El empresario libanés detenido podrá librarse de la cárcel provisionalmente por 100.000 euros

Se le detuvo por presunto tráfico de drogas y blanqueo de dinero

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife decretaba este lunes la libertad provisional del empresario libanés Mohamed Derbah, quien se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 1 de mayo. Derbah estaba acusado de presunta participación en delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental. La decisión, fechada el 29 de mayo, responde al recurso de apelación presentado por su defensa.

Residente en Tenerife desde finales de los años 80, Derbah ganó notoriedad por su trabajo como jefe de seguridad del empresario británico y mafioso John Palmer. Fue arrestado el 1 de mayo junto a otras siete personas durante un operativo en el sur de Tenerife. Sin embargo, fue el único que ingresó en prisión, ya que los otros detenidos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, según dictaminó el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona.

Informaciones publicadas por el periódico El Mundo relacionaban al empresario con el vicepresidente del Parlamento y miembro destacado del PSOE de Canarias en la isla de Tenerife, Gustavo Matos, se veía  obligado a desmentirlo.

El tribunal argumenta que el riesgo de fuga ha disminuido significativamente, dado el fuerte arraigo personal, familiar y profesional de Derbah en Tenerife, donde reside desde hace más de tres décadas con su esposa e hijos y desarrolla su actividad como empresario autónomo. Asimismo, la sala destacó que, durante los registros, no se hallaron cantidades significativas de droga que sugirieran una operación de tráfico a gran escala, según detalla la resolución. La investigación forma parte de un operativo más amplio que involucra a varios miembros de las fuerzas de seguridad en presuntos delitos de cohecho.

La libertad provisional de Derbah está sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros, una cifra que el tribunal considera adecuada, recordando que en 2002 ya había abonado una fianza de 200.000 euros en un caso similar ante la Audiencia Nacional. Además, deberá presentarse semanalmente ante el órgano instructor, entregar todos sus pasaportes y no podrá salir de la isla. El incumplimiento de estas condiciones implicará su inmediata detención.