En los últimos años, Interpol ha sido objeto de crecientes críticas por el uso indebido de su sistema de alertas rojas — especialmente en casos con motivaciones políticas. Las órdenes de arresto internacional, conocidas comúnmente como notificaciones rojas, son herramientas poderosas para promover la cooperación policial global. Sin embargo, su uso debe cumplir principios de neutralidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. En respuesta a las preocupaciones internacionales, la organización ha adoptado nuevas medidas de control que buscan limitar los abusos del sistema. En este artículo, explicamos cómo Interpol está actuando frente a este desafío y qué impacto puede tener sobre el uso legítimo de una orden de arresto en contextos internacionales.

La principal función de una orden de arresto emitida por Interpol no es detener directamente a una persona, sino alertar a las fuerzas policiales de los países miembros para que actúen si el individuo es localizado en su territorio. Esta alerta debe basarse en una causa penal legítima reconocida internacionalmente, y no puede ser emitida en relación con delitos de carácter político, militar, religioso o racial, según el artículo 3 de la Constitución de Interpol.

La neutralidad política de Interpol: un principio bajo presión

Uno de los pilares fundamentales del sistema Interpol es su compromiso con la imparcialidad política. Sin embargo, varios gobiernos han sido acusados de utilizar las notificaciones rojas para perseguir a opositores políticos, activistas, periodistas o disidentes exiliados. Esto ha generado fuertes tensiones diplomáticas, críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y ha puesto en cuestión la integridad del sistema.

Países con sistemas judiciales débiles o altamente influenciados por el poder ejecutivo han podido aprovechar los procedimientos rápidos de Interpol para difundir órdenes de captura sin garantías adecuadas. Esto ha provocado detenciones arbitrarias en aeropuertos internacionales, restricciones a la movilidad y violaciones a la reputación de personas que no han cometido ningún delito real.

El desafío para Interpol ha sido encontrar un equilibrio entre facilitar la cooperación internacional contra el crimen y evitar convertirse en una herramienta de persecución ideológica. En este contexto, las reformas institucionales se han vuelto urgentes.

Reformas recientes de Interpol: más transparencia y garantías

En respuesta a estas problemáticas, Interpol ha implementado en los últimos años una serie de reformas significativas destinadas a reforzar los mecanismos de control sobre las solicitudes de notificación roja. Uno de los cambios clave ha sido el fortalecimiento del papel de la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol (CCF), el órgano responsable de revisar la validez de las alertas emitidas.

Hoy en día, antes de que una notificación roja sea publicada, la Secretaría General evalúa cuidadosamente el contenido de la solicitud, verificando si cumple con los principios fundamentales de Interpol, incluidos los relativos a los derechos humanos y la no injerencia política. Además, se ha introducido la posibilidad de revisión más ágil por parte de la CCF cuando existen alegaciones de motivación política.

Asimismo, se ha promovido una mayor formación de los funcionarios nacionales que interactúan con Interpol, con el objetivo de mejorar la calidad jurídica de las solicitudes de arresto internacional. El nuevo sistema busca evitar duplicidades, garantizar la precisión de la información y proteger la presunción de inocencia de los individuos afectados.

Estas reformas están permitiendo una mayor trazabilidad y supervisión sobre cómo y por qué se emiten las alertas, aunque todavía existen desafíos pendientes.

Casos concretos: cómo las reformas afectan las solicitudes con trasfondo político

Diversos casos recientes ilustran cómo estas medidas comienzan a generar efectos reales. Por ejemplo, activistas internacionales que anteriormente fueron detenidos por alertas dudosas han logrado la anulación de sus notificaciones gracias a la acción de la CCF. En otros casos, Interpol ha rechazado explícitamente solicitudes que evidencian elementos de persecución política, basándose en documentación presentada por abogados especializados.

Esto representa un avance importante en la protección de los derechos fundamentales, pero también destaca la necesidad de contar con una defensa legal sólida. Muchos de los éxitos en la eliminación de alertas abusivas se deben a estrategias bien fundamentadas y presentaciones detalladas de pruebas ante los órganos competentes de Interpol.

Los Abogados de Interpol juegan un papel clave en este proceso: no solo representan a los afectados, sino que también contribuyen a elevar los estándares jurídicos del sistema. En un momento donde la vigilancia internacional se intensifica, el equilibrio entre seguridad y justicia depende de normas claras y de defensas eficaces frente a los abusos del sistema. Las reformas están en marcha, pero su éxito real dependerá del uso que hagan de ellas tanto los Estados como los defensores de los derechos humanos.