Se estima que unas 5.000 personas han presentado la solicitud para regularizarse en Lanzarote

El plazo de solicitudes ya ha finalizado, pero las cifras definitivas podrían variar tras el recuento oficial

Se han conocido de forma no oficial los datos aproximados de los inmigrantes que se han acogido al proceso de regularización que aprobó el Gobierno de España. En esa estimación se calcula que en el caso de Canarias unas 50.000 personas han presentado la solicitud. “En Canarias, las cifras que teníamos inicialmente era aproximadamente entre cuarenta mil y sesenta mil personas que se podían beneficiar, pero hasta que no tengamos los datos oficiales, no tendremos esa información”, explica Louelia Mint el Mamy, abogada experta en extranjería.

En el caso de Lanzarote también los datos no se pueden saber con exactitud ya que han existido diferentes vías para llevar a cabo este proceso, aunque se estima que la cifra puede rondar las 5.000 personas.

Liliana Bohórquez, presidenta de la Asociación Acciones Unidas, explica que “desde Acciones Unidas hemos atendido con asesoramientos, trámites presentados, seguimientos, etcétera, a más de 2.500 personas desde el mes de febrero, en que iniciamos este proceso, hasta el día de ayer”.

Por su parte, Louelia Mint el Mamy, señala que “Y con las entidades con las que yo colaboro, hablamos de más de mil personas. Pero esto puede también variar porque lógicamente hay muchas personas que no acudan a las entidades, que lo han hecho con profesionales del ejercicio de la abogacía o bien con gestores”.

Se recalca que estos datos puedan variar después de cerrarse en la jornada de ayer el periodo de entrega de solicitudes.

Aunque tanto Liliana Bohórquez, presidenta de la Asociación Acciones Unidas como Louelia Mint el Mamy, abogada experta en extranjería realizan una valoración muy positiva de este paso que se ha dado por regularizar la situación de miles de migrantes.

"Desde Acciones Unidas hacemos una valoración muy positiva de este proceso extraordinario de regularización, porque entendemos que, en términos generales, el objetivo se ha cumplido”, señala la primera.

La abogada por su parte apunta que “para quienes creemos que las personas deben poder contribuir y trabajar, esta regularización supone un avance para la sociedad. Los datos lo avalan. Tener a las personas regularizadas, registradas y saber dónde están, quiénes son y a qué se dedican supone una mejora también desde el punto de vista del control migratorio. Además, quienes ya venían cumpliendo con sus obligaciones antes del 1 de enero de 2026 pasan a tener reconocidos sus derechos, y eso es un triunfo”.