Domingo, 14 Diciembre 2025
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Canarias 7 publica un reportaje sobre cómo la investigación del juez sobre presuntas irregularidades en la instrucción del caso ha derivado en un cruce de denuncias contra él


Lancelot Digital

 

Canarias 7 ha publicado un reportaje sobre Rafael Lis, el juez que investiga las presuntas irregularidades del caso Unión y que, por ello, se ha convertido al parecer en un engorro para algunos estamentos judiciales. Las investigaciones abiertas por Lis, apunta este diario, podrían dinamitar toda la instrucción de la causa, y de ahí que en algunas instancias se le considere incómodo.

 

Concretamente, son dos las denuncias que han recaído en su juzgado. De un lado, la interpeusta por el juez César Romero Pamparacuatro sobre el presunto robo de autos y, de otro, la querella de uno de los investigados contra el secretario judicial y dos agentes de la UCO. En ambas, recuerda Canarias 7, se relatan las presuntas irregularidades que ya plasmó en un informe demoledor la juez Lucía Barrancos.

 

Fue en febrero de 2014 cuando al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, del que es titular Rafael Lis, llega la denuncia de Pamparacuatro por la supuesta falsificación y desaparición de un centenar de autos. Sin embargo, Pamparacuatro recusó a Lis, alegando que estaba contaminado porque su mujer había sido letrada de la defensa de Bodegas Stratvs. Lis rechazó entonces la recusación, pero la Audiencia Proovincial ordenó en enero de 2015 que fuera apartado siendo sustituido por la juez del juzgado de Instrucción número 1. Resalta Canarias 7 que, curiosamente, meses después, Pamparacuatro presentó un escrito desdiciéndose de su denuncia por robo y falsificación de sus propios autos, afirmando que todo estaba correcto. Asumió entonces la autoría de lo que había sido supuestamente robado.

 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife archivó libremente la denuncia, lo que según este diario tiene un inconveniente, ya que las partes personadas podrían querellarse contra Pamparacuatro por denuncia falsa. De ahí, que el magistrado haya pedido que se cambie el archivo libre por provisional, para impedir que se querellen contra él.

 

Cruce de denuncias del secretario judicial

 

En cuanto a la querella de uno de los investigados contra el secretario judicial y dos agentes de la UCO, Rafael Lis entendía que no guardaba relación con el robo de autor denunciado por Pamparacuatro y la envió al Decanato, volviendo a su juzgado por reparto. Optó Lis por admitirla y ordenar la práctica de una serie de diligencias de investigación. Sin embargo, entonces, el secretario, José Ramón Vera Machín, se querelló contra él acusándole de prevaricación al no enviar a reparto las actuaciones y que debía de haberse desentendido por estar recursado para tramitar la denuncia del juez Pamparacuatro sobre el presunto robo de autor. También le acusa Vera Machín de retardo malicioso y falsedad, querella que acaba de admitirse a trámite por el TSJC.

 

Tal y como recuerda Canarias 7, la denuncia contra el secretario arranca con las dudas que la juez Silvia Muñoz (sustituta de Pamparacuatro en el caso Unión) siembra sobre el fedatario público, que se hacen más patentes cuando el propio instructor inicial, Pamparacuatro, denuncia en febrero de 2014 que unas 100 resoluciones, cuyas copias sí figuran en la causa, pero sin su firma, han sido sustraídas o extraviadas, ya que él las elaboró, imprimió y firmó cuando las dictó La desconfianza se amplía, cuando el propio Vera Machín, en un escrito que dirige a la juez Muñoz, para explicar por qué las cien resoluciones sí tienen su firma y no la del juez, señala que todo se debió a un "nimio error". ya que él firmó copias, porque los originales habían sido sustraídos.

 

Con estos antecedentes, Lis admitió la denuncia contra Vera Machín, apoyándose en informes periciales que verifican el presunto continuo falseamiento de fechas, firmas y cuños). Más de 50 autos, providencias y atestados que, presumiblemente, no estaban en la causa y se incorporaron años después, según apunta Canarias 7.

 

No es la primera vez que el secretario judicial denuncia a Rafael Lis. Y es que, según este diario, el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ya archivó en septiembre de 2015 unas diligencias informativas contra Lis a denuncia del propio Vera Machín, en las que acusaba al magistrado de retardo malicioso en la tramitación de la denuncia contra el propio Machín por la complejidad de las actuaciones. El CGPJ admitió un informe de la defensa de Lis, en el que se exponía que según la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juez recusado tiene que continuar las actuaciones hasta que la causa pase al sustituto, hecho que no ocurrió hasta el 27 de diciembre de 2014.

 


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