Un informe pericial como “dinamita pura”
Por Antonio Coll
“Quien dice qué a quien por qué con que efectos”, escribió Harold Lasswell, para crear la teoría de la comunicación y descifrar la transmisión de los mensajes. El polémico informe redactado por la jurista del Cabildo de Lanzarote, Joana Macías y remitido a la juez Silvia Muñoz, ha transmitido nuevos “cortocircuitos”, después del cierre cautelar, hace meses, de Bodegas Stratvs, implantada en el mismo centro del paraje vitivinícola de La Geria y una de las más modélica de Canarias y del Reino de España. Si ya de por sí el cierre, como medida cautelar, levantó mucha polvareda, por ser considerado, a decir de muchos expertos, como desproporcionado, ahora el informe pericial, redactado por la citada jurista, a petición de la Juez, por la posible contaminación de sus aguas residuales, es interpretado por otros técnicos, entre ellos el Jefe de la Oficina del PIOT y por el propio presidente del Cabildo de Lanzarote, como carente de “objetividad”, imperfecciones e impertinente, por excederse, incluso de sus competencias, a lo solicitado por la magistrada. En pocas palabras, un informe redactado como “dinamita pura” porque añade más “minas” al desamparado campo lanzaroteño.
Un día más tarde de conocerse el contenido del dictamen de Joana Macías, Pedro San Ginés, una vez consultado el servicio jurídico de la institución, remitió un escrito a la Juez, relatando los argumentos erróneos de la nombrada jurista. En este proceso, la Juez Silvia Muñoz, ha respondido al presidente San Ginés, advirtiendo que el Cabildo no puede valorar ni supervisar los informes que realizan sus técnicos a petición del Juzgado, para no influir en su “independencia”. Naturalmente es una respuesta muy subjetiva porque entiendo que en el sistema judicial, los informes o dictámenes periciales son pieza clave, porque pueden determinar la decisión del juzgador a la hora de dictar sentencia. En el caso que nos ocupa, no solo puede perjudicar a la Bodega Stratvs sino al reciente Plan Especial de la Geria, elaborado por el Gobierno de Canarias, que si bien no recoge todas las reivindicaciones del sector vitivinícola de Lanzarote, es considerado como instrumento útil para regular a las bodegas existentes, que son precisamente las estructuras que mantiene el paisaje que se quiere conservar. Solo decir que se han necesitado 14 años para dicho plan especial.
Por eso, es un contrasentido, al decir de muchos analistas y el propio Cabildo, que la redactora del informe ponga en duda el apartado “Protección de Infraestructuras y Equipamientos” del Plan Especial, porque, según su opinión, “Bodegas Stratvs podría legalizar su situación ahora puesta en tela de juicio”. Pero, es que es la razón de ser, no solo para Stratvs, sino para las demás bodegas implantadas en la Geria.
Un informe que dicta sentencia…
Percibo que la jurista, al redactar el informe, pensó que ella era la Juez, porque, en un análisis de contenido específico, parece que ha “dictado sentencia”, sobre todo contra Bodegas Stratvs para evitar que se legalice su situación. En este sentido, se olvida que si Stratvs no se legaliza, tampoco podría hacerlo las demás bodegas, que tienen similares problemas. Naturalmente, dudar de la profesionalidad y ética de la jurista me parece atrevido por mi parte, porque no soy experto en cuestiones judiciales, pero por sentido común, capto que ha empleado una redacción poco afortunada para los intereses generales del sector vitivinícola de La Geria, incluso cuando remata que “el Plan Especial podría incurrir en algún tipo de vicios de nulidad”. También, según otros técnicos del Cabildo, la “redactora” del informe, realiza una “errónea interpretación” al argumentar que el Plan Especial “ofrece incluso un uso público a Bodegas Stratvs, para implantar la futura oficina del Paisaje Protegido de La Geria”. En este sentido, el propio presidente Pedro San Ginés, lo ha desmentido en declaraciones públicas a un medio de comunicación. No obstante, este hecho se encuadra en decisiones políticas y ahora no es momento para adelantar acontecimientos, aún no contemplados.
Es obvio que la relevancia o no del informe, es una cuestión que debe dilucidar la propia magistrada, en primera instancia. Pero el paradigma de Laswell: “Quien dice qué a quien por qué con que efectos” espero que pronto tenga respuesta, ya que el desconcierto reinante, en muchos espectro de la sociedad, sobre todo, en el sector vitivinícola, tiene su justificación, ya que de nuevo nace la incertidumbre sobre el futuro del mismo, después de años esperando soluciones políticas para el Paraje de La Geria, que fue creado por el propio agricultor lanzaroteño que no entiende de “enredos” legales o legalistas y, menos, cuando se quiere echar más fuego al árbol ardiendo.
El fondo del Plan Especial de la Geria tiene un objetivo constructivo y es ofrecer soluciones a problemas creados, precisamente, por la falta de actualización del mismo ordenamiento jurídico. Como todo en la vida, hay que adaptarse siempre a las nuevas circunstancias que demanda la sociedad y, en el caso que nos ocupa, un sector tan sensible como el vitivinícola, que se asienta en un paisaje protegido. Aunque parezca baladí, no lo es. Porque, precisamente, para conservar el paraje de la Geria, es necesario proteger y dar facilidades legales a las bodegas-infraestructuras implantadas. Por la sencilla razón, de que si desaparecen las bodegas, desaparece la Geria, porque los agricultores dejarán de cultivar y mantener el propio paisaje como hasta ahora.
En conclusión, el informe de Joana Macías, se puede considerar como una opinión muy “particular” de ella, en cuanto, según palabras del propio presidente del Cabildo de Lanzarote, que habla en nombre del gabinete jurídico de la institución, no está validado por el Gobierno Insular y además contiene “grandes errores garrafales”. Para abreviar, ¡dinamita pura!
