Pamparacuatro no actuó solo
Por Francisco J. Chavanel (Artículo publicado en Canarias7)
1.- Cuando se trata de que uno solo pague por las culpas de muchos
El pasado cinco de agosto el juez César Romero Pamparacuatro, instructor del ‘caso Unión”, pudo ser visto en Lanzarote, concretamente en el Teleclub de la Santa Sport, con el denunciante del caótico asunto, Carlos Espino, entonces secretario insular del PSOE. El encuentro tuvo lugar dos semanas antes de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera en mes inhábil, de forma inesperada, y sin estar dentro del orden del día, iniciar una investigación para conocer si hay delitos en el trabajo efectuado por el citado juez. No es la primera vez que ambos se reunían. Conviene no olvidar que el caso se inicia en verano de 2008 en la primera guardia de Pamparacuatro, es decir, acabadito de aterrizar en Lanzarote. A esa primera guardia acude Carlos Espino con la grabadora Gnome, propiedad del capitán de la UCO, Vicente Corral Escuriz, conteniendo en su interior las palabras acusadoras del intermediario Fernando Becerra.
Consta para los que hemos seguido el drama que Pampacuatro ha solicitado en varias ocasiones ayuda al PSOE para salir bien parado del entuerto. Desconocemos, sin embargo, si el juez ya estaba informado de lo que iba a suceder en la reunión del CGPJ y recurrió a Espino para frenar el golpe como tantas veces anteriormente. Es lo más probable pero no puedo asegurarlo. Ni Espino ni el PSOE tienen la menor influencia en el actual órgano de los jueces. Lo tuvieron y mucho en la época en que Carlos Dívar fue presidente, y Zapatero vacacionaba en Lanzarote, y se reunía con Pilar del Río (viuda de Saramago, y pseudo autora intelectual del célebre antireportaje de la Sexta sobre la corrupción en la isla), miembros de la Fundación César Manrique y, por supuesto, con la orquesta desafinada que coordina desde su despacho Manuel Fajardo, entre los que cabe contar al “saxofonista” Espino.
A Dívar lo conocía Rubalcaba y fue él quien lo aupó a la presidencia del CGPJ sabiendo lo que sabía de sus andanzas sexuales pagadas con dinero público. También fue Rubalcaba, en calidad de ministro del Interior, el que autorizó la operación Unión y el que colocó a la UCO al frente de la investigación, con competencias superiores a las que tenían Pamparacuatro y el fiscal Ignacio Stampa. Las primeras vacaciones de Zapatero en Lanzarote se remontan a agosto de 2008, justo un mes después de haberse comenzado lo que fue una persecución en toda regla contra los enemigos del régimen. De modo que Zapatero disponía de información de primera mano sobre la furiosa “limpieza” que el socialismo estaba realizando en la isla.
Tengo en mi poder una copia de los viajes de Carlos Espino a Madrid en los días previos a la grabación de Fernando Becerra. Cabe pensar que se reunió en varias ocasiones con los responsables de la UCO y que fue la Guardia Civil quien marcó las pautas desde el principio. También cabe pensar que Pamparacuatro fue elegido por sus aspiraciones garzonitas, y que Stampa, con su orgullo desmedido y su pretenciosidad, era perfecto para el rol de implacable justiciero en estado de celo. Pero Espino no era realmente nadie de peso para cerrar algo tan delicado con Rubalcaba y posteriormente entenderse con la UCO. Alguien hizo ese trabajo, alguien con influencia, alguien, seguramente, que ya había estado en algún ministerio antes y contaba con el cariño y el afecto de Zapatero. Si al leer estas líneas Juan Fernando López Aguilar cree que me estoy refiriendo a él, acierta plenamente.
2.- La responsabilidad de Rubalcaba, Zapatero, y la UCO
Cito a Rubalcaba y su influencia en el caso por lo siguiente: de “Faysán” salió indemne porque al final importó más la paz en Euskadi que el chivateo que recibieron los terroristas para que abandonaran el bar y no fueran detenidos por la policía. Esto es distinto. Aquí no nos topamos de bruces con una razón de Estado, sino con una razón de un partido político que instrumentaliza los innumerables recursos de un Gobierno al que ha llegado por voluntad popular, con el objeto de lograr un propósito que vulnera claramente las condiciones mínimas exigibles a un estado de derecho. Es tan grave lo que han protagonizado seres a los que hemos incrustado en la sala de máquinas del Ejecutivo central que tengo todo el derecho del mundo para preguntar si la Justicia y la clase política piensan acabar con esta vergüenza abriéndole un expediente al señor Pamparacuatro para luego mostrarle la puerta de salida.
De la misma forma, y atendiendo al comportamiento de la UCO, cuyo capitán parecía confundirse con el jefe de un ejército que había dado un golpe de mano, tengo todo el derecho a preguntarme si determinadas actuaciones se pagaron con fondos reservados. El PP puede saberlo mejor que yo. Seguro que si hubo gastos se anotaron en algún sitio. Algunos políticos que siguen este serial debieran preguntar en el Parlamento y en el Senado. ¿Cómo se financiaron las investigaciones del caso Unión? ¿Quién pagó y cuánto? ¿Cuánto nos ha costado a los ciudadanos las mentiras prodigiosas urdidas por los que tenían la obligación de velar por el prestigio de las instituciones y no mancillarlas en las escabrosas trapisondas de un partido político?
3.- La Fiscalía canaria calla y consiente, mientras en Madrid empiezan a hacer preguntas
Escucho últimamente en los círculos judiciales: Pamparacuatro nos humilla a todos; lo sucedido en Lanzarote es un antes y un después; no estuvimos atentos pero ha llegado el momento de que este señor pague por lo que ha hecho… Repito: Pamparacuatro no es él único. Tiene una responsabilidad concreta en una instrucción calamitosa. Pero la misma responsabilidad tiene el fiscal Ignacio Stampa, que lo apoyó en cada una de sus decisiones, e incluso alimentó la cizaña todo lo que pudo sabiendo que estaba protegido desde el Estado. Que yo sepa no conozco ningún movimiento de la Fiscalía de Las Palmas (Guillermo García Panasco) o del TSJC (Vicente Garrido) orientada a tomar medidas contra los que tanto daño hicieron. Si conozco, en cambio, que a Madrid han llegado noticias de esa Fiscalía que se ha autoconsiderado “la garante del caso”, pese a que el fiscal que sustituyó a Stampa, Javier Ródenas, fue informado durante diecisiete horas de las barbaridades urdidas por Pamparacuatro y Stampa por la jueza Lucía Barrancos, y aún así se callaron la boca, miraron hacia otro lado, y continuaron en su labor embrutecedora de llevar a la cárcel a todos los que pudieran, sin contar para ello con los soportes probatorios imprescindibles.
A mí la Fiscalía no me convence “desimputando” a 17, o regando por determinados lugares que van a “desimputar” a más. Yo espero que el fiscal general del Estado se sienta engañado y traicionado por hacerles el favor a “los garantes” de tratar de intimidar a quien perseguía la auténtica verdad, en un movimiento desesperado para que no se conociera el alcance de sus turbias actuaciones. El ministro Soria también estuvo de vacaciones en Lanzarote este año y conoce al detalle todo este desgraciado asunto del que todos hablan espantados. Aguardo la reacción de Torres Dulce y aguardo otro Consejo Fiscal que decida algo parecido a lo realizado en su día con el CGPJ con Pamparacuatro. Inevitablemente un caso tan escandaloso como éste saltará antes que tarde en los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
4.- La UCO y los tres mil folios redactados después de irse Pamparacuatro
En este mismo ejemplar mi compañero Carlos de Inza publica otra información que pone los pelos de punta. A los archivos desaparecidos, los folios no numerados y también desaparecidos, las grabaciones que no son originales, cortadas y amputadas, los abundantes autos y providencias no firmados por el juez, y un montón de etcéteras, nos encontramos ahora con unos cuantos documentos bis, folios que reemplazaron a los originales, redactados años después, conteniendo profundas falsedades. Lo que De Inza cuenta hoy es que no son ni veinte ni treinta, sino 3.000 folios contaminados. Todo aquello que tiene que ver con el caso Unión centrado en el Ayuntamiento de Arrecife y su conexión con el caso Jable, fue escrito años después de que se tomaran decisiones sensibles como la cárcel para algunos de los detenidos, calabozos, registros, en fin, toda una serie de acciones nauseabundas indignas de una civilización occidental. 3.000 folios escritos por la UCO, cuando Pamparacuatro ya había sido enviado a un juzgado de La Laguna… La UCO, pues, el “juez” del caso.
¿Se percatan porque extiendo el manto hacia la UCO? Los instructores, Pamparacuatro y Stampa, tendrían mucha suerte en conseguir un trabajo en un país serio. Pero ellos fueron elegidos. Elegidos por los que querían controlar la totalidad de Lanzarote. La UCO vino a Lanzarote por decisión expresa de Rubalcaba, y del gobierno de Zapatero. Por lo tanto, del PSOE. Y es el PSOE el que instala a Antonio Castro Feliciano en el sillón de la presidencia del TSJC y es el PSOE el que apuesta por Carlos Dívar en el CGPJ. El informe Barrancos, entregado al TSJC y al CGPJ, se esconde durante tres años, bloqueando cualquier posibilidad de que tan sustancial prueba fuese utilizada por los imputados. Y eso se hizo porque le convenía al PSOE.
Si el socialismo continuara mandando en el Estado el informe Barrancos seguiría siendo un desconocido, lo que significa que la amargura que ha destrozado la vida de un montón de personas que fueron condenadas con pruebas fabricadas desde el artificio y la ilegalidad hoy estaría agigantándose, acabando con sus esperanzas, derritiendo cualquier asomo de justicia.
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