Intervención General del Estado y UDEF entran en la investigación por Navilán en Arrecife
La Fiscalía amplía las diligencias y solicita informes a organismos estatales y autonómicos ante posibles irregularidades en la contratación y el uso de un solar municipal
- Lancelot Digital
La investigación abierta por la Fiscalía sobre la organización de la feria navideña Navilán en Arrecife da un salto cualitativo con la incorporación de dos órganos clave del Estado: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El fiscal Fernando Rodríguez Navarro ha acordado ampliar de forma sustancial las diligencias preprocesales para analizar en profundidad la contratación, el patrocinio público y la ocupación del conocido como solar de Ginory en las ediciones 2024/2025 y 2025/2026 del evento.
En un oficio remitido al Ayuntamiento de Arrecife, la Fiscalía reclama ahora toda la documentación relativa a la ocupación del solar municipal por parte de la empresa Wedding Plans, S.L., promotora de Navilán, incluyendo la naturaleza jurídica del suelo, la existencia de título habilitante, licencias, contratos o acuerdos de cesión, así como el eventual devengo y pago de tasas por ocupación. El Ministerio Público quiere esclarecer si el suelo es de dominio público o patrimonial y bajo qué condiciones se autorizó su uso para un evento de gran formato que ocupó aproximadamente 6.000 metros cuadrados.
Paralelamente, el fiscal ha solicitado formalmente la intervención de la UDEF para que elabore un atestado policial y extienda su investigación no solo a la II Feria de Navidad, sino también a la III edición actualmente celebrada. El análisis deberá centrarse en el papel real de Wedding Plans, S.L. en la organización y ejecución del evento, la correspondencia entre los servicios facturados y los realmente prestados, la adecuación de los importes a precios de mercado y la reiteración de adjudicaciones a favor de la misma mercantil por distintas entidades públicas insulares y municipales.
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es la contratación mediante patrocinio publicitario por parte del Ayuntamiento de Arrecife, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y la Sociedad de Promoción Turística de Lanzarote. La Fiscalía aprecia una secuencia temporal de adjudicaciones mediante procedimientos negociados sin publicidad y con fechas muy próximas a la selección del evento, lo que obliga —según el Ministerio Público— a reconstruir de manera completa la cadena administrativa y valorar su posible relevancia penal.
En este contexto, la Intervención General de la Administración del Estado ha sido requerida para emitir un informe técnico ampliado que analice la adecuación jurídica del contrato de patrocinio, la correcta imputación del gasto, la razonabilidad económica de los importes, la existencia de crédito suficiente y la posible utilización de expedientes administrativos como cobertura ex post de prestaciones ya ejecutadas. El fiscal también pide que se valore si ha existido perjuicio económico para los fondos públicos y, en su caso, su cuantificación aproximada.
La investigación se completa con una diligencia dirigida a la Audiencia de Cuentas de Canarias, a la que se solicita un informe de fiscalización penalmente orientado sobre la legalidad económico-presupuestaria de los contratos, la actuación de la Intervención municipal, los reparos formulados y su levantamiento, así como la posible existencia de prácticas reiteradas contrarias a la normativa de contratación pública.
Las diligencias se enmarcan en la investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por el abogado Octavio Topham, ampliada posteriormente con nuevos hechos y documentación. La Fiscalía subraya que el objetivo es determinar si existió un patrón de actuación irregular en la contratación de eventos festivos en Arrecife y la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos investigados.
