Una trama de más de 10.000 vehículos desguazados que salpica a Lanzarote

La red operaba también en Gran Canaria y Fuerteventura y falsificaba certificados medioambientales para encubrir la gestión irregular de vehículos de gran tonelaje

La Guardia Civil ha desmantelado una importante trama de desguaces ilegales que operaba en Canarias y Madrid y que habría manipulado de forma irregular más de 10.000 vehículos en los últimos cuatro años, provocando una emisión equivalente a unas 1.500 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

La operación, denominada ‘DILANIO’, ha permitido clausurar tres desguaces clandestinos —dos ya cerrados y un tercero en proceso— y ha culminado con la investigación de ocho personas físicas y tres jurídicas por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental.

Según ha informado la Benemérita, la red contaba con instalaciones en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y actuaba en colaboración con un desguace de la Comunidad de Madrid. El entramado falsificaba certificados medioambientales para ocultar la gestión ilícita de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a una empresa de transportes.

La investigación se inició cuando el SEPRONA de Las Palmas detectó una instalación no autorizada en suelo rústico protegido, donde se localizaron 44 vehículos de gran tamaño, completos o semidesguazados, procedentes de centros legalmente constituidos con los que se mantenían acuerdos comerciales.

Los agentes comprobaron que los trámites de baja se realizaban de forma aparentemente legal a través de desguaces autorizados, lo que permitía enmascarar el origen irregular de los vehículos. Posteriormente, una empresa de transporte llegó a entregar más de 240 vehículos a un desguace madrileño para su supuesto tratamiento medioambiental, aunque estos eran revendidos como chatarra para obtener importantes beneficios económicos.

Los vehículos acababan siendo derivados a desguaces de la provincia de Las Palmas, donde se emitía documentación falsificada que acreditaba una correcta gestión que, en realidad, no se producía.

Grave impacto ambiental en suelo protegido

Las instalaciones clausuradas se encontraban en terrenos rústicos protegidos y ocupaban una superficie superior a los 40.000 metros cuadrados. Parte de los vehículos eran trasladados sin ningún proceso de descontaminación o solo de manera parcial, lo que provocó la liberación de gases fluorados a la atmósfera sin control técnico alguno.

El SEPRONA ha realizado numerosas tomas de muestras y elaborado informes periciales que refuerzan la gravedad del daño medioambiental causado por esta actividad ilegal.

Con esta operación, la Guardia Civil subraya su compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha contra las prácticas ilícitas que ponen