OPINIÓN. Pleitos insulares y las inversiones estatales a Canarias

DESDE MI ISLA ATLÁNTICA. Por Antonio Coll

Cada isla es competitiva entre sí por razones obvias, por ello propongo que se conforme una especie de ‘Senado’ canario o Consejo Nacional Canario, sólo representado por los presidentes de todos los cabildos insulares y que sus decisiones sirvan para evitar discriminaciones en los presupuestos generales de Canarias. Incluso, que tengan potestad para echar abajo leyes o normas aprobadas por el Parlamento de Canarias. Esta institución, igualmente, debe de reducirse al máximo por la poca efectividad que ha demostrado para servir de forma equitativa a todas las islas, porque al final los parlamentarios defienden los intereses de los partidos y no de las islas donde consiguieron la representación.

El trato recibido por la isla de Lanzarote en cuanto a inversiones o reparto de la tarta económica canaria es el mejor exponente clarificador de que el sistema de financiación es injusto y crea desavenencia entre islas, creando desarticulación entre los pueblos que conforman las islas. También es cierto que, en el caso de Lanzarote, los parlamentarios elegidos hacen poco o nada para defender los intereses de sus votantes.

En este sentido, aplaudo a los representantes de La Palma y Fuerteventura porque ellos sí se unen a la hora de ‘amarrar’ las partidas inversoras para sus islas. Y aquí no hablo de solidaridad, porque además de que, en la clase política, ese calificativo se la pasa por el c…, debe de exigirse criterios racionales y necesidades prioritarias a la hora del reparto.

Por ejemplo, la circunvalación de Arrecife es, posiblemente, la obra más prioritaria, actualmente, de Canarias, a pesar del retraso histórico que tiene en su ejecución, pues casi este año estuvo a punto de paralizarse y gracias a las gestiones del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, entre otros, se pudo conseguir una partida, si no suficiente, al menos para evitar no ralentizar aún más las obras. Y así mil ejemplos más ya conocidos por toda la población lanzaroteña.

En cuanto al reparto de fondos del Gobierno español, es Canarias la comunidad ‘autónoma” que menos recibe. Mientras en el resto de comunidades ‘españolas’ la inversión media se redujo un 29%, en el Archipiélago se reduce un 46%, según datos de la propia Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Esto se traduce en que el Gobierno colonial español –me da lo mismo el color político del partido que esté en el poder- “robará” a las islas más de 4.000 millones de euros.

Según la versión oficial del Gobierno de Canarias, desde 1995 ninguno de los ejecutivos anclados en La Moncloa ha respetado y cumplido el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado en su día por el Congreso Español. El propio REF es explícito y ‘obliga’ a la Administración Central del llamado Reino de España a invertir en Canarias el 50% de las cantidades que Madrid recibe de las islas, en compensación por la desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas –antiguo ITE-. Es más, la ley estatal del REF es clara y categórica en cuanto dice que jamás las partidas económicas de la ‘tarta’ estatal pueden ser inferiores a la media española.

En el ejercicio 2012, repito, la media fue un 29% y a Canarias le vuelve a castigar con un 46%, como indiqué anteriormente. Hace más de 13 años, los gobiernos españoles y el propio Congreso no cumplen con los preceptos legales, aprobados por ellos mismos. Cuando yo hablo del derecho de autodeterminación de los canarios no es por capricho o actitud folklórica o “patriotera”, sino por una realidad ‘indigna’ para los intereses canarios y que de forma sistemática el Gobierno colonial español, con sus torpes o ‘malintencionadas’ políticas, está poniendo en juego no sólo el bienestar del pueblo canario y sus residentes, sino que está empobreciendo cada año más a las familias y empresas canarias.

Y ello conlleva un alto calado de dramatismo y desesperanza, si los pobladores de las islas no despertamos e iniciamos, de forma pacífica, pero contundente, la reivindicación a exigir la descolonización u otras opciones beneficiosas para las islas. Porque los hechos cada día me están convenciendo de que Canarias sólo puede tener futuro, por ejemplo, si sus competencias, en el ámbito de política económica y fiscal, tuvieran una similitud a un estado federal.