OPINIÓN. Sin subidas de impuestos
ESCRITOS ECONÓMICOS. Por César Miralles
, doctor en Economía por la Univerisidad de Frankfurt y ex director del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias
En ausencia de medidas adicionales la mayor parte de los analistas descontamos un incumplimiento por parte de gobierno español del objetivo de déficit para las administraciones públicas en el periodo 2011-2013. Una previsión menos optimista de del consumo, la inversión así como un mantenimiento de una elevada tasa de paro mermarán los ingresos tributarios y presionarán al alza el gasto social, provocando un mayor déficit público en los presupuestos autonómicos y en la Seguridad Social. A groso modo, de cara a corregir la tendencia, las administraciones públicas deberán reducir el déficit en aproximadamente 6.000 en cada año del periodo mencionado.
Ante este panorama el gobierno entrante se verá tentado y casi obligado a tener que tomar medidas muy drásticas e impopulares en materia tanto en materia de recorte de gasto como de ingresos (impuestos). Los cambios impositivos (tanto subidas como bajadas) afectan a las decisiones de ahorro y consumo de empresas y hogares, y por tanto tienen un impacto en la actividad económica. Como norma general, las subidas de impuestos deberían practicarse en épocas de vacas gordas y no de vacas flacas como la actual, principalmente porque implica reducir la renta disponible de familias y empresas que se encuentran en una situación maltrecha.
Además, alcanzados elevados niveles de presión fiscal, nuevas subidas impositivas pueden conllevar una reducción de la recaudación vía salida de capitales o incremento de la evasión y fraude fiscal. Por otro lado, toda subida de impuestos indirectos, por ejemplo IVA o el impuesto especial sobre el tabaco, es injusta por el hecho de no discriminar en función de la renta disponible del sujeto que tributa. En otras palabras, el IVA lo acaban pagando en mayor medida las clases medias, por tanto injusto en su naturaleza.
En mi opinión, toda subida de impuestos carece de legitimidad ante la sociedad en tanto en cuanto exista suficiente margen de maniobra para reducir el gasto. Es falso que no exista margen para mancomunar servicios y/o mejorar la eficiencia y coordinación en el gasto de las distintas administraciones públicas (Comunidades Autónomas, Cabildos, Ayuntamientos, Estado, Seguridad Social y todos aquellos entes públicos dependientes de éstos, como son las empresas y fundaciones públicas).
En un contexto de elevado paro, renta disponible familiar estancada y pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de una congelación en los salarios, mínimo impulso de la inversión pública productiva, bajos beneficios empresariales, y serias restricciones crediticias, la vía más neutral de acometer el ajuste presupuestario es predominantemente la del gasto público y no de los ingresos. En otras palabras, los efectos perniciosos sobre el consumo o la inversión producidos por una hipotética subida de impuestos superan con creces el mero hecho de contar con más recursos para mantener el gasto público. Entre otros motivos porque el efecto de un incremento del gasto público sobre la actividad privada queda reducido a su mínima expresión desde el momento en que no fluya el crédito hacia el sector privado.
