Miércoles, 22 Abril 2026
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A pesar de que el PP la apoyó parcialmente y votó en contra el PSOE y Podemos, cayó por el voto de calidad de la presidenta y la ausencia de Migdalia Machín

 

  • Lancelot Digital

 

Coalición Canaria (CC) no ha logrado sacar adelante su moción del FDCAN en el pleno del Cabildo que se está celebrando en la Primera Institución insular. A pesar de que el PP la apoyó parcialmente y votó en contra el PSOE y Podemos, el voto de calidad de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, y la ausencia de la consejera Migdalia Machín fueron decisivos para echar abajo la propuesta de los nacionalistas. 

 

En la moción CC proponía instar al Gobierno de España a transferir de inmediato las partidas presupuestarias que corresponden a Canarias y que están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Además, en esta propuesta se instaba al Gobierno de Canarias a que "mantenga el reparto de los recursos tanto del FDCAN como del IGIC para los Ayuntamientos y Cabildos, ayudando a reforzar los mecanismos de ejecución de dichos fondos e intensificando la relación de éstos con la creación de empleo".

 

En la moción presentada al pleno los nacionalistas exigían asimismo al Gobierno de Canarias a que no apruebe ningún tipo de subida fiscal en la Comunidad Autónoma y que mantenga, al menos, todas y cada una de las medida de rebaja fiscal aprobadas durante los dos últimos ejercicios.

 

Del mismo modo, instaban al Gobierno de Canarias a continuar con la senda marcada en anteriores ejercicios impulsando acuerdos con la FECAM y FECAI, que permita una mejor financiación de dichas corporaciones de forma que los servicios esenciales que prestan alcancen un mayor nivel de suficiencia financiera.

 

Los nacionalistas creen que el presidente autonómico antes de quitarle recursos a ayuntamientos y Cabildos, debe exigir al Estado lo que debe.

 

"Tenemos un presidente autonómico sumiso y sometido a la marca del PSOE en Madrid. Debemos reclamar al estado los 900 millones de euros que pertenecen, por derecho, a los canarios, tal y como se recoge en los presupuestos generales del Estado", señalaba Samuel Martín, candidato de CC al Senado.

 

Para Pedro San Ginés es un atropello que se modifique la distribución del IGIC porque esto deja a las instituciones locales muy tocadas en su capacidad inversora plurianual durante, al menos, el próximo lustro.

 

El expresidente del Cabildo recordaba también que solo en la capital, y a groso modo está prevista la financiación con el FDCAN de los siguientes proyectos:  la piscina olímpica prevista en la Ciudad Deportiva (8 millones de euros), el parque urbano de Naos (más de 2 millones), la compra y restauración de las Salinas de Naos (unos dos millones de euros ), el proyecto del Islote de La Fermina (casi 2 millones), el Museo Arqueológico, el Vivero Musical, la remodelación de la Biblioteca insular, etc..

 

"Menos recursos para Ayuntamientos y Cabildos"

 

El consejero y también candidato nacionalista al Senado por Lanzarote y La Graciosa, Samuel Martín, lamenta que “los socialistas no hayan considerado necesario instar al Gobierno de España a transferir de inmediato las partidas presupuestarias que corresponden a Canarias y que están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogados para 2019”, lo que evidencia la necesidad de que las fuerzas nacionalistas tengan presencia tanto en la Cámara Baja como en el Senado, o de lo contrario nadie defenderá los intereses de Canarias.

 

También ha rechazado el PSOE exigir al Gobierno de Canarias que no apruebe ningún tipo de subida fiscal en la Comunidad Autónoma y que mantenga, al menos, todas y cada una de las medidas del rebaja fiscal aprobadas durante los dos últimos ejercicios.

 

Los nacionalistas han recordado en un comunicado que "la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias, sumiso con el Gobierno central del PSOE, y con el objeto de salvar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, supone, por un lado incrementar el IGIC del 6,5 al 7%, aunque con un reparto inverso al fijado en la Ley 9/2003, de 3 de abril, de medidas tributarias y de financiación de las haciendas territoriales canarias, es decir, un 58% para el Gobierno de Canarias y un 42% para las corporaciones locales, que afortunadamente rechazó la FECAM y por otro, la cesión en el ejercicio 2019, a favor de la Comunidad Autónoma, de 100 millones de euros de los 160 que hay previstos en el FDCAN y 80 millones más en 2020".

 

“Dicha iniciativa – recuerda Samuel Martín – pretende minorar los recursos de los ayuntamientos y cabildos, que por fuero les corresponden, y producirá un desequilibrio financiero que afectará, entre otros parámetros de la estabilidad presupuestaria, a la capacidad de financiación y a la regla de gasto, y que sin duda conllevará un importante recorte en los presupuestos de las corporaciones locales, dejando a éstas sin capacidad de invertir ni de crear empleo, en el momento en que la coyuntura económica entra en una fase de desaceleración”.

 

CC-PNC-SB entiende que los ayuntamientos y cabildos no pueden ceder ante la pretensión del Gobierno de Canarias, y los consejeros del Partido Popular opinan lo mismo, tal y como se ha podido ver durante el debate de la moción.

 

De igual manera, los nacionalistas, como ya lo hicieran en la rueda de prensa celebrada el pasado 21 de octubre, han manifiestado su total rechazo al argumento esgrimido para justificar la subida de impuestos, amparado en un agujero económico de 400 millones de euros generado por el equipo anterior, cuando el propio Ministerio de Hacienda, dirigido por el PSOE, ha confirmado que Canarias está entre las comunidades autónomas con superávit, cuantificado en 300 millones de euros. “Estos datos son objetivos, contrastables y dejan en evidencia el discurso del Gobierno de Canarias”, subraya Samuel Martín.

 

La postura del presidente del Gobierno de Canarias ha sido calificada de “poco valiente” por los nacionalistas quienes aseguran que “no se atreve a reclamar al Gobierno del Estado los recursos que nos corresponden por derecho, cifrados en más de 900 millones de euros, tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogados para 2019. En lugar de ello, será la ciudadanía, los ayuntamientos y los cabildos de Canarias los que paguen esa deuda”.

 


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