Rebelión en La Santa

La Guardia Civil y la Policía Nacional se personan en el albergue para 'obligar' a los menores inmigrantes a permanecer confinados 

Pese a que han sido informados de la situación de confinamiento en la que se encuentra Lanzarote, al igual que el resto de España, tras la declaración de alarma decretada por el Gobierno de España por la crisis sanitaria del Covid-19, este martes efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional han tenido que acudir al albergue de La Santa, utilizado provisiones como centro de menores inmigrantes del Cabido, para 'obligar' a los 60 jóvenes a permanecer en sus instalaciones por la alarma del coronavirus. Algunos de los menores querían abandonar el centro en pleno periodo de cuarentena.

No es la primera vez que estos menores protagonizan algún que otro altercado más o menos violento para intentar abandonar el albergue, si bien en esta ocasión la prohibición es sanitaria y obliga a todos los residentes en suelo español.

Desde el Cabildo se reconoce que el albergue se comienza de nuevo a masificar, primero por la eliminación temporal de una de sus salas que sufrió un aparatoso incendio a principio de año y por la llegada de más inmigrantes, aunque ya también han salido algunos. Al lugar también se trasladó la Policía Local de Tinajo y una ambulancia del SUC.

Cabe recordar que la Fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, reclamaba públicamente hace poco tiempo más medios para atender a los menores inmigrantes que llegan en pateras o cayucos a las islas, así como una revisión profunda del procedimiento para determinar su edad.

García rechazaba que se señale a la Fiscalía como la responsable de las demoras en la resolución de los expedientes, por ser el órgano competente para determinar la edad del menor, cuando el problema obedece a una falta de medios y de personal "brutal", y lamenta que se "tomen a mal" sus decisiones, cuando solo cumple con el procedimiento.

En 2011 y 2012, los menores cuando llegaban en patera, inmediatamente se les llevaba al hospital y los médicos forenses tardaban entre dos o tres días en verlos, explicaba García.

"No puede ser" que se retrase tanto el procedimiento, el Gobierno canario carece de plazas para acoger a los menores y las estancias en ellos se alargan, aunque este no es el único problema, pues a veces se fugan o comenten delitos y no se sabe a que órgano judicial le compete atenderlos, recalcaba.

La fiscal proponía que el Ministerio Fiscal no sea el competente en este tipo de procedimientos, sino un órgano administrativo en materia de extranjería y que se cumpla con el derecho de audiencia como recoge la Convención de los Derechos del Niño, cosa que ahora no ocurre.

Así mismo, demandaba que la decisión de la Fiscalía pueda ser objeto de recurso y que los menores estén asistidos por abogados especializados en su atención y en extranjería, así como que se introduzcan entrevistas por educadores como un criterio más para evaluar la edad.

La Ley de Extranjería y su reglamento son "muy escuetos" en esta materia y el protocolo de menores no acompañados de 2014, que ha sido criticado por las ONG, tampoco ha resuelto el problema, entre otras cuestiones, por las impresiciones que contiene sobre la documentación, por lo que ha abundado en la necesidad de una revisión a fondo del procedimiento.

Unas exigencias que ahora han quedado en suspenso tras el 'parón' que se ha producido en toda la administración por la crisis sanitaria del Covid-19 coronavirus.

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