Pero, ¿de qué estamos hablando?
Por Sigfrid Soria, ex diputado autonómico
Un gobierno que estaba de acuerdo con las prospecciones petrolíferas hasta enero de 2012, acorde a lo que lleva en su programa electoral Coalición Canaria y acorde al “haría las prospecciones petrolíferas con los ojos cerrados” del Secretario General del PSOE de Canarias, y que a partir de esa fecha cambia antagónicamente su posición enarbolando la bandera del rechazo a las prospecciones, es un gobierno que debe explicar el por qué de dicho cambio de posición.
El rechazo a las prospecciones impulsado por el gobierno de Canarias desde enero de 2012 se ha basado en tres pilares fundamentales: el supuesto riesgo inasumible de catástrofe ambiental, el supuesto rechazo masivo de los canarios a las prospecciones y la supuesta vulneración jurídica de quien intenta conocer qué hay en aguas españolas en la misma zona en la que Marruecos lleva haciendo en sus aguas lo propio, con resultados esperanzadores para ese país vecino.
Toda vez que tanto la Justicia española como la propia Comisión Europea han desmontado la suposición del riesgo catastrófico, realmente el riesgo es prácticamente cero, así como también está desmontado el mítico rechazo masivo de los canarios, en la última convocatoria autonómica los asistentes a las manifestaciones no superaron el 2,3% de todos los habitantes del archipiélago, ¿qué le quedaba al Ejecutivo canario?
El pilar jurídico,o mejor dicho el último intento de dicho pilar. Digo el último pues hay una larga lista de recursos judiciales interpuestos y, absolutamente todos, fallados en contra, es decir, fallados a favor de las prospecciones. Ese último intento ha sido la convocatoria de un referéndum en Canarias. Esa ha sido la última apuesta de ese gobierno de Canarias que, hasta el momento, ha perdido todos los argumentos y, de paso, ha gastado en vano cientos de miles de euros de todos los canarios.
Pues bien, sin entrar a valorar el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha dado un nuevo varapalo al Ejecutivo canario al suspender el referéndum. Cabe recordar que, previamente, el Consejo de Estado había apoyado al gobierno de España, también por unanimidad, en su recurso al Constitucional. A la vista de tanto fiasco, ¿qué conclusión cabe hacer?
Cuando un gobierno propone una acción estrella en la que pretende involucrar a todos sus representados y la Justicia tumba tal propuesta, es un gobierno que queda automáticamente invalidado para representar por más tiempo a nadie.¿Qué exigiría el gobierno de Canarias al gobierno de España si el Tribunal Constitucional hubiera rechazado el recurso? ¿Qué exigiría el gobierno de Canarias al gobierno de España si la Justicia le hubiese dado la razón en alguno de los diferentes recursos presentados ante los Tribunales españoles o ante Bruselas? Los canarios estamos ante nuestro derecho y obligación de exigir responsabilidades al gobierno de Canarias.
Estamos hablando de que los canarios tenemos un gobierno que ha intentado una acción anticonstitucional por razones políticas y el Estado de Derecho se lo ha impedido; así de fuerte. Estamos hablando de que el gobierno que dice representar a todos los canarios ha sido desautorizado judicialmente en su intento de enarbolar la bandera de la representación de Canarias. De cuestiones tan graves estamos hablando.
