María Fernández: "Esta sentencia del Supremo sobre las VTC no cambia nada en Canarias"
Transportes sostiene que la nueva regulación permite limitar autorizaciones por razones ambientales, de tráfico y movilidad
- Lancelot Digital
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha querido rebajar el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las VTC. "Esta sentencia, más allá de que los servicios jurídicos la tengan que analizar en profundidad, no cambia nada en Canarias", aseguró.
El pronunciamiento judicial ha reabierto el debate sobre la implantación de los vehículos de transporte con conductor en las islas. El Supremo ha desbloqueado la tramitación de 200 autorizaciones en Gran Canaria al considerar que no puede aplicarse automáticamente el límite de una VTC por cada 30 taxis.
Fernández recuerda, sin embargo, que la Justicia europea ya estableció en 2023 que no se puede restringir la entrada de VTC únicamente para proteger económicamente al sector del taxi. Sí pueden establecerse limitaciones justificadas por cuestiones como la protección del medio ambiente, el tráfico, la movilidad o el uso del espacio público. La jurisprudencia del Supremo recoge igualmente esa posibilidad siempre que las restricciones sean proporcionadas y estén debidamente justificadas.
Según la directora general, Canarias comenzó a adaptar su legislación a este escenario y ahora corresponde a los cabildos determinar, mediante sus estudios y planes de movilidad, en qué condiciones pueden concederse nuevas autorizaciones.
En este proceso, Fernández sitúa a Lanzarote entre las islas que llevan más trabajo adelantado. "Lanzarote es de los más avanzados. De hecho, mucho del trabajo que ha hecho Lanzarote se ha aprovechado para otras islas", señaló. Los cabildos disponen hasta el próximo verano para desarrollar sus estudios y determinar si existen razones que permitan limitar nuevas autorizaciones.
Los consumidores piden soluciones
Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote, su presidenta, Delia Hernández, pone el foco en otro problema: las dificultades que encuentran los ciudadanos para desplazarse cuando la oferta de taxis resulta insuficiente.
Hernández considera que, más allá del debate entre taxis y VTC, las administraciones deben ofrecer alternativas. "Está claro que la deficiencia de licencias de taxi y que la gente no pueda moverse tiene que tener soluciones", afirmó.
La sentencia vuelve así a colocar sobre la mesa el debate sobre qué modelo de transporte necesita Lanzarote y hasta dónde pueden llegar las administraciones a la hora de regular la entrada de nuevas VTC.
