Siete regularizaciones después, el problema sigue ahí

Finalizaba el 30 de junio el último proceso de regularización que ha llevado a cabo el Gobierno de España. El séptimo. A falta de conocer los datos oficiales se estima que 1.300.000 personas han presentado la solicitud para regularizarse en todo el país, entre 40.000 y 60.000 en Canarias y unas 5.000 en Lanzarote. La pregunta que surge no es si se debe regularizar o no se debe regularizar. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo mal en este país para que vayamos por el séptimo proceso de regularización, y en todas las ocasiones sea de gente “que ya está en el país, pero no legalmente”. ¿Cómo entran esas personas al país? ¿Qué problema tiene España con sus fronteras?

Sin control no hay política migratoria

Tenemos un elefante en la habitación y, sin duda, es una cuestión a resolver o varias. Por una parte, nuestro buenismo mal entendido: según estima la propia Policía, unos 400.000 inmigrantes se han trasladado a España para presentar su solicitud de regularización desde otros países de Europa.  Por otra, la realidad:  ese millón y pico de personas, una vez regularizadas, lógicamente, cuentan con todos los derechos de cualquier ciudadano español, entre ellos el de reagrupación familiar. Esto supone que ese millón trescientos mil puede hasta triplicarse. Las consecuencias son evidentes presión en los servicios públicos, en la educación, la sanidad y las infraestructuras. Es necesario plantearse la situación porque, de no hacerlo, en poco tiempo estaremos hablando de una octava regularización de gente que ya está en el país porque las fronteras no funcionan. Y por muy solidarios que queramos ser, la realidad es tozuda: un médico no atiende igual a cien pacientes que a 400. La ayuda es necesaria, la lógica también.