Se suspende por mal tiempo la declaración de Astrid Pérez como testigo contra Espino
Al socialista se le acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos, fraude y cohecho, durante su gestión al frente de lo Centros Turísticos
- Lancelot Digital
Finalmente la declaración de Astrid Pérez como denunciante del caso Espino en los Centro Turísticos, ha quedado suspendida por la ausencia de varios abogados procedentes de Gran Canaria que no pudieron aterrizar en Guacimeta debido al mal tiempo. La declaración de Astrid Pérez ha quedado pospuesta pero sin fecha. Se da la paradoja que era la primera vez que la denunciante iba a acudir a declarar en los juzgados en esta causa que se abrió en 2010. Es decir, que en 8 años de instrucción no se había ido la principal testigo a declarar.
En esta causa se le acusa al socialista de haber, supuestamente, cometido los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y cohecho, durante su gestión al frente de lo Centros Turísticos por, entre otras cosas, la compra de la famosa cocina por un supuesto sobre precio a un militante del PSOE, además de otras presuntas irregularidades administrativas muy graves o supuestos delitos penales por cerca de 2 millones de euros, de los que han sido supuestas beneficiarias empresas o personas pertenecientes, vinculadas o muy cercanas a la actual dirección del PSOE lanzaroteño.
La decisión de presentar esta querella había surgido de los "numerosos indicios" encontrados por los nuevos administradores de los Centros, sobre la "segura comisión de irregularidades administrativas, y también de posibles delitos", según señaló en su momento la que fuera consejera delegada, Astrid Pérez.
En la querella se detallan cuatro grandes bloques diferenciados. Uno de ellos es en relación a la ya "famosa" cocina de los Jameos del Agua, a lo que hay que sumar otras muchas contrataciones similares a tres empresas, todos del mismo dueño –un importante miembro del PSOE-, por un montante superior a 1 millón de euros.
El segundo hecho denunciado es en relación a la creación de una página web que en realidad ya existía, por un valor muy "inflado", hasta alcanzar los 50.000 euros. El tercer bloque es en relación a contrataciones de supuestas labores de asesoría, publicidad y marketing a un periodista y una agencia vinculada a él, y que no constan que se hayan hecho, aunque entre ambos han facturado casi 100.000 euros. Y un último, en relación a la compra de productos alimenticios a una empresa cuyo dueño es hermano de la por entonces presidenta del Cabildo, por un total de 249.000 euros. Todo esto, en tan sólo dos años, con contrataciones “a dedo”, “sin concurso público” y “sin seguir los procedimientos” establecidos, y en algunos casos, desoyendo las instrucciones e informes de los técnicos, según se afirma en la denuncia.
La querella, de 30 folios, señala al inicio que Carlos Espino, al asumir como consejero de los Centros Turísticos, “cesa a los cargos profesionales del organismo público”, para “realizar diversas acciones irregulares, saltándose todos los procedimientos legalmente establecidos”, siendo el mencionado consejero no sólo quien dirigió esta empresa pública, “sino que además, se encargó de todas las gestiones empresariales y contractuales”.
