'Balón de oxígeno' para las viviendas vacacionales en Canarias
El Gobierno autonómico amplía hasta diciembre de 2027 el plazo de regularización y establece nuevos requisitos técnicos y de seguridad
- Lancelot Digital
El Gobierno de Canarias ha dado un balón de oxígeno a los propietarios de viviendas vacacionales con la aprobación de un decreto ley que amplía los plazos para regularizar su actividad y establece los requisitos mínimos que deberán cumplir estos alojamientos turísticos.
La principal novedad es que los propietarios tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar la comunicación previa de actividad clasificada, un trámite necesario para quienes ya explotaban sus viviendas antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y todavía tienen pendiente completar su regularización administrativa.
El decreto ley, aprobado a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Nieves Lady Barreto, busca facilitar la adaptación de los propietarios a las nuevas exigencias legales.
¿Qué requisitos deberán cumplir las viviendas vacacionales?
La nueva normativa establece el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares para acreditar que sus inmuebles cumplen las condiciones exigidas.
Entre la documentación requerida figuran planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del interior y exterior, así como la autorización de primera ocupación o la declaración responsable correspondiente cuando proceda.
También deberán acreditar las condiciones de seguridad estructural y disponer de medidas de protección contra incendios, incluyendo, como mínimo, un detector de humo y un extintor, además de señalización de las salidas cuando sea necesaria.
Las viviendas que cuenten con piscina tendrán que cumplir los requisitos sanitarios y de tratamiento del agua, mientras que los accesos deberán ajustarse a las condiciones de accesibilidad exigibles.
Otra de las medidas relevantes afecta a quienes no completen la regularización dentro del plazo establecido. Estas viviendas podrán continuar con su actividad turística durante cinco años adicionales, aunque una vez transcurrido ese periodo deberán cesar en el uso vacacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico concede más tiempo a los propietarios para adaptarse a las exigencias administrativas y técnicas, evitando que el vencimiento inmediato de los plazos obligue a interrumpir la actividad de numerosos alojamientos turísticos en Canarias.
