La "reprimenda" a la UCO del juez Pedraz rememora el caso Unión

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que la unidad de la Guardia Civil se ha excedido en las detenciones y toma de declaraciones en el caso Mario Conde

La noticia de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha reprendido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por tomar declaración por su cuenta a una decena de testigos e imputados en el sumario en el que se investiga al exbanquero Mario Conde ha recordado a muchas detenciones y actuaciones que se llevaron a cabo en el caso Unión y que fueron denunciadas incluso por las defensas de algunos implicados por considerarse excesivas.

Un ejemplo claro de ello se encuentra en la grabación que dio origen a la causa en Lanzarote y que el juez Salvador Alba decidió anular recientemente por haberse realizado sin autorización judicial, entre otras cosas, revelando un presunto "cochambeo" entre la UCO y Carlos Espino. En concreto, según el magistrado, los agentes de la Guardia Civil "utilizaron" al socialista para obtener la grabación e incorporarla al atestado sin comunidar nada al Juzgado pues se iba a quebrantar el derecho a la intimidad. Una grabación que se llevó a cabo de forma preordenada a la obtención de un delito, de forma subrepticia, es decir, oculta, y teledirigida por la Guardia Civil, según Salvador Alba.

También hay que recordar el daño que se hizo a algunas personas que fueron detenidas sin pruebas, tal y como se demostró después al quedar muchas de ellas desimputadas, como fue el caso de Segundo Rodríguez, que llego a pasar un mes en la cárcel; o los excesos policiales cometidos contra la imagen de algunos detenidos, muchos de ellas fotografiados en su detención o conducción a los Juzgados. La imagen más llamativa fue la detención del abogado Francisco Batllori, a quien la UCO desplazó esposado en helicóptero desde Gran Canaria al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise.

Ahora, la decisión judicial del juez Pedraz ha reabierto el debate sobre la supuesta extralimitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los grandes procedimientos por corrupción, tal y como señala El Mundo, que recuerda otros casos similares como cuando el exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix censuró en una entrevista concedida a este diario a la Guardia Civil por "ir más allá de sus funciones" al acusar de dos delitos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; o como también desveló El Mundo el hecho de que el Ministerio de Interior haya encargado una auditoría interna para investigar si la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía actuó correctamente al introducir en sus informes al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y al exministro popular Manuel Pimentel.

Hay un temor generalizado en ciertos estamentos judiciales a que la UCO se esté extralimitando en sus funciones, poniendo en serio riesgo los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Por eso ese "toque de atención" del juez Pedraz a esa unidad de la Guardia Civil, para que sirva para frenar ciertas actuaciones de dudosas legalidad cuando no de claro abuso a los derechos constitucionales. Un asunto que algunos juristas consideran muy grave.