El Cabildo da el primer paso para personarse contra el decreto de Corujo investigado por el Supremo
El Consejo de Gobierno autoriza al presidente a emprender acciones legales para proteger los intereses de la institución
- Lancelot Digital
El Cabildo de Lanzarote ha dado este martes el primer paso para personarse en la causa que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo por el conocido decreto firmado en su etapa como presidenta por Dolores Corujo. La investigación llegó al Alto Tribunal después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas apreciara indicios de un posible delito de prevaricación administrativa y remitiera las diligencias al Supremo debido al aforamiento de Corujo como diputada.
El Consejo de Gobierno aprobó la propuesta sin votos en contra, aunque con dos abstenciones: la del consejero del Partido Popular, Ángel Vázquez, y la del consejero independiente Armando Santana. El acuerdo autoriza al presidente del Cabildo a "adoptar las acciones legales oportunas en defensa de los intereses generales de la institución".
Durante la sesión se dio cuenta del decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, de fecha 30 de junio de 2026, así como del informe elaborado por los servicios jurídicos del Cabildo a petición de la Dirección Insular de Presidencia. Ese informe recomienda la personación de la institución en el procedimiento con el objetivo de salvaguardar los intereses públicos y evitar que el Cabildo pueda verse obligado a asumir un eventual perjuicio económico.
En concreto, los servicios jurídicos advierten de que la institución podría terminar afrontando el pago de los cerca de 300.000 euros que el Servicio Canario de la Salud reclama al exconsejero Juan Manuel Sosa al considerar que percibió esas cantidades de forma indebida.
Asimismo, los miembros del Consejo de Gobierno conocieron el escrito presentado por la defensa de Sosa, en el que se apoya en el decreto firmado por Dolores Corujo. Dicho decreto reconocía el derecho del entonces consejero no adscrito a percibir las retribuciones correspondientes desde el año 2021, un documento que constituye el eje de la investigación abierta por la Fiscalía.
