El PSOE sigue desmarcándose de la operación salida de Canal Gestión de Oswaldo Betancort

Los socialistas buscan descarrilar la posibilidad de ceder el ciclo integral del agua a una tercera empresa
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La reciente Asamblea Extraordinaria del Consorcio del Agua de Lanzarote, solicitada por los alcaldes del PSOE, volvió a evidenciar la tensión política en torno al futuro del ciclo integral del agua en Lanzarote. La sesión se centró en el Estudio Técnico Económico de Explotación de la UTE Sacyr-Aqualia, presentado por Canal Gestión Lanzarote, relativo a la solicitud de autorización para ceder el contrato de concesión a una tercera empresa.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, aclaró que "no se va a autorizar ninguna cesión en este momento, ya que estaría condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la empresa entrante y del concesionario". Sin embargo, subrayó que "es un deber estudiar todas las opciones para favorecer el interés general, la continuidad del servicio, los vecinos y los trabajadores de Canal Gestión".
Según el estudio presentado por la UTE, la operación implicaría un aumento de tarifas del 32,68 % en el primer año, una reducción progresiva de pérdidas de agua hasta el 30 % en cinco años y una inversión de 35 millones de euros para mejorar infraestructuras hidráulicas. Estas cifras contrastan con los cálculos del Consorcio del Agua, que estiman un incremento del 15,06 %.
Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular criticaron la postura de los alcaldes socialistas, afirmando que su petición de información "parece más un intento de retrasar la operación salida que una preocupación real por el servicio".
La Asamblea concluyó sin decisiones concretas, dejando en el aire el futuro de la cesión y consolidando el debate sobre la gestión del agua como uno de los asuntos centrales de los próximos meses. Desde el grupo de gobierno del Cabildo, formado por CC-PP, existe la convicción de que la dirección del PSOE ha marcado directrices claras para bloquear la salida de Canal Gestión, impidiendo que la operación liderada por Betancort avance.
Fuentes del Cabildo recuerdan que Dolores Corujo, durante sus cuatro años como presidenta, no promovió cambios en la gestión del ciclo integral, a pesar de sus críticas anteriores a Canal Gestión. En 2011, Corujo fue una de las alcaldesas que apoyó la entrada de la empresa como única opción viable, tras la ruina de la empresa pública Inalsa, que acumuló más de 50 millones de pérdidas.
Para los nacionalistas, los argumentos de los socialistas para frenar la operación de Betancort resultan poco convincentes. La cita clave será el 9 de abril, cuando el Consorcio del Agua deberá decidir si acepta la cesión a una tercera empresa o si el Cabildo interviene directamente en la gestión del ciclo integral del agua.