OPINIÓN. Petróleo a todo gas
DESDE MI ISLA ATLÁNTICA. Por Antonio Coll
No se asusten por el titular, sobre todo el rebaño ecologista y determinadas instituciones canarias, contrarias a las expropiaciones de hidrocarburo frente a Lanzarote y Fuerteventura. El mensaje del título se encuadra en el nuevo golpe a la estrategia anti-petróleo, en esta ocasión, por parte de la Comisión Europea que, a través de una comunicación oficial hecha pública el miércoles, responde globalmente a todas las denuncias presentadas, indicando que no ve amenaza medioambiental ni incumplimiento de las legislaciones vigentes de la UE. Esta visión se une a lo declarado por el Tribunal Supremo del Reino de España, al coincidir ambas consideraciones de que no se puede dudar de que las futuras prospecciones petrolíferas cuenten con todas las garantías ambientales y ecológicas, recogidas en determinadas leyes vigentes de conservación de los ecosistemas y hábitats naturales.
Por supuesto, yo aquí no voy entrar en el debate de la ‘lógica’ ecológica porque en cualquier economía actual, se impone lo que se ha llamado ideología del bienestar que puede convivir perfectamente con el equilibrio hombre-naturaleza. La actuación del hombre en los Jameos del Agua, es el mejor exponente clarificador para avalar mis reflexiones. Porque una cosa es pedir trigo para elaborar el pan de cada día y, al mismo tiempo, prohibir su plantación por cuestiones ambientales. Lo mismo, por ejemplo, en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, enseñanza, transporte, etc. Todos queremos calidad y ‘gratuidad’, pero para ello hay que producir y con los impuestos que recaudan las administraciones públicas, se puede ofrecer servicios prioritarios para toda la sociedad.
Del asunto del petróleo y las prospecciones ya he hablado en otras entregas y he expuesto abiertamente mi opinión sobre el tema, mucho antes de los dictámenes del Supremo y ahora de la Comisión Europea. Pero voy a insistir porque no hay peor pena para una sociedad la desinformación, manipulación o tergiversación de la realidad. Una sociedad madura y bien informada, está en mejores condiciones para opinar con propiedad y con criterios racionales.
A mi entender tanto el Cabildo de Lanzarote como el propio Gobierno de Canarias están perdiendo el tiempo y el dinero, cuando, en estas cuestiones internacionales, lo que se trata es ganarlo con el objetivo de sacar ‘tajada’ de una supuesta riqueza frente a nuestras costas y conseguir competencias para que las extracciones se lleven a cabo con las máximas garantías, en cumplimiento de las leyes vigentes. Pero para ello, hay que cambiar de estrategia y, en vez de oponerse radicalmente al ‘biberón petrolífero’, iniciar una campaña bajo el lema o slogan: “yo también quiero mamar”. Por muy simplista que sea mi particular recomendación, no es una opinión baladí, como podría parecer a primera vista. Practicar la realpolitik, es más inteligente y con más posibilidades de beneficiarnos de una riqueza que la naturaleza ha tenido el ‘honor’ de brindarnos. Auspiciar conflictos con el Estado y las compañías petroleras, repito, es una guerra perdida de antemano y a los hechos recientes me remito. Rectificar es de sabios. Y no estoy aquí hablando de sometimiento o sumisión. Todo lo contrario. Entablar negociaciones, presionar y conquistar derechos en los ámbitos marítimos y de minas, es dirigirse por un camino menos empedrado y aspirar a un futuro más prometedor, sobre todo para las nuevas generaciones canarias.
El físico Albert Einstein proclamó en su día: “Sólo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro de la primera”.
P. D.: En anteriores entregas advertía de un supuesto entramado en la constitución de Bankia y su matrriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), donde estaba integrada La Caja de Canarias. Ahora la Audiencia Nacional lo investiga, al admitir a trámite una querella criminal interpuesta por el partio político UPyD. Los querellados –consejeros de ambas sociedades- deberán responder por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta o desleal y otros supuestos delitos. El informe de la Fiscalía Anticorrupción fue admitido por el juez de turno.
