LA CHINA EN EL ZAPATO. Por José Ignacio Sánchez Rubio, abogado y economista

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No sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que unos de los valores más importantes para nuestra sociedad son los del respeto y el cuidado de nuestros mayores. Aunque no sea por otro motivo, nuestros padres nos dieron la vida y se ocuparon, junto con nuestros abuelos en muchos casos, de alimentarnos, educarnos y cuidarnos. Y esto no lo hicieron como una inversión de futuro para que, algún día, se lo devolviéramos, sino por ese sentido del amor y la responsabilidad que nace y se encuentra en lo más recóndito de nuestras almas. Es posible por ello, que a esos individuos malvados y desapegados de este sentimiento, les coloquemos el epíteto de desalmados o, lo que es lo mismo, carentes de alma.

Y el Estado, que debería obrar como un buen pater familia, ha de tener en consideración que nuestros mayores, además de formar parte de la ciudadanía, con los mismos derechos, al menos, que los políticos, dedicaron su vida mas útil a la creación de riqueza y al sostenimiento del propio Estado.

Pero no conforme con la contribución que al erario público hicieron nuestros antecesores, que fue la que permitió que el Estado subsistiera, les obligó a todos a contribuir a la constitución de un fondo que, bien administrado, habría  de servir mas adelante para devolvérselo en forma de pensión de jubilación, con la razonable intención de que dispusieran de recursos económicos cuando, por las limitaciones físicas propias de la edad, no pudieran generar su propio sustento.

Y así, trabajadores por cuenta ajena, autónomos, funcionarios y otros colectivos de españoles, sin pronunciar la mas mínima queja, estuvieron durante largo tiempo poniendo parte de sus ganancias en manos del Estado; Estado que no pestañeaba al emplear la fuerza para arrebatarles esa contribución, si no la hacían espontáneamente a su debido tiempo.

Hoy, estupefactos, nuestros mayores y todos nosotros, asistimos inermes a las sucesivas modificaciones legales que, en materia de pensiones, paren sus señorías los políticos, que bien podrían abortarlas, pues bien se preocupan de mantener esa incomprensible ley del aborto.

Estos miserables políticos vienen, desde hace tiempo, considerando que el Estado es de ellos y, supongo, que razonarán que como las pensiones las paga el Estado (que es de ellos), pueden reducirlas o eliminarlas a voluntad. Y todo ello, mientras emplean el dinero del Estado en hacer obras de caridad, con los gays y lesbianas de Zimbawe, con los patizambos de Nigeria, con la “Fundación de la Lenteja de Renka, hormonada para la Estimulación Sexual de la Mujer Lesbiana” y con otras organizaciones de similar pelaje.

Pues señoras y señores míos, la recalcitrante realidad es que cuando nuestros mayores pusieron en manos del Estado sus forzosas cotizaciones sociales, lo que estaban haciendo es entregarle al Estado, para que la custodiara y administrara adecuadamente, una parte de su esfuerzo del que se privaban a la espera de que algún día el estado se lo devolvería. En la práctica, muchos españoles dejaron de nutrir un plan o fondo de pensiones privado porque confiaban en el Estado. Y por ello, el Estado resulta deudor, y nuestros mayores acreedores, de esos dineros que, adecuadamente capitalizados les permitirían vivir dignamente en estos momentos.

Pero los políticos ha malversado también ese dinero recibido para destinarse a pensiones y ahora no hay recursos. Y escondiéndose detrás de la pantalla del Estado, intentan justificar lo injustificable: que no hay dinero para pensiones y, por eso, se congelan, o se bajan, o se suprimen, aunque eso no reza con las suyas. Pero, lo mas lacerante, es que el panorama general es el siguiente: Han de pagarse las pensiones, no con el dinero que los pensionistas pusieron en su momento, sino con las cotizaciones de los nuevos obligados a cotizar y, como cada vez hay menos trabajo, cada vez habrá menos cotizaciones y mas jubilados a los que pagar la pensión, porque la esperanza de vida se va alargando. Quizá por eso haya quien vea en las leyes de muerte digna de 8 de abril de 2.010 y 24 de marzo de 2.011, un sutil y criminal intento de resolver el problema de las pensiones por la vía de la eutanasia.

Eso sí, los políticos tan tranquilos porque sus pensiones quedan a salvo, tanto en cuantía como en plazo, fuera de la norma general. Y así nos luce el pelo, o sea que pueden prepararse todos los cotizantes de hoy porque el futuro de sus pensiones tiene el mismo color que el carbón de los mineros de León.