Varapalo histórico: ASCAV exige la devolución de 22 millones de euros a los propietarios

Miles de pequeños propietarios reclaman recuperar su dinero tras un proceso burocrático que la justicia ya ha calificado de ilegal

Giro radical en el sector del alquiler vacacional. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el Real Decreto estatal que obligaba a los propietarios a obtener un número de registro único. “Se ha anulado un real decreto a nivel nacional que era flagrantemente ilegal porque invadía competencias exclusivas de la comunidad autónoma y además porque imponía un doble registro a los propietarios de viviendas vacacionales de Canarias y de España en general, un doble registro expresamente prohibido por la normativa europea”, explica Javier Valentín, asesor Jurídico de ASCAV.

El Alto Tribunal dictamina que el Estado no tiene competencias en esta materia y que el sistema vulneraba la normativa europea. “Desde la asociación estamos recomendando a los asociados que soliciten la devolución de esos importes que han pagado en el registro de la propiedad. Y, además, en el día de hoy, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha presentado en el Colegio de Registradores de España y también en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que es el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, del cual dependen los registradores de la propiedad, para que realicen todas aquellas acciones que sean necesarias para devolver a los afectados esa cuantía económica”, añade Valentín.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAV, calcula que el varapalo judicial afecta a unas 400.000 licencias en toda España. La cuantía total para reintegrar por las tasas cobradas de forma indebida ronda los 22 millones de euros. Pero el frente económico no acaba aquí. “Se abre aquí un escenario interesante que es de eventual reclamación patrimonial al Estado por haber excluido indebidamente a esos propietarios que han perdido, o que han tenido un lucro cesante, por no haber podido alquilar su propiedad, precisamente por haberse excluido indebidamente de esos registros”.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Justicia y de los registradores de la propiedad. Miles de pequeños propietarios canarios y del resto del país exigen recuperar su dinero tras un proceso burocrático que la justicia ya ha calificado de ilegal.