Canarias y el Cabildo revisarán las Zonas de Aceleración de Renovables para corregir errores en los mapas

Una comisión técnico-política analizará en un mes los espacios definidos y reforzará las garantías ambientales en el despliegue de energías limpias en Lanzarote

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han acordado revisar las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) tras detectar errores materiales en la impresión de los mapas y en la delimitación de algunos espacios. Para ello, ambas administraciones convocarán en el plazo máximo de un mes la comisión técnico-política prevista en el protocolo firmado entre ambas instituciones.

Este órgano será el encargado de analizar los fallos detectados, revisar los espacios definidos y avanzar en una planificación energética adaptada a la realidad insular, compatible con la protección ambiental y paisajística de Lanzarote.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que el objetivo es que las ZAR “sean un instrumento útil para la transición energética de la isla, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente y la identidad de Lanzarote”.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunció la creación de una mesa técnica interna y la puesta en marcha de comisiones sectoriales en las que participarán ayuntamientos, colegios profesionales y distintos agentes sociales de la isla. El objetivo es definir de forma consensuada la estrategia de implantación de renovables y su desarrollo ordenado en Lanzarote y La Graciosa.

Ambas administraciones recordaron que las ZAR son una herramienta de planificación destinada a ordenar el despliegue de energías limpias, identificando los espacios con mejores condiciones técnicas, territoriales y ambientales para su instalación.

Asimismo, el plan definitivo deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica, mientras que cada proyecto concreto tendrá que pasar también su propio procedimiento ambiental conforme a la normativa estatal, lo que refuerza las garantías de protección del territorio y la biodiversidad.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo insistieron además en que la prioridad sigue siendo el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas y espacios antropizados, en línea con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a incorporar este tipo de sistemas en nuevas edificaciones o grandes reformas.

Según los cálculos técnicos iniciales, la superficie necesaria para cumplir los objetivos de descarbonización de 2030 apenas supondría alrededor del 0,23% del territorio insular, un porcentaje que todavía está siendo analizado por los técnicos.

El Ejecutivo autonómico recordó además que la normativa vigente prohíbe la expropiación de terrenos para proyectos de energía solar fotovoltaica, por lo que los promotores deberán contar con la titularidad de los suelos donde pretendan desarrollar las instalaciones.

Además, el Gobierno de Canarias trabaja en un decreto que obligará a los proyectos de energías renovables en suelo de más de 2 megavatios a ofrecer al menos un 20% de participación a instituciones y ciudadanía canaria, con el objetivo de fomentar la implicación social en el desarrollo de las energías limpias.

Ambas instituciones reiteraron finalmente su compromiso de seguir avanzando de forma coordinada en la descarbonización de la isla, corrigiendo los errores detectados y reforzando una planificación energética basada en el rigor técnico, el consenso institucional y la protección del territorio.