¿Por qué Canarias está contra la quita de deuda?

El Gobierno autonómico acusa al Ejecutivo central de favorecer a las regiones más endeudadas, como Cataluña

El Gobierno de Canarias ha criticado duramente la metodología diseñada por el Ministerio de Hacienda para condonar deuda autonómica. La califica de “arbitraria y discriminatoria” y cuantifica el perjuicio para las islas en 1.710 millones de euros, pese a ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento. En paralelo, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero sostiene que Canarias figura entre las principales beneficiadas, con 3.245 millones -el 50% de su pasivo-, pero el Ejecutivo regional replica que el cálculo central “maquilla” el reparto y castiga a quien hizo los deberes, tal y como publica Tiempo de Canarias.

El reproche de Canarias se centra en cómo se reparten los tramos de la condonación. En la fase 2, argumenta, se prioriza a las comunidades con mayores niveles de endeudamiento, algo que la Consejería de Hacienda considera un agravio comparativo frente a territorios que han demostrado responsabilidad financiera. En la fase 3, además, se introduce un límite que impide superar el 50% de la deuda total por comunidad. Ese tope, subraya el Gobierno canario, sólo recorta a Canarias y desvirtúa el resultado final, porque corta la cifra precisamente donde el diseño previo la situaba por encima.

El anteproyecto añade una segunda penalización al detraer del importe a absorber por el Estado el superávit acumulado o cualquier exceso de financiación de ejercicios pasados. El efecto práctico es que los ahorros logrados por una gestión prudente se restan de la quita y, además, quedan atados obligatoriamente a amortizar deuda. No pueden destinarse a necesidades sociales, inversión productiva ni a aliviar la presión fiscal de los contribuyentes canarios. El mensaje de política pública es discutible: endeudarse más sale a cuenta; sanear, no.

En el terreno político, la medida aterriza en un clima enrarecido por los acuerdos de investidura y por la negociación abierta del modelo de financiación. El Ejecutivo central reclama apoyo parlamentario para una iniciativa que libera recursos a corto plazo, mientras varias comunidades -incluidas algunas con grandes cifras absolutas de quita- mantienen sus reservas por el sesgo de los incentivos y la opacidad de los cómputos. El caso canario ilustra el choque, y es que el Estado presume de porcentaje, pero las islas denuncian la pérdida de 1.710 millones respecto a un reparto neutral.

En cuanto a las posiciones públicas, el presidente Fernando Clavijo ha insistido en que la metodología "perjudica" a Canarias y “penaliza” la gestión rigurosa al introducir un límite que se aplica exclusivamente a su comunidad.

Conviene aclarar, además, el baile de cifras. El Gobierno central habla de un 50% de quita para Canarias y presenta la comunidad como de las más favorecidas, mientras el Ejecutivo autonómico denuncia que, con los criterios aplicados, la diferencia entre lo que podría recibir y lo que finalmente recibirá asciende a 1.710 millones. La transparencia metodológica debería ser innegociable en una operación de esta magnitud.

Para Canarias es evidente que si la prioridad es premiar la buena gestión y dar certidumbre, el diseño actual exige una revisión para eliminar sesgos y evitar que el contribuyente perciba que el rigor sale caro.