El caso de una violación en una patera de Lanzarote evidencia un vacío legal en España

El fiscal superior de Canarias reclama una reforma legal tras las dificultades surgidas en Lanzarote para investigar delitos graves cometidos durante las travesías migratorias

La Fiscalía Superior de Canarias ha reclamado una reforma legislativa que permita a los tribunales españoles perseguir delitos graves cometidos durante las travesías migratorias, especialmente cuando ocurren fuera de las aguas jurisdiccionales españolas. La petición cobra especial relevancia en Lanzarote, donde se han registrado casos de agresiones sexuales a bordo de pateras cuya investigación se ha visto dificultada por los límites legales de la jurisdicción española.

El fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover González, expuso esta situación durante la presentación de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 ante una comisión del Parlamento de Canarias. Según explicó, el Ministerio Público ha tratado de agotar todas las posibilidades legales para investigar estos delitos, pero el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la capacidad de actuación de los tribunales españoles cuando los hechos se producen en aguas internacionales.

Uno de los casos más significativos se ha registrado precisamente en Lanzarote, donde una jueza ha solicitado colaboración a Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para evitar que una presunta violación grupal cometida durante una travesía hacia Canarias quede impune. El fiscal advirtió de que situaciones similares pueden producirse también con asesinatos y otros episodios de extrema violencia, incluidos casos de personas y menores arrojados vivos por la borda.

Serrano-Jover recordó que el Tribunal Supremo ha abierto la posibilidad de investigar determinados hechos ocurridos en aguas internacionales cuando ningún otro Estado reclama su competencia. Sin embargo, considera que esta interpretación resulta demasiado forzada y que sería preferible modificar expresamente la legislación para evitar que delitos de extraordinaria gravedad queden sin castigo.

Problemas en la atención a menores migrantes en Canarias

Durante su comparecencia, el fiscal superior también reclamó una mayor coordinación entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario para atender a los menores migrantes no acompañados. En particular, señaló las dificultades para aplicar correctamente los procedimientos de identificación y clasificación previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como las discrepancias entre administraciones sobre quién debe acompañar a los menores durante estos trámites.

La memoria de 2025 recoge que las fiscalías canarias tramitaron 1.106 expedientes de determinación de edad, de los que 373 correspondieron a Las Palmas y 733 a Santa Cruz de Tenerife, además de 3.004 expedientes de tutela.

En cuanto a los delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, en la provincia de Las Palmas se dictaron 26 sentencias, todas condenatorias salvo una. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se incoaron 129 diligencias previas y se formularon 14 acusaciones por modalidades agravadas de estos delitos.

Por último, preguntado por una posible relación entre inmigración y delincuencia, Serrano-Jover aseguró que no dispone de datos que permitan establecer esa vinculación y advirtió de que plantearla sin pruebas no contribuye a resolver los problemas existentes.