¿En qué consiste el 'perdón' millonario del Gobierno a las Comunidades?

más de 80.000 millones de euros de deuda autonómica, beneficiando principalmente a Cataluña y Andalucía{/subtitulo}

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 26 de febrero la asunción por parte del Estado de más de 80.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. La condonación de deuda autonómica permitirá a las CCAA ahorrarse hasta 7.000 millones en intereses, organizándose en función del mayor endeudamiento de las comunidades durante la crisis financiera, la pandemia y la guerra de Ucrania. A partir de esa diferencia se establece la cantidad a condonar.

En realidad, este movimiento, de carácter puramente político, surge del acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente en 2023. Inicialmente, el pacto incluía la condonación de unos 15.000 millones de euros de deuda catalana, cifra que se elevó a 17.104 millones, aproximadamente un 19% del total. Así, el Estado renuncia a reclamar una parte de la deuda que la Generalitat mantenía con el Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Aunque el acuerdo se diseñó inicialmente para Cataluña, el Gobierno amplió la medida al conjunto de regiones del régimen común (sin País Vasco y Navarra). Sin embargo, esa deuda no desaparece por arte de magia, sino que el Ejecutivo asume que el dinero prestado a las CCAA pasará a engrosar la deuda del Estado en su conjunto.

El reparto se realiza en tres fases: primero se asigna la mayor parte en función de la población ajustada de cada comunidad, después se garantiza que ninguna quede por debajo de la media de condonación y, finalmente, se aplican ajustes para equiparar el nivel por habitante y reconocer a las comunidades que realizaron un mayor esfuerzo fiscal mediante subidas de impuestos.

La tercera mayor beneficiada será la Comunidad Valenciana, a la que se 'perdonan' 11.210 millones. A continuación, se sitúa la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones, pese a no haber recurrido al FLA. En un nivel intermedio figuran Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318) y Canarias (3.259). Por su parte, a Aragón se le aplicará una condonación de 2.124 millones; a Baleares de 1.741; a Extremadura de 1.718; a Asturias de 1.508; a Cantabria de 809; y a La Rioja de 448 millones de euros.

Debido a esto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó en febrero de 2025 que la Administración central "podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones en el año de la condonación" puesto que, si bien la medida supondría un ingreso contable para las comunidades autónomas, para el Estado representaría un gasto en el cómputo de la contabilidad nacional. Asimismo, la Autoridad Independiente recomendó que la condonación de los 83.252 millones de euros fuera acompañada de condicionalidad fiscal. Es decir, que las comunidades autónomas que finalmente se adhieran a la condonación, se comprometan a cumplir reglas de disciplina presupuestaria y límites de gasto, a fin de evitar que vuelvan a acumular deuda excesiva en el futuro y que garanticen así su sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo.

La tesis de Hacienda es que la medida permitirá a las CCAA ganar autonomía financiera y facilitará su acceso a los mercados en mejores condiciones. Aunque muchas de ellas ya pueden hacerlo, a diferencia de Cataluña. Canarias ya ha criticado la medida calificándola de quita arbitraria.

De momento, la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP han rechazado la condonación porque consideran que se trata de una concesión al independentismo. Para el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, la medida se trata de una "argucia" para "prolongar la agonía" del Gobierno de Sánchez. Aunque no ha aclarado si las regiones gobernadas por su partido se acogerán a la misma.