El Consorcio del Agua gana el primer pulso judicial a Canal de Isabel II tras romper el contrato

La Justicia avala por ahora la incautación de ocho millones en garantías, aunque queda pendiente resolver el conflicto contractual

El Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort, ha conseguido una primera victoria judicial en el complejo enfrentamiento con Canal de Isabel II tras la resolución del contrato de gestión del ciclo integral del agua. El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado suspender la incautación de los ocho millones de euros en garantías acordada por el Consorcio del Agua el pasado 1 de junio.

La decisión supone un respaldo judicial inicial a la actuación del Consorcio y permite mantener la ejecución de la incautación mientras continúa el procedimiento. Sin embargo, sería prematuro interpretar este auto como una validación definitiva de la ruptura contractual: la Justicia todavía debe pronunciarse sobre el fondo del conflicto.

La decisión adoptada por el actual grupo de gobierno de CC y PP supone un paso de calado político y administrativo. Poner fin a la concesión de Canal Gestión y recuperar el control público del servicio era una reivindicación recurrente en la política insular, pero llevarla a la práctica implicaba asumir importantes riesgos jurídicos y económicos. Oswaldo Betancort ha optado por dar ese paso, consciente de que la decisión tendría que defenderse ante los tribunales.

El movimiento contrasta con la etapa de Dolores Corujo al frente del Cabildo. El PSOE había defendido que el agua regresara a manos públicas y había convertido ese objetivo en uno de sus compromisos políticos, pero durante su mandato no llegó a materializarse una ruptura contractual como la que ahora ha impulsado el Consorcio.

Una primera victoria, pero no la batalla definitiva

El auto conocido ahora resuelve únicamente una de las medidas cautelares solicitadas por Canal de Isabel II. El principal pulso judicial será determinar si el Consorcio actuó conforme a derecho al resolver el contrato y, especialmente, si esa decisión puede obligar a las instituciones insulares a pagar una indemnización a la empresa.

En ese escenario se encuentra uno de los mayores riesgos para Lanzarote. Algunas estimaciones apuntan a que Canal de Isabel II podría reclamar más de 100 millones de euros, aunque esa cantidad no constituye una indemnización reconocida ni una obligación de pago firme. La cuantía que eventualmente se reclame y la responsabilidad económica que pudiera establecer la Justicia dependerán del desarrollo de los procedimientos.

Por eso, la resolución favorable sobre los ocho millones de euros es importante, pero no despeja las principales incógnitas. El Consorcio ha logrado, por ahora, evitar que se paralice la incautación de las garantías; queda por demostrar ante los tribunales que la resolución del contrato estaba justificada,

Oswaldo Betancort ha defendido que la prioridad es proteger el interés general y los recursos públicos de Lanzarote y La Graciosa. La apuesta de CC y PP abre así una nueva etapa en la gestión del agua: una decisión política de gran alcance que puede marcar el futuro del servicio durante años, pero cuyo éxito definitivo dependerá tanto de la gestión posterior como del resultado de la batalla judicial.

La primera resolución favorable permite al Consorcio avanzar en su estrategia. La verdadera prueba, sin embargo, llegará cuando los tribunales entren en el fondo del asunto y determinen si la ruptura contractual fue legítima y qué consecuencias económicas, si las hubiera, deberá asumir Lanzarote. Los servicios jurídicos del Consorcio del Agua, en cambio, creen que el proceso de resolución del contrato a Canal Gestión fue exquisito y espera que la empresa pública no tenga que pagar ni un euro.