Poder absoluto
Por Francisco J. Chavanel
*Publicado en Canarias 7
El ciudadano empieza a comprender ahora que las investigaciones sobre casos de corrupción que asolaron las Islas antes de las elecciones autonómicas de 2007 –en el caso de Lanzarote, en 2008- no buscaban precisamente la desaparición del delito, sino la exterminación del “presunto” delincuente, en todos los supuestos contrincantes políticos del PSOE, que en aquel entonces controlaba los resortes del Estado.
La decepción se puede tocar con los dedos. La gente se siente engañada después de habérsela flagelado escuchando programas de radio en las que se condenaba a media humanidad, o leído páginas y páginas de periódicos que no dejaban lugar a la duda sobre la autenticidad de las actuaciones. Nadie en la época puso en duda la veracidad de lo sucedido, y tampoco casi nadie después. El hecho de que las fuentes informantes procedieran de “intachables” cargos policiales, fiscales con deseos de pasar a la historia, o jueces que defendían intereses personales emparentados con la más pura ambición de trepar, otorgaban a la secuencia de detenciones, encarcelamientos, requisas, e imputaciones, una categórica seguridad de verdad indiscutible que aún hoy resulta peligroso enfrentarse a acontecimientos manipulados por la perversidad de quien creyó ostentar un poder absoluto.
Desde que se iniciara a ritmo de batucada el “caso Eólico” han pasado nueve años. Nadie sabe cuándo será el juicio, al igual que sucede con la matriz de Faycán, Góndola, Las Teresitas, y Unión. Culpabilizan a los abogados de la defensa de dilatar el proceso por demandar pruebas y más pruebas. Están en su derecho, sobre todo cuando algunos de los procedimientos usados son impropios de un estado democrático que se jacta de preservar la equidad entre los ciudadanos en procesos judiciales.
Algunos ciudadanos decepcionados, votantes de izquierdas en su mayoría, se agarran a la teoría del fin que justifica los medios, como en su momento hicieron los investigadores, que no dudaron en trocear las conversaciones pinchadas para que parecieran más graves de lo que eran, convertir en shows mediáticos cada una de las detenciones o imputaciones, malaconsejar incluso a los jueces conduciéndolos hacia sus arteros objetivos… En los chats se asoma esa suerte de ignorancia, esa deseseperación incontrolable, la agonía de una estafa perpetrada por aquello que era intocable. Algunos se agarran a un clavo ardiendo afirmando que da igual, no importa que se haya actuado parcial o ilegalmente, lo único importante es que eran culpables desde el principio aunque no existieran pruebas que lo demostrasen. Vivimos en una sociedad sectaria y egocéntrica, dos gravísimos defectos vinculables a la ceguera. Tiene que ver con la ausencia de una civilización mínimamente avanzada, con el fracaso educativo, con la perseverancia en los mismos errores que nos condujeron a una vergonzosa guerra civil entre hermanos. Los militares han sido felizmente absorbidos por el sistema; el gen de la exterminación del otro que no piensa como tú sigue ahí, agazapado, aguardando su oportunidad para desvelarnos.
Es incomprensible que determinados funcionarios del Estado –pertenecientes a la Policía, Guardia Civil, Fiscalía Anticorrupción, al cuerpo de Jueces-, no hayan sostenido el principio de seguridad jurídica a la hora de tomar ciertas decisiones. Es asombroso que se hayan sobrepasado unas cuantas veces sin procurar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, provengan de donde provengan. Es desastroso para el sistema que el Estado, con todo su poder absoluto, haya avasallado de forma punitiva a unos cuantos imputados robándoles un derecho fundamental recogido en la Constitución. Ningún Estado que se precie como tal puede hacer valer sus derechos a través del avasallamiento, el castigo desmedido, la vulneración de la ley. Si toleramos eso nos dará igual que entren en nuestras casas sin orden alguna a la hora que prefieran, que nos hagan desaparecer en la oscuridad de los cuarteles, que nos disparen en la sien cuando objetemos nuestra disconformidad por lo que sea.
Si algunos de los detenidos estuvieron cuatro días en los calabozos eso es ilegal; si a alguno se le quiso encarcelar en la cárcel La Modelo de Barcelona existiendo un auto judicial que lo reclamaba en Lanzarote, eso es ilegal; si desaparece la grabadora que registró el inicio del caso, eso es ilegal; si se detiene a una persona a las ocho de la mañana, junto a sus hijos, y con una docena de periodistas apostados frente a tu casa, eso es una felonía indigna de gente con responsabilidad; si no están firmados 95 autos de otras tantas actuaciones, eso, además de cómico, es impresentable; si además firmas cuando estabas de vacaciones, eso es diabólicamente ilegal; si te pones de acuerdo con los medios de comunicación para ajustar la dirección de sus balas, entonces eres juez y parte; y si los pones en el barco de un amigo para que machaquen por enésima vez a los que metiste en la cárcel, es que la toga sobra.
Ha habido instantes muy prolongados donde las garantías procesales prácticamente no existieron para casi ninguno de los imputados. ¿Se ha conseguido eliminar la corrupción? No. La corrupción está instalada esencialmente en las cúpulas políticas y en los altos funcionarios. De todos los partidos, de muchas de las instituciones. ¿Se logró que JFLA subiera a los cielos? No. Se logró, eso sí, demonizar a una parte social, hundir prestigios y aniquilar personas, introducir el miedo ante un Estado que no sólo no te protege sino que te acosa y te derriba si no estás en sintonía.
El PP sabía de todo eso cuando ascendió al Gobierno de la Nación. El ministro canario lo sabía, pues lo sufrió en sus carnes. Y sin embargo no han hecho nada para frenar la larga lista de aberraciones. Sólo su propio miedo y su hipocresía, colocándose un disfraz liberal cuando en el fondo se teme tocar las teclas del magma contaminante que gangrena la seguridad jurídica de una sociedad que interesa que esté dominada por el pavor, impide un acto de arrepentimiento tan necesario como la propia verdad. Mi única fe reside en la propia Justicia. Es ella la que debe apartar de su lado a quienes desde dentro la desacreditan. Un exceso de corporativismo afirmaría que todos son iguales. Y eso no es cierto. La inmensa mayoría de ellos son profesionales extraordinarios, merecedores de elogios y halagos, estrictos cumplidores de la legalidad. Pero ha habido errores antológicos producto de la manipulación política. Es hora de asumirlo.
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