¿Por qué ha fracasado la política migratoria de Sánchez?

El PP se personará en la causa abierta por la Audiencia Nacional por la crisis migratoria de Ceuta

Los números son difíciles de ignorar. Canarias ha recibido desde 1994 alrededor de 270.000 migrantes que alcanzaron irregularmente sus costas. Más de 168.500 llegaron entre 2019 y 2025, siete años que coinciden íntegramente con los gobiernos de Pedro Sánchez. Es decir, aproximadamente seis de cada diez llegadas registradas en las Islas durante los últimos 32 años se concentran en ese periodo.

El dato no permite responsabilizar exclusivamente al Gobierno español de un fenómeno internacional enormemente complejo, pero sí plantea una pregunta inevitable: ¿ha funcionado la política migratoria desarrollada durante estos años? Los resultados ofrecen argumentos para responder que no, al menos en una cuestión fundamental: España continúa teniendo enormes dificultades para anticiparse a las grandes crisis migratorias y garantizar un control efectivo de sus fronteras.

Canarias sabe bien lo que significa. La Ruta Canaria ha vivido durante los gobiernos de Sánchez sus peores años. Después de las 2.698 llegadas de 2019, fueron 23.271 en 2020, otras 22.316 en 2021 y 15.682 en 2022. La situación empeoró radicalmente en 2023, con 39.910 personas, y alcanzó en 2024 el récord histórico de 46.843 migrantes llegados por mar a Canarias, superando incluso los 31.678 de la denominada crisis de los cayucos de 2006.

El cambio de tendencia llegó en 2025, cuando las llegadas descendieron hasta 17.788, un 62% menos que el año anterior. Una reducción muy importante que, paradójicamente, demuestra hasta qué punto la cooperación con los países africanos de origen y tránsito y el control de las salidas resultan determinantes.

Una crisis que va mucho más allá de Sánchez

Sería simplista atribuir esas más de 168.500 llegadas exclusivamente a Pedro Sánchez. África ha sufrido durante estos años golpes de Estado, guerras, terrorismo yihadista, pobreza, inestabilidad política y económica y una enorme presión demográfica. Las mafias, además, desplazan constantemente sus rutas buscando aquellos puntos donde encuentran menos dificultades.

Pero precisamente ahí aparece una de las principales debilidades de la política migratoria española: la enorme dependencia de terceros países para controlar nuestras propias fronteras. Cuando funciona la cooperación con Marruecos, Mauritania o Senegal, las llegadas disminuyen. Cuando el control se relaja, Canarias vuelve a quedar expuesta. Después de años de crisis, España continúa sin disponer de una política europea suficientemente eficaz que permita anticiparse a los grandes movimientos migratorios y repartir sus consecuencias.

Y Canarias, y en Lanzarote sabemos muy bien de lo que hablamos, ha pagado buena parte de esa factura. Las Islas llevan años reclamando más medios, una mayor implicación del Estado y de Europa y soluciones ante la saturación de los recursos de acogida y, especialmente, ante la tutela de miles de menores extranjeros no acompañados.

Solidaridad sí, descontrol no

El debate no debería plantearse como una elección entre solidaridad y control fronterizo. España tiene obligaciones internacionales, debe auxiliar a quienes se encuentran en peligro y garantizar un trato digno a quienes llegan a su territorio, pero eso no significa renunciar al control de las fronteras.

Una cosa es la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades económicas y laborales del país, y otra muy distinta que miles de personas puedan acceder irregularmente a territorio español mientras las administraciones intentan resolver posteriormente cómo identificarlas, atenderlas, distribuirlas o, cuando legalmente corresponda, proceder a su retorno.

Resulta difícil explicar a los ciudadanos que España y Europa incrementen cada vez más los controles sobre quienes llegan legalmente a nuestros aeropuertos mientras una frontera exterior puede verse desbordada en cuestión de horas. Una política migratoria eficaz debería combinar humanidad y firmeza: control fronterizo, cooperación internacional, persecución de las mafias, procedimientos ágiles de asilo, integración de quienes tengan derecho a permanecer y retorno, con todas las garantías legales, de quienes no lo tengan.

Ceuta reabre todas las dudas

Y cuando Canarias todavía intenta recuperarse de los años de mayor presión migratoria de su historia, la crisis de Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa muchas de las mismas preguntas. La entrada masiva registrada a finales de julio desbordó la ciudad autónoma y obligó a adoptar medidas extraordinarias, pero el problema político para el Gobierno no ha estado solamente en la dimensión de la crisis, sino en determinar si podía haberse anticipado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró en el Congreso que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia monitorizaron la situación durante los días anteriores y trasladaron sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Fernando Grande-Marlaska mantiene otra versión. El ministro del Interior insiste en que no recibió ningún informe que permitiera prever una entrada masiva de las dimensiones finalmente registradas. La contradicción resulta difícil de explicar. O existió información suficiente para anticipar lo que podía ocurrir o no existió. Y esa discrepancia dentro del propio Gobierno ha dado munición a la oposición.

¿Quién miente?

PP y Vox han exigido explicaciones sobre las versiones de Robles y Marlaska y sobre el papel desempeñado por Marruecos. El Partido Popular ha centrado buena parte de sus críticas en saber quién dice la verdad dentro del Ejecutivo y considera que, después de la crisis fronteriza que Ceuta ya sufrió en 2021, España debería haber dispuesto de mecanismos suficientes para anticiparse a otro episodio de estas características.

Vox ha endurecido todavía más la crítica y cuestiona que una concentración masiva de personas junto a la frontera pudiera pasar inadvertida para los servicios de información españoles y marroquíes. El partido de Santiago Abascal acusa al Gobierno de haber perdido el control de la frontera y reclama medidas mucho más contundentes para evitar nuevas entradas.

Las críticas de la oposición confluyen en una misma pregunta: después de las sucesivas crisis de Canarias y de lo ocurrido ya en Ceuta en 2021, ¿cómo puede España volver a encontrarse ante una situación de estas dimensiones sin haber conseguido anticiparse?

La Audiencia Nacional entra en escena

La polémica ha dado además este sábado un nuevo salto. El Partido Popular ha anunciado que se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Alberto Núñez Feijóo anunció la decisión este sábado durante la apertura del curso político de su partido en Pontevedra y aseguró que los responsables de lo que el PP considera el “abandono” de Ceuta tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia. La existencia de una investigación judicial añade así una nueva dimensión a una crisis que hasta ahora había provocado fundamentalmente un enorme enfrentamiento político.

Será la Justicia la que determine si existen responsabilidades de otra naturaleza. Pero políticamente las preguntas siguen abiertas: qué sabía el Gobierno, cuándo lo supo, qué información manejaba el CNI, qué papel desempeñó Marruecos y por qué no pudieron adoptarse medidas suficientes para evitar el desbordamiento de la frontera.

Un problema sin resolver

Pedro Sánchez no creó la inmigración irregular ni puede controlar las guerras, la pobreza, el terrorismo o la inestabilidad del continente africano. Tampoco puede ignorarse que las llegadas a Canarias descendieron un 62% en 2025. Pero después de siete años de presión migratoria extraordinaria, tampoco parece razonable explicar todo lo ocurrido exclusivamente por factores externos.

Los datos de Canarias son contundentes. Más de 168.500 personas llegaron por mar entre 2019 y 2025. Aproximadamente seis de cada diez migrantes que han alcanzado irregularmente las costas canarias desde aquella primera patera que llegó a Fuerteventura en 1994 lo hicieron durante esos siete años. La cuestión no es si España debe ser solidaria. Debe serlo. Tampoco si debe respetar los derechos humanos y sus obligaciones internacionales. Debe hacerlo.

La cuestión es si un Estado moderno debe ser capaz de controlar sus fronteras, anticipar las grandes crisis, perseguir a quienes trafican con seres humanos y decidir, conforme a la ley, quién tiene derecho a permanecer en su territorio. La respuesta solo puede ser afirmativa.

Quizá ahí se encuentre la principal explicación del fracaso de la política migratoria de Pedro Sánchez. El Gobierno ha demostrado que las llegadas pueden reducirse cuando funciona la cooperación internacional, pero ocho años después de alcanzar La Moncloa España continúa dando demasiadas veces la impresión de reaccionar ante las crisis una vez que han estallado, en lugar de anticiparse a ellas.

Canarias lleva años comprobándolo. Ceuta acaba de recordarlo y ahora la Audiencia Nacional también investigará qué ocurrió.