Cerca 3.000 inmigrantes podrían acceder a la regularización aprobada por el Gobierno en Lanzarote
El objetivo es reconocer la aportación de personas que ya estaban contribuyendo a la economía insular
- Lancelot Digital
Se calcula que cerca de 3.000 inmigrantes que se encuentran en Lanzarote de forma irregular podrán acceder a la regularización que el gobierno de la nación aprobaba ayer en el Consejo de Ministros y que sumará un total de cerca de medio millón de extranjeros en todo el país y unos 40.000 en Canarias. “Hablamos de un proceso administrativo que es también un paso histórico hacia la dignidad y hacia un futuro más seguro para muchas personas”, señala Liliana Bohórquez, presidenta de 'Acciones Unidas'. “Ganamos todos, las personas migrantes porque cuentan con derechos, pero también asumen deberes, y también gana la sociedad, porque ordena una realidad que ya existe”.
Pero cuál es el perfil de las personas que podrán regularizar su situación en la isla. “Hablamos de personas que ya están aportando en la economía, en la cultura y en el día a día de Lanzarote, lo que hace esta regularización es reconocer este aporte. No crea nada nuevo. Lanzarote merece dar paso a paso este proceso”.
Desde Acciones Unidas se informa sobre las dos vías de solicitar esta regularización. “La persona puede iniciar el proceso ella misma, con su documentación, o puede hacerlo acompañada de entidades o profesionales que le ayuden a preparar su expediente y evitar problemas de futuro”.
Contemplan desde Acciones Unidas que los derechos que ahora adquieren estos extranjeros van sujetos a la obligación de integrarse en nuestra sociedad y con nuestras costumbres.
Rechazo frontal del PP
La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha mostrado su rechazo frontal al proceso de regularización masiva de más de 1 millón de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, una iniciativa que, según ha advertido, "nace sin garantías, sin planificación y sin tener en cuenta sus efectos en el actual sistema de servicios públicos de nuestro país".
La dirigente popular ha insistido en que esta iniciativa llega "sin memoria económica, sin previsión del impacto en los servicios públicos y sin reforzar previamente los mecanismos de control", algo que considera especialmente grave. "A nadie se le esconde que en territorios como Canarias, donde ya soportamos una enorme presión sobre la vivienda, la sanidad o los servicios sociales, decisiones de este tipo solo contribuyen a tensionar aún más un sistema que ya está al límite", ha advertido.
Astrid Pérez manifiesta su "profunda preocupación por las consecuencias que tendrá en el mantenimiento del estado del bienestar un posible colapso de estos servicios públicos debido a que el Gobierno del Estado no ha adoptado ninguna medida previa ni contempla financiación adicional para su refuerzo".
"Estamos claramente ante una medida improvisada, un disparate más del Gobierno de Sánchez porque no se puede afrontar la regularización de cientos de miles de personas en apenas tres meses sin haber hecho los deberes para asegurarnos de que los servicios públicos esenciales van a tener capacidad de respuesta".
"Humanidad, legalidad y seguridad"
Por otra parte, Astrid Pérez también ha cuestionado la falta de coherencia del Gobierno en materia migratoria, señalando que "no se puede hablar de regularización sin actuar antes sobre el control de fronteras ni mejorar los recursos para gestionar los expedientes y garantizar la seguridad jurídica".
"Lo que no es razonable es agilizar al máximo una regularización masiva mientras las vías legales para venir a trabajar a España siguen siendo lentas, burocráticas y llenas de obstáculos. Es un mensaje profundamente injusto para quienes sí hacen las cosas bien", ha añadido.
en este sentido, ha defendido que cualquier política migratoria debe basarse en "el equilibrio entre humanidad, legalidad y seguridad", evitando medidas que puedan generar "efectos indeseados o agravios comparativos".
Asimismo, ha alertado de que decisiones de este tipo pueden trasladar "un mensaje equivocado" que incentive la inmigración irregular y favorezca a las redes que trafican con personas, "poniendo en riesgo vidas humanas, algo que en Canarias conocemos demasiado bien".
Frente a ello, la presidenta insular del PP ha vuelto a defender la necesidad de una política migratoria "seria, ordenada y coordinada", que incluya el refuerzo del control de fronteras, una gestión eficaz de los flujos migratorios y procesos de regularización "individualizados, con criterios claros, objetivos y verificables".
