Lanzarote afronta un nuevo escenario tras el fin de un pleito turístico
Los terrenos afectados por la moratoria de 2003 podrían recuperar su uso urbanístico o turístico
- Lancelot Digital
El cierre de uno de los conflictos urbanísticos más largos de Canarias tendrá también consecuencias directas en Lanzarote. El Gobierno de Canarias ha alcanzado un acuerdo con empresarios hoteleros afectados por la moratoria turística de 2003 que supondrá el pago de unos 485 millones de euros en indemnizaciones y que deja en manos de los planeamientos municipales el futuro de varias parcelas que durante años estuvieron en el centro del litigio.
De los 36 expedientes incluidos en el acuerdo, varios corresponden a Lanzarote. En concreto, las parcelas afectadas se localizan en Yaiza, junto a otros terrenos situados en San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria, y Pájara, en Fuerteventura. Entre las empresas y cadenas vinculadas a los expedientes figuran Lopesan, Satocan, Seaside y Dreamplace.
El origen del conflicto se encuentra en la moratoria turística aprobada en 2003, que paralizó licencias, autorizaciones y proyectos de urbanización en determinados suelos turísticos. Los propietarios reclamaron entonces compensaciones por la imposibilidad de desarrollar los proyectos previstos. Las demandas llegaron a alcanzar inicialmente cerca de 1.000 millones de euros, aunque la cantidad finalmente acordada se sitúa en torno a los 485 millones.
La principal novedad para Lanzarote no está únicamente en la indemnización, sino en el futuro urbanístico de esos terrenos. El Ejecutivo autonómico ha decidido no aplicar de forma automática la reclasificación de las parcelas como suelo rústico, dejando que sean los planeamientos municipales vigentes los que determinen qué uso puede darse a cada una.
Esto abre la posibilidad de que aquellos terrenos que mantengan una clasificación compatible con el desarrollo urbanístico puedan volver a acoger construcciones y, eventualmente, nuevas plazas turísticas.
El Gobierno de Canarias defiende este cambio de criterio por razones económicas y urbanísticas, al considerar que convertir en rústicos terrenos situados en zonas ya urbanizadas podría obligar posteriormente a realizar nuevas modificaciones para permitir su desarrollo.
Así, el acuerdo pone fin a 25 años de litigio, pero en Lanzarote deja ahora una nueva cuestión sobre la mesa: qué decidirá el planeamiento de Yaiza sobre las parcelas afectadas y si alguna de ellas podrá volver a tener uso turístico.
