OPINIÓN. Una imputación y sus consecuencias políticas

DESDE MI ISLA ATLÁNTICA. Por Antonio Coll

Fue Carlos Espino, el político con más poder en Lanzarote, junto al líder histórico del Pil, Dimas Martín. En los primeros años de la actual legislatura controló y a su imagen y semejanza las dos instituciones más importantes de la Isla –Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife- y dirigió la empresa pública Centros Turísticos. Precisamente por la gestión de esta última ha sido imputado por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, de los delitos de cohecho, fraude y malversación de fondos públicos.
Las actuaciones del Secretario General del PSOE en Lanzarote siempre han sido controvertidas, beligerantes y, posiblemente, excedida en prácticas, al menos, irregular, partidista e intervencionista como hombre público. Su fatalismo parece que estaba escrito porque en dos años y medio no desfalleció en enfrentarse a grupos económicos hoteleros de la isla, medios de comunicación que no le eran afines y un largo etcétera de “atropellos”, la mayoría de las veces sin razón. Utilizó todos los resortes que el poder ofrece para desprestigiar la buena imagen turística de la isla. Judicializó la vida política y empresarial de Lanzarote, cuando lo más lógico era negociar y llegar acuerdos con el sector turístico para legalizar el asunto de los hoteles. Construyó un “chiringuito”, conformado por “ilustres” letrados e intelectuales y “subvencionó” a determinados medios de comunicación para que le sirviera de atalaya y pregonara los “sermones” propios y los de su partido. Estuvo mucho tiempo con los mensajes de “política sostenible” pero no dudó en negociar con hoteleros afines para solventarles las irregularidades urbanísticas. Imponía sus directrices, conjuntamente con Dimas Martin, al que luego se descolgó, pero pagó muy caro el deshacerse del pacto con el PIL ya que perdió la gobernabilidad de la isla y el Ayuntamiento de Arrecife. Posiblemente, en la reciente historia democrática de Lanzarote, el periodo entre junio de 207 a octubre de 2009, se puede catalogar como la peor crisis política vivida por la sociedad lanzaroteña. Ya digo fue un periodo “desquiciado” y “anómalo” y que gracias a las mociones de censura, el territorio insular volvió a vivir la “normalidad” gracias a los nuevos gobernantes CC-PP-PNL junto al nuevo PIL.
La imputación a Carlos Espino conlleva una magnitud que incluso puede afectar a todo el PSOE canario si no toman medidas correctoras a tiempo. Ya hay sectores críticos de los socialistas que solicitan a la ejecutiva en el ámbito canario, actuaciones para obligar al máximo exponente insular su dimisión. El propio Fabián Martín, hijo de Dimas, califica a Carlos Espino de “irresponsable, caradura, cínico e hipócrita”, tras las declaraciones realizadas por el socialista al salir de los juzgados, una vez prestó declaración ante el Juez y fue ratificada la imputación. Las pérdidas contraídas por la EPEL-CACT, en el periodo que fue gestionada por Espino, produjeron un déficit de más de 17 millones de euros. Y estas pérdidas no se arrastran por casualidad o por el mero hecho de llevar una mala gestión sino por “malas prácticas” y favoritismo en las acciones despilfarradora. La “caja de caudales” de los Centros Turísticos sirvió para crear el clientelismo y el “amiguismo”, como viene a confirmar la imputación judicial al apreciar indicios delictivos en su gestión como consejero delegado.
La cuenta atrás, políticamente hablando, de Espino ha comenzado. Todas las “farsas comedias” al final se descubre. En definitiva, Carlos Espino ahora debe de enfrentarse a la Justicia y a su propio partido. Pronto veremos las consecuencias. El más expeditivo “cazador” y “francotirador” de la isla ha sido, en primera instancia, “cazado”. Ya “algunos”, incluidos los suyos, han encendido el horno. No por ello me alegro. Pero ya se sabe que los excesos en política como en otros menesteres de la vida, se paga y, a veces, muy caro.