Intervenidos 230 kilos de pescado ilegal en la Reserva Marina de La Graciosa
La Guardia Civil intercepta una embarcación no autorizada que operaba con nasas prohibidas y de noche en zonas protegidas para evitar su detección
- Lancelot Digital
La Guardia Civil ha intervenido un total de 230 kilogramos de pescado capturado de forma ilegal en el interior de la Reserva Marina de La Graciosa, tras detectar una actividad pesquera no autorizada en este espacio protegido.
La actuación fue llevada a cabo por agentes del Destacamento Marítimo de Fuerteventura, perteneciente al Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas, en colaboración con personal del servicio de seguimiento de la reserva, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Durante el operativo, los agentes interceptaron una embarcación de lista tercera que no figuraba en el censo de buques autorizados para faenar en la reserva. En su interior transportaba pescado capturado mediante nasas, un arte de pesca expresamente prohibido en este entorno, lo que supone una infracción de la normativa recogida en la Ley de Pesca de Canarias.
La legislación vigente establece que cualquier actividad pesquera en la Reserva Marina de La Graciosa requiere autorización expresa. Además, limita de forma estricta las modalidades permitidas: en el caso de la pesca profesional, únicamente se autorizan artes tradicionales muy concretas, principalmente mediante anzuelos dirigidos a especies específicas, mientras que la pesca recreativa se restringe al uso de caña, cordel o curricán, siempre con permiso previo.
Las investigaciones determinaron que el pescador profesional denunciado calaba nasas —una práctica prohibida— en zonas como Playa Lambra y Punta La Sonsa, ambas dentro de la reserva. Según la Guardia Civil, dejaba las artes fondeadas durante varios días y regresaba posteriormente para recoger las capturas. Además, realizaba la actividad durante la noche y con las luces de navegación apagadas para evitar ser detectado.
Como resultado, el implicado ha sido denunciado por diversas infracciones administrativas. El expediente ha sido remitido a la Viceconsejería de Pesca y Agricultura del Gobierno de Canarias para su tramitación.
La Ley 17/2003 de Pesca de Canarias contempla sanciones para este tipo de infracciones que pueden oscilar entre los 301 y más de 300.000 euros, además de la posible retirada de la licencia.
La Guardia Civil recuerda que mantiene habilitado el correo electrónico
