Turismo responde a ASCAV: la CNMC no cuestiona la nueva ley de viviendas vacacionales

La Consejería defiende que la normativa está amparada por la legislación estatal y mantiene el plazo hasta julio de 2027

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha salido al paso de la interpretación realizada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) sobre el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Turismo sostiene que el informe no cuestiona ni va en contra de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada el pasado mes de diciembre.

La aclaración llega después de que ASCAV asegurara que la CNMC cuestiona que los propietarios de viviendas vacacionales tengan que presentar una comunicación previa de actividad clasificada ante los ayuntamientos, además de la declaración responsable de inicio de actividad.

Frente a esta interpretación, la Consejería defiende que el régimen establecido por la nueva normativa canaria está amparado por la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), también en lo relacionado con la declaración responsable y los plazos fijados para ejercer la actividad.

El Gobierno de Canarias recuerda además que las viviendas vacacionales que ya desarrollaban su actividad y se encuentren dentro de los supuestos establecidos por la normativa disponen hasta el 31 de julio de 2027 para presentar la comunicación previa de actividad clasificada cuando corresponda.

Precisamente este requisito se encuentra en el centro de la discrepancia. ASCAV sostiene que la exigencia de ambos trámites supone una doble carga para los propietarios y considera que el informe de Competencia respalda sus argumentos.

Turismo, por el contrario, insiste en que las conclusiones de la CNMC no cuestionan la nueva Ley del Uso Turístico de Viviendas ni los mecanismos contemplados en ella.

La Consejería asegura que continuará ofreciendo información sobre la aplicación de la normativa y los procedimientos y plazos que deben seguir los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias.