamente conocida mi repulsa a que, una vez hecho el mal, estos políticos se vayan de rositas.

Mientras el común de los mortales estamos sujetos a las leyes y, de manera inexorable, se nos responsabiliza de las transgresiones que realicemos, en el caso de los políticos parece que la cosa nunca vaya con ellos. Tan solo una pequeña parte de las tropelías cometidas en este ámbito político se castigan y prácticamente cuando los hechos son constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos o de prevaricación, aunque el Código Penal dedique nada menos que 42 artículos a castigar los delitos especiales cometidos por políticos. Además, en todos los casos, las correspondientes figuras ilícitas están configuradas a medida de ellos, que son los que en definitiva las legislan, y tienen tal cantidad de excepciones y excusas absolutorias que no hay forma de imponer el castigo.

Así, mientras que el en caso de la malversación el tipo penal exige que exista animo de lucro propio o ajeno, cosa sumamente difícil de probar, la prevaricación política es prácticamente inaplicable a la casta política dada la condición excluyente de que las Resoluciones a las que afecte se hayan dictado con manifiesto conocimiento de su injusticia.

Bueno pues, según se nos ha anunciado, el nuevo Gobierno va a poner freno, de una vez por todas, al despilfarro de la casta política que, en gran parte, ha sido el causante del pozo económico en que nos encontramos, pues a estas alturas nadie ya se cree la excusa de que nuestra hecatombe se deba a la crisis mundial.

Así las cosas, personalmente aplaudo la idea aunque, históricamente, nuestro fallo ha sido el de no aplicar las leyes existentes y, rara vez, el de carecer de una norma ad hoc.

La pena es que aunque esta ley de honorabilidad política se promulgue, mucho me temo que en aplicación del principio de irretroactividad de las leyes, no pueda aplicarse a los abusos cometidos por los socialistas durante los últimos años. Y tampoco, por qué no, al actual ministro de Justicia que, durante su etapa como alcalde de Madrid, convirtió a ese Ayuntamiento en el más endeudado de España, con una deuda que, según parece, es superior a la suma de todos los demás ayuntamientos.

Pero como más vale tarde que nunca, sobran las palabras y falta la acción. La acción de promulgar esta Ley que castigue las infracciones políticas para así estrenarla con los gestores de la Junta de Andalucía si, como ya se ha apuntado, llevan adelante el plan financiero que han trazado ejecutar desde ahora hasta el 24 de marzo, día de las elecciones autonómicas de aquella Comunidad.

El referido plan, que ya se ha filtrado a la prensa, consistiría, según lo publicado, en llevar a cabo, una vez mas, una perversa práctica consistente en no contabilizar las facturas pendientes ni las que se produzcan en los próximos dos meses, guardándolas en los cajones hasta después de las elecciones. Con esta práctica, contraria a todas luces a las normas presupuestarias más elementales, se consigue falsear la realidad económica y financiera de la Comunidad autonómica, presentándola como muy saneada y, por supuesto, gracias al buen gobierno socialista que es el que allí manda.

Las consecuencias de este desmán no son otras que las de intentar engañar, una vez mas, al electorado andaluz y si esto no prosperara y el Partido Popular alcanzara la mayoría absoluta vaticinada por todas las encuestas, dejar a los populares una herencia ruinosa que ni siquiera puede aceptarse a beneficio de inventario.

De todas formas, dado el estado de las cosas, sea como sea, lo conveniente es que estos malhadados socialistas desaparezcan de la vida política española, si puede ser, para siempre.

Ya conocen ustedes el dicho: No hay mal que cien años dure. En este caso ya han pasado más de cien años; de honradez, según la propaganda política de aquel partido, pero de sinvergonzonerías, según acredita la realidad.