1.300.000 inmigrantes han entregado la solicitud para regularizarse en España

La oposición cuestiona el impacto que la medida puede tener sobre los servicios públicos y el efecto llamada que podría generar

La regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de abril puso fin este martes tras más de tres meses de proceso. A30 de junio, más de 1.300.000 inmigrantes han entregado su solicitud para adherirse a una medida que, en principio, Moncloa databa en que iba a beneficiar a alrededor de 500.000, en una estimación que se ha casi triplicado, en lo que algunos analistas han enmarcado dentro del efecto llamada, generándose un debate social y político en nuestro país.

Mientras el Gobierno defiende que la regularización permitirá aflorar empleo, aumentar las cotizaciones y reducir la economía sumergida, la oposición cuestiona el impacto que la medida puede tener sobre los servicios públicos y el efecto llamada que, a su juicio, podría generar.

El incremento en las últimas semanas de la previsión inicial del Gobierno se encaja en un momento en el que, desde el Ministerio dirigido por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, la orden es la de que los extranjeros registren su solicitud aunque les falte algún documento. Uno de esos documentos obligatorios que no están presentando los extranjeros es el certificado de antecedentes penales según informan medios nacionales y la Policía Nacional ha alzado la voz ya que ellos no son un accesorio en materia de extranjería y su cometido es otro que es principalmente velar por la seguridad de los españoles.

Por otro lado, existen dudas por parte del Tribunal Supremo de que este decreto sea conforme al derecho de la Unión Europea y, por este motivo, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo «improrrogable» de cinco días a las partes personadas en este procedimiento para que informen sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.